"No sé por qué no están Horacio González y Ricardo Forster. El triunfo también es de ellos", lanzó, irónico, alguien muy cercano al jefe de gobierno en la noche de la categórica reelección. En medio de la euforia de globos amarillos todo era danza victoriosa en Costa Salguero, en tanto atronaba sin asco Fito Páez. Parafraseando a Mauricio Macri, que dijo que los votos conseguidos no son de nadie, los hits musicales tampoco tienen dueño ni, mucho menos, ideología.
Contrastó con ese fervor bullanguero la repentina parquedad de los intelectuales de Carta Abierta, que tanto se expusieron a favor de Daniel Filmus hasta el domingo de la segunda vuelta y en su microscópica autocrítica de cinco minutos que archivaron en cuanto se los reprendió. Casi ni se los vio ni se los leyó en estos días. Apenas el viernes, en la Biblioteca Nacional, cuando Sandra Russo presentó su panegírico libro sobre la Presidenta, junto al relator oficial Víctor Hugo Morales, el dueño de casa, Horacio González, habló entre otras cosas de "las estructuras de injuria que se leen todos los días en los diarios".
No tiene nada de malo ni de particular que un conglomerado de intelectuales hayan armado un grupo de reflexión y debate a partir de sus afinidades y simpatías con el kirchnerismo.
Lo inquietante es que mutaran desde el conflicto con el campo, en 2008, hasta ahora mismo, en toscos propagandistas. Prestan flaco favor como anestesistas no matriculados de los dolores oficiales que insensibilizan y así no hay quien quiera, en lo alto del poder, enmendar las consecuencias de elecciones clave perdidas; irregularidades como los sueños compartidos de Schoklender y Hebe; investigaciones aviesas, interesadas y frustradas sobre la identidad de Marcela y Felipe Herrera Noble; tragedias como las de Mariano Ferreyra, Jujuy y los qom de Formosa, y episodios insólitos como la pelea en el Inadi y el caso Zaffaroni.
El auténtico intelectual es, por naturaleza, inconformista, y cuestiona todo poder constituido. Es revulsivo e insolente, pero no en el sentido superficialmente mediático y escandaloso de la palabra, sino en su serena profundidad metodológica, asistido por sus saberes, los instrumentos académicos y el honesto intercambio de pareceres con sus pares. Es tan independiente y meticuloso que puede desarmar su propio pensamiento para someterlo a los rigores de la discusión teórica sin especular sobre si los resultados lo favorecerán o no. Y hasta es capaz de tirar fuerte de la punta del mantel de la mesa del que sea sin pedir permiso, para saber qué cosas se mantienen en pie y cuáles otras caen y se hacen añicos, sólo por intentar explicar desapasionadamente por qué sucede una cosa y otra.
El propagandista es la antítesis del intelectual. Este advierte un problema en todos sus matices y complejidades con actitud inquisidora, pero al mismo tiempo con ánimo ascético y prescindente. Aquél, en cambio, esconde rápidamente debajo de la alfombra todo lo que no le conviene ver y exalta distorsionándolas hasta el paroxismo las propias virtudes, virtudes que, al no ser confrontadas con sus propias zonas sombrías, pierden musculatura moral y fortaleza teórica hasta vaciarse de contenido y volverse caricaturas de sí mismas. Si el intelectual es un faro que con su luz, rastrilla sin trampas la oscuridad a su alrededor, el propagandista apenas es una linterna que sólo apunta aviesamente hacia dónde le conviene.
Los sofistas, con sus unilaterales silogismos dirigidos como lanzas contra sus virtuales enemigos, no sólo logran engañar a sus mandantes con reflexivos halagos, sino que terminan autoengañados. La pérdida del genuino ejercicio de someter al análisis erudito, sin concesiones hacia un lado y hacia otro, comenzando por la revisión de los propios puntos flacos y errores, convierte a la discusión en un dispositivo ligero y malintencionado, en un entretenimiento perverso que sólo se aplica para neutralizar al contrario, con cero crítica hacia adentro.
Copia vil de un genuino corpus filosófico, el que ofrecen es endeble y se reduce a meras consignas sin respaldo, pero que, machacadas por militantes virtuales y funcionarios bocones, logran un consenso chiquito que circula encapsulado dentro de la propia tropa, en tanto producen desconfianza, hilaridad o directamente profundo rechazo en los que pertenecen a otras filas.
La primera palabra mágica, que fue como una verdad revelada que los sacó de las tinieblas, fue "destituyentes"; luego aparecieron "medios hegemónicos" y "corporación mediática". La Presidenta sumó su propio hallazgo: "el relato".
Lo que podía ser, al principio, una bienvenida brisa fresca para cuestionar un muy perfectible orden establecido (qué y cómo cuentan las cosas los grandes medios, qué destacan, qué asordinan, qué intereses defienden, etcétera), por cierto, muy pronto derivó en un cuestionamiento general de todo el funcionamiento de la prensa. Ese es el móvil real: inocular racismo hacia los periodistas y su oficio. De no haber sido articulado por los que más estudiaron, esa fobia habría sido catalogada de autoritaria o patológica. Los intelectuales K, en cambio, se dieron a la tarea de bordar dócilmente una red de "pensamiento profesional" para decodificar y, por sobre todo, desconstruir (perdón, Derrida) el discurso "opositor" de los medios mientras guardan silencio o justifican los excesos, hostigamientos y persecuciones que puedan darse. Utilizan sin culpas una vara dual que, al tiempo que fustiga a la "corporación mediática", acaricia al bando oficial.
La Universidad de La Plata, al distinguir a Hugo Chávez y a Hebe de Bonafini, consagra ese trastocamiento del sentido, naturalizándolo, lo que lleva de inmediato a razonamientos absurdos como los que se repitieron al día siguiente del segundo triunfo en tres semanas de Macri, que fue atribuido a que estaba "blindado" por los medios. En ese caso, si, como parece, en octubre la Presidenta consigue su reelección, ¿cuál será la explicación si los medios "hegemónicos" son tan opositores e influyentes como afirman?
Los dos más célebres referentes de Carta Abierta, que eran echados de menos irónicamente en medio de la fiesta de Pro en la madrugada del lunes por sus involuntarios servicios prestados a la causa macrista, González y Forster, pergeñaron una figura más digna de los cráneos apurados de una redacción periodística que de los forjados por el pensamiento científico de la universidad: la "máquina de capturar palabras". En realidad, el rótulo esconde una vieja y reaccionaria idea: "maten al mensajero" (el problema no son los hechos incómodos o las incorrecciones que puedan producirse, sino que los periodistas se empeñen en contarlos).
El director de la Biblioteca Nacional, cuya mayor hazaña este año fue propiciar que Mario Vargas Llosa no fuese orador en la inauguración de la Feria del Libro, describe a estas maquinarias de captura como "grandes antenas semiológicas que operan tanto en el mundo de los laboratorios científicos, quizás en los cotejos de ADN [obvia alusión irónica al caso Noble] como en algo que se le parece, que es el aprisionamiento de palabras para hacerlas pasar por probetas de infamación o descrédito".
En tanto la ensayista María Pía López asegura, en disparatada contradicción, que "el kirchnerismo siempre constituyó hegemonías parciales" porque el "sistema de medios opositores [es] muy articulado y muy preciso", Forster subraya: "Funciona a todo vapor, entre nosotros, una máquina mediática de captura de palabras" que apunta a "nuevas formas de sentido común".
Con la "máquina del tiempo", la literatura y el cine nos hicieron soñar con viajes a épocas lejanas del pasado y del futuro. Desde que Emilio Perina escribió La máquina de impedir , esa expresión es moneda corriente en los análisis políticos. La "máquina de hacer pájaros" nos remite a una de las bandas más creativas de Charly García y, en cambio, la "máquina de Dios" es el nombre coloquial con el que mencionamos al acelerador de partículas de Ginebra. Sin pretender ser exhaustiva, esta lista, sin embargo, no podría, por razones obvias, cerrar sin mencionar aquella otra de la que solía hablar Tato Bores: la "máquina de cortar boludos".
Pablo Sirvén
martes, 9 de agosto de 2011
domingo, 7 de agosto de 2011
Fuerza y Estado
Tucumán ayer, como en Jujuy. El déficit habitacional y la desobediencia civil muestran la incapacidad del Estado tanto para solucionar como para proteger.
El 2002 aún hace sentir los ecos de su presencia. Siempre está latente el desborde caótico ante la política de autolimitación del Estado nacional a utilizar las fuerzas de seguridad para desalojar ocupaciones del espacio público. Ahora extendiéndose al privado.
En algún punto el problema precisará un cambio de política porque el más antiguo y primitivo contrato social, el que fundó la sociedad, se construyó alrededor de lo opuesto: la autolimitación de las personas al uso individual de la fuerza y la entrega al Estado del monopolio de su uso.
La mayoría de los filósofos del Estado son contractualistas: parten de la idea de que el Estado nace para acabar la guerra de todos contra todos y asegurar el orden. Thomas Hobbes fue quien más anudó el uso exclusivo de la fuerza a la génesis del Estado.
En su clásico libro Leviatán, escribió: “En lo que se refiere a la fuerza corporal, el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte, ya mediante maquinaciones secretas, o agrupado con otros que se ven en el mismo peligro que él”. El Estado nace para “salir de esa situación salvaje que rebaja la vida a un peregrinaje brutal y corto”. Porque “por un lado, está el pathos bajo la forma del miedo, por el otro, el logos bajo la forma de un cálculo de beneficios; y esta dualidad obliga a los hombres a renunciar a su fuerza privada y poderes individuales para que algún otro se vea investido de un poder común que monopolice la fuerza de todos. A la guerra de cada hombre contra cada hombre se opone el pacto de cada hombre con cada hombre; de aquí brota el ‘contrato social’ que se enuncia en primera persona (‘yo autorizo...’) e invoca a todos los demás en la segunda (‘con la condición de que tú también...’)”. “La obligación de los ciudadanos hacia el Estado durará lo que dure su poder para defenderlos. Desvirtuado o agotado éste, hay lugar para la desobediencia civil.”
Jujuy atraviesa un estado de desobediencia civil que amenaza con propagarse a otras provincias, como sucedió ayer en Tucumán. Resolver los problemas de déficit habitacional y el control de la tensión social hasta que se alcance esa meta debería ser una política de Estado que todos los partidos se comprometieran a compartir y a mantener fuera de la discusiones electorales. Es el desafío más serio que enfrenta la política, porque la población argentina se duplicó entre 1960 y 2010 y no así, obviamente, la disponibilidad de espacio.
La inmigración engrandece al país. En el caso de Jujuy, donde la mitad de la población proviene en primera o segunda generación de Bolivia, el Estado precisa hacer un esfuerzo especial para poder sustentar la noble idea de la patria grande.
Las distintas corrientes ideológicas discrepan sobre cuándo “se gobierna demasiado” en materia económica. Pero en cuanto al déficit habitacional, como en salud, educación y seguridad, no debería haber disenso sobre la necesidad de una fuerte intervención del Estado. La anomia estatal en estos campos siempre deviene en caos social. Son los derechos humanos del presente, sin cuyo cumplimiento el Estado pierde su legitimidad esencial.
No reprimir sin alguna acción social que solucione el problema que dio origen a la protesta espiralizará el problema, porque la permisividad sola es demagogia que se consume a sí misma si no se resuelve la demanda.
La sociedad es un producto de nuestras necesidades; el Estado, de nuestras debilidades. Aquí hace falta doble intervención del Estado: construyendo casas y resguardando el espacio, tanto público como privado.
Jorge Fontevecchia
El 2002 aún hace sentir los ecos de su presencia. Siempre está latente el desborde caótico ante la política de autolimitación del Estado nacional a utilizar las fuerzas de seguridad para desalojar ocupaciones del espacio público. Ahora extendiéndose al privado.
En algún punto el problema precisará un cambio de política porque el más antiguo y primitivo contrato social, el que fundó la sociedad, se construyó alrededor de lo opuesto: la autolimitación de las personas al uso individual de la fuerza y la entrega al Estado del monopolio de su uso.
La mayoría de los filósofos del Estado son contractualistas: parten de la idea de que el Estado nace para acabar la guerra de todos contra todos y asegurar el orden. Thomas Hobbes fue quien más anudó el uso exclusivo de la fuerza a la génesis del Estado.
En su clásico libro Leviatán, escribió: “En lo que se refiere a la fuerza corporal, el más débil tiene fuerza suficiente para matar al más fuerte, ya mediante maquinaciones secretas, o agrupado con otros que se ven en el mismo peligro que él”. El Estado nace para “salir de esa situación salvaje que rebaja la vida a un peregrinaje brutal y corto”. Porque “por un lado, está el pathos bajo la forma del miedo, por el otro, el logos bajo la forma de un cálculo de beneficios; y esta dualidad obliga a los hombres a renunciar a su fuerza privada y poderes individuales para que algún otro se vea investido de un poder común que monopolice la fuerza de todos. A la guerra de cada hombre contra cada hombre se opone el pacto de cada hombre con cada hombre; de aquí brota el ‘contrato social’ que se enuncia en primera persona (‘yo autorizo...’) e invoca a todos los demás en la segunda (‘con la condición de que tú también...’)”. “La obligación de los ciudadanos hacia el Estado durará lo que dure su poder para defenderlos. Desvirtuado o agotado éste, hay lugar para la desobediencia civil.”
Jujuy atraviesa un estado de desobediencia civil que amenaza con propagarse a otras provincias, como sucedió ayer en Tucumán. Resolver los problemas de déficit habitacional y el control de la tensión social hasta que se alcance esa meta debería ser una política de Estado que todos los partidos se comprometieran a compartir y a mantener fuera de la discusiones electorales. Es el desafío más serio que enfrenta la política, porque la población argentina se duplicó entre 1960 y 2010 y no así, obviamente, la disponibilidad de espacio.
La inmigración engrandece al país. En el caso de Jujuy, donde la mitad de la población proviene en primera o segunda generación de Bolivia, el Estado precisa hacer un esfuerzo especial para poder sustentar la noble idea de la patria grande.
Las distintas corrientes ideológicas discrepan sobre cuándo “se gobierna demasiado” en materia económica. Pero en cuanto al déficit habitacional, como en salud, educación y seguridad, no debería haber disenso sobre la necesidad de una fuerte intervención del Estado. La anomia estatal en estos campos siempre deviene en caos social. Son los derechos humanos del presente, sin cuyo cumplimiento el Estado pierde su legitimidad esencial.
No reprimir sin alguna acción social que solucione el problema que dio origen a la protesta espiralizará el problema, porque la permisividad sola es demagogia que se consume a sí misma si no se resuelve la demanda.
La sociedad es un producto de nuestras necesidades; el Estado, de nuestras debilidades. Aquí hace falta doble intervención del Estado: construyendo casas y resguardando el espacio, tanto público como privado.
Jorge Fontevecchia
viernes, 5 de agosto de 2011
Cuando se es juez y parte
Las dos caras de Raúl Zaffaroni, el hombre de los prostíbulos
"La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie.", aseguró alguna vez Montesquieu. Esa frase calza perfectamente para analizar lo que ocurre en estos días con el descubrimiento de media docena de prostíbulos regenteados en departamentos pertenecientes al juez de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Zaffaroni.
A ese respecto, hay que admitir que la defensa que improvisó el magistrado, asegurando que se trata de una cuestión política “en medio de la campaña electoral”, ha sido profundamente desacertada, sobre todo cuando aún él mismo no ha dado las explicaciones que amerita la situación.
Por caso, ¿cuál es su real vínculo con Ricardo Montiveros a quien redujo al papel de mero “apoderado”? ¿No es sugestivo que este último declare el mismo domicilio —legal y fiscal— que Zaffaroni? ¿Nunca le pareció sugestivo que el valor que cobraba por el alquiler de sus inmuebles triplicaba el precio de mercado?
Y si de hacer preguntas se trata, ¿por qué el magistrado jura que ha sido estafado en su buena fe pero no ha hecho aún la denuncia judicial pertinente? Más aún: ¿Por qué se niega a presentar públicamente los contratos de alquiler de los inmuebles cuestionados?
Lejos de aclarar el asunto, Zaffaroni ha salido a través de los medios a desviar la atención y asegurar que "la prostitución no es un delito", un argumento peligrosamente similar al utilizado por el psicólogo Jorge Corsi —oportunamente preso por abuso de menores— en el marco de una entrevista con el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia. En esa ocasión, Corsi advirtió que la “pedofilia” no era un delito tipificado en el Código Penal.
¿Puede un juez de la Corte efectuar semejante aseveración? ¿Hasta dónde piensa llegar el magistrado a la hora de defenderse? ¿Insistirá con la falacia de afirmar que no sabía nada de nada, cuando existen media docena de denuncias que han llegado incluso a la Procuración General de la Nación?
La situación no solo es grave per se, sino porque se da pocos días después de que Cristina Kirchner prohibiera los avisos clasificados referidos a la prostitución, en el marco del combate de la trata de personas.
Para agregar polémica al tema, los medios de prensa oficialistas —empezando por la agencia Télam— han ayudado a encubrir la trama que hoy jaquea a Zaffaroni. Un dato incómodo: la poca prensa oficial que se anima a mencionar el escándalo de marras, lo hace solo para reproducir las palabras del juez y/o fustigar a los periodistas que lo han denunciado; nada más.
Mientras tanto, el magistrado aprovecha toda oportunidad posible para victimizarse, al igual que ha sabido hacer una y otra vez frente a denuncias similares a las que hoy lo aquejan.
Haciendo historia
Una de las cuestiones que ha sabido ocultar Zaffaroni a lo largo de los años, tiene que ver con su propio pasado y con el juramento que él mismo efectuó sobre el estatuto de la última dictadura militar para poder ser juez. Solo habló del tema cuando se puso en juego su nombramiento para integrar la Corte Suprema de la Nación, ya que ese antecedente era incompatible con su nuevo cargo.
Hay que recordar que, para poder integrar la Justicia durante el “Proceso” había que jurar conforme lo exigía el art. 5 de la ley 21.258 —acatamiento a los Objetivos Básicos fijados por la Junta Militar, Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional—, lo cual es incompatible con el ingreso al fuero judicial más importante del país.
A la hora de aclarar ese punto, Zaffaroni recurrió a una defensa poco feliz: “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”.
Lejos de introducir un atenuante, el magistrado expuso un serio agravante. “El perjurio constitucional no es un antecedente plausible. Cuesta comprender que un hombre de derecho pueda jurar ‘por lo que venga’, sea una Constitución democrática o las reglas impuestas por tres dictaduras sucesivas”, aseguró oportunamente Rodolfo Terragno, quien intentó objetar su ingreso a la Corte.
Más allá de la evidente incompatibilidad, hay que destacar que el desempeño de Zaffaroni durante los años de plomo que impuso la dictadura militar no fue lo que podría decirse “elogiable”.
En los casos de desaparición de personas en los que debió intervenir, su desempeño fue pasivo. En 27 de esos casos, por caso, rechazó la acción y remitió las actuaciones a la Cámara del Crimen de la Capital o al Juzgado de Instrucción competente de la Provincia de Buenos Aires para que se investigase la privación ilegítima de la libertad.
Esa pasividad tal vez pueda entenderse en el hecho de que Zaffaroni inició su carrera judicial durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, autotitulada “Revolución Argentina”, que se instauró en el año 1966.
Esos datos son parte de un pasado que el magistrado intentó tapar de toda manera posible a lo largo de los años, al igual que hace hoy con el incipiente descubrimiento del regenteo de prostíbulos en departamentos de su propiedad.
No son solo datos azarosos, sino más bien parte del costado más oscuro de un jurista que, aunque desde la teoría se muestra brillante, no puede explicar las contradicciones más simples —y escandalosas— de su vida privada.
Christian Sanz
"La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie.", aseguró alguna vez Montesquieu. Esa frase calza perfectamente para analizar lo que ocurre en estos días con el descubrimiento de media docena de prostíbulos regenteados en departamentos pertenecientes al juez de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Zaffaroni.
A ese respecto, hay que admitir que la defensa que improvisó el magistrado, asegurando que se trata de una cuestión política “en medio de la campaña electoral”, ha sido profundamente desacertada, sobre todo cuando aún él mismo no ha dado las explicaciones que amerita la situación.
Por caso, ¿cuál es su real vínculo con Ricardo Montiveros a quien redujo al papel de mero “apoderado”? ¿No es sugestivo que este último declare el mismo domicilio —legal y fiscal— que Zaffaroni? ¿Nunca le pareció sugestivo que el valor que cobraba por el alquiler de sus inmuebles triplicaba el precio de mercado?
Y si de hacer preguntas se trata, ¿por qué el magistrado jura que ha sido estafado en su buena fe pero no ha hecho aún la denuncia judicial pertinente? Más aún: ¿Por qué se niega a presentar públicamente los contratos de alquiler de los inmuebles cuestionados?
Lejos de aclarar el asunto, Zaffaroni ha salido a través de los medios a desviar la atención y asegurar que "la prostitución no es un delito", un argumento peligrosamente similar al utilizado por el psicólogo Jorge Corsi —oportunamente preso por abuso de menores— en el marco de una entrevista con el CEO de Perfil, Jorge Fontevecchia. En esa ocasión, Corsi advirtió que la “pedofilia” no era un delito tipificado en el Código Penal.
¿Puede un juez de la Corte efectuar semejante aseveración? ¿Hasta dónde piensa llegar el magistrado a la hora de defenderse? ¿Insistirá con la falacia de afirmar que no sabía nada de nada, cuando existen media docena de denuncias que han llegado incluso a la Procuración General de la Nación?
La situación no solo es grave per se, sino porque se da pocos días después de que Cristina Kirchner prohibiera los avisos clasificados referidos a la prostitución, en el marco del combate de la trata de personas.
Para agregar polémica al tema, los medios de prensa oficialistas —empezando por la agencia Télam— han ayudado a encubrir la trama que hoy jaquea a Zaffaroni. Un dato incómodo: la poca prensa oficial que se anima a mencionar el escándalo de marras, lo hace solo para reproducir las palabras del juez y/o fustigar a los periodistas que lo han denunciado; nada más.
Mientras tanto, el magistrado aprovecha toda oportunidad posible para victimizarse, al igual que ha sabido hacer una y otra vez frente a denuncias similares a las que hoy lo aquejan.
Haciendo historia
Una de las cuestiones que ha sabido ocultar Zaffaroni a lo largo de los años, tiene que ver con su propio pasado y con el juramento que él mismo efectuó sobre el estatuto de la última dictadura militar para poder ser juez. Solo habló del tema cuando se puso en juego su nombramiento para integrar la Corte Suprema de la Nación, ya que ese antecedente era incompatible con su nuevo cargo.
Hay que recordar que, para poder integrar la Justicia durante el “Proceso” había que jurar conforme lo exigía el art. 5 de la ley 21.258 —acatamiento a los Objetivos Básicos fijados por la Junta Militar, Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional—, lo cual es incompatible con el ingreso al fuero judicial más importante del país.
A la hora de aclarar ese punto, Zaffaroni recurrió a una defensa poco feliz: “Juré por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”.
Lejos de introducir un atenuante, el magistrado expuso un serio agravante. “El perjurio constitucional no es un antecedente plausible. Cuesta comprender que un hombre de derecho pueda jurar ‘por lo que venga’, sea una Constitución democrática o las reglas impuestas por tres dictaduras sucesivas”, aseguró oportunamente Rodolfo Terragno, quien intentó objetar su ingreso a la Corte.
Más allá de la evidente incompatibilidad, hay que destacar que el desempeño de Zaffaroni durante los años de plomo que impuso la dictadura militar no fue lo que podría decirse “elogiable”.
En los casos de desaparición de personas en los que debió intervenir, su desempeño fue pasivo. En 27 de esos casos, por caso, rechazó la acción y remitió las actuaciones a la Cámara del Crimen de la Capital o al Juzgado de Instrucción competente de la Provincia de Buenos Aires para que se investigase la privación ilegítima de la libertad.
Esa pasividad tal vez pueda entenderse en el hecho de que Zaffaroni inició su carrera judicial durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, autotitulada “Revolución Argentina”, que se instauró en el año 1966.
Esos datos son parte de un pasado que el magistrado intentó tapar de toda manera posible a lo largo de los años, al igual que hace hoy con el incipiente descubrimiento del regenteo de prostíbulos en departamentos de su propiedad.
No son solo datos azarosos, sino más bien parte del costado más oscuro de un jurista que, aunque desde la teoría se muestra brillante, no puede explicar las contradicciones más simples —y escandalosas— de su vida privada.
Christian Sanz
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