Disecación

Para disecar lo que sucede, hay que acudir a una anatomía del disparate. Tras el abortado 7D, hay rasgos tremendos de un modo de ser que explican el doloroso naufragio que viene de sufrir el grupo gobernante. Van por orden alfabético, como ayudamemoria de las características que pautan el accionar del Gobierno desde mayo de 2003.

Se ha querido imponer una decisión de manera tan imponentemente vertical que suscita asombro. Convencida de que su triunfo electoral de hace 14 meses fue una coronación imperial, la Presidenta se sumergió en una cruzada abroquelada en la idea feroz de la autoridad: ordeno y mando. Característica central de su gestión, el autoritarismo devino religión, base sacrosanta e intocable de una fe irracional. Se entiende el porrazo del 7D por ese mecanismo autoritario inflexible con el cual se maneja el Ejecutivo. Marca indeleble de personas emocionalmente vulnerables, el capricho ha sido durante siglos la forma preferida de ejercer el poder por parte de imperios, monarquías, satrapías y emiratos, flujo vital del modo vertical: desde el poder nada es imposible y todo se puede, hasta los antojos más evidentes.

Cuando Néstor Kirchner comparó las luchas de los productores agropecuarios contra la Resolución 125 con la expresión de “grupos de tareas” y “comandos civiles”, mostró un ángulo proverbial del modo de entender y proceder de él y sus seguidores, un desbocamiento descabellado y visceral. Es el mismo Kirchner que en 2004 pidió “disculpas” por los “silencios” de la democracia en materia de derechos humanos, por lo cual después tuvo que pedirle él disculpas privadas, nunca públicas, a Alfonsín. Desmesura colosal determinante, no son espasmos involuntarios. Cuando el castrense Kunkel habla de “golpe” judicial o el precario Alak define como “alzamiento” una decisión judicial, no son tropiezos emocionales pasajeros. Zambullirse irreflexivamente es una clave del kirchnerismo, a suerte y verdad.

Desprovisto de elemental prudencia institucional, el grupo gobernante toma decisiones trascendentes como producto de su desesperación. El legendario “¿qué te pasa, estás nervioso?” es perfecta proyección de su propio mecanismo cotidiano. Vivir en el filo del precipicio, voluntariamente, genera una excitación carente de esperanzas. Para el grupo que gobierna la Argentina, conducir es existir desesperadamente. Todo empapado de ribetes monumentales, cancelada la sana rutina de la construcción silenciosa, el kirchnerismo se instala en el dramatismo y no sale de él. Todo lo que piensa, organiza y ejecuta va a ritmo desmesurado. No gobierna, refunda; no gestiona, estrena; no coordina, impone. Nada de esto puede hacerse desde una –por ellos detestada– normalidad. Viven y descarrilan al ritmo de acordes marciales, en alteración emocional permanente.

En la cruzada emprendida desde 2003 no hay límites ni marcos a respetar. Asumida la impronta castrense de guerra prolongada, ensañarse vilmente contra los “enemigos” es recurso admitido y exacerbado. Todas y cada una son la madre de todas las batallas, por lo que no hay tregua ni consideraciones. Para que estos criterios se asuman y perpetúen, se precisa adoptar y exhibir fanatismo sin respiro. El kirchnerismo y el cristinismo devinieron actos de fe. A la fe no se la discute ni matiza: se la abraza hasta la inmolación suicida.

Vivir y proceder así supone adoptar la ensoñación crónica de una fantasía existencial. De ahí la inicial y luego malograda apuesta a un Eternauta delirante. Esa vocación por mimetizarse con personajes diseñados desde construcciones irracionales define el entero aparato de la construcción kirchnerista, incluyendo una brutal capacidad de mentir y negar hasta lo más evidente. Mecanismo psíquico conocido y por el cual una persona no consigue evadirse de obsesiones persecutorias, el grupo gobernante padece la fijación de su odio visceral al periodismo desde su prehistoria santacruceña. Eso no cambió en treinta años de ocupar administraciones comunales, provinciales y nacionales. Supera largamente los delirios setentistas, cuando las vanguardias sostenían que el pueblo estaba alienado por culpa del adoctrinamiento burgués e imperialista. La fijación kirchnerista es mucho más de lo mismo, un automatismo que asfixia y del que no puede prescindir.

De la mano de esa fantasía indomable, se gobierna en total desapego de la realidad. Si el ‘68 francés consagró un frívolo “la imaginación al poder”, la metálica propuesta kirchnerista gira sobre una equiparable alucinación. En tal sentido, el inolvidable viernes 6D (nube tóxica porteña y diluvios jamás experimentados antes) expone la miseria social de esa imaginación. Con la vida patas para arriba, el Gobierno aguardaba la muerte del Grupo Clarín. Choco, me levanto y embisto. Tropiezo, fracaso y retorno a lo mismo. Marca registrada de un gobierno conceptualmente confesional que se maneja desde la fe ciega a sus preceptos; la obcecación es su manera de ser. Cree que eso es tenacidad. La obsesión es vivencia dominante y cautivante. El Gobierno no ha podido ni tampoco querido manejarse desde una paleta de amplio registro. El obsesionado reitera conductas excluyentes. Alguien o algo dentro de sí ha elegido una opción esclavizante de la que no puede librarse. La obsesión obsesiona, y el obsesionado sólo vive en función de su obsesión.

Una conducta política clavada en la obsesión sólo respira en un clima de insufrible obstinación. Secuestrada la percepción de la realidad y la adecuación a sus preceptos, el grupo gobernante sólo funciona y halla su razón de ser desde la reiteración obstinada. Esto se complementa con prepotencia y torpeza. Una mala praxis común se transforma en desgracia institucional cuando va acompañada de hiriente altanería. Lubricada con un revanchismo asombroso, la gestión oficial revela gran parte de sus pulsiones por su voracidad patrimonial y política inocultable. Finalmente, todo se hace más grave por la pertinaz ideología de añejo voluntarismo que persiste en los métodos y las decisiones del poder. Si el delirio omnipotente del foquismo sesentista era que “el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”, los actuales tributan a ese desastre que hace medio siglo llevó a la muerte a decenas de millares de jóvenes, sazonada con la locura criminal de la “contraofensiva” montonera, que lanzó al martirologio en 1980 a centenares de militantes convencidos de que estaban alumbrando el futuro. Son 18 estas claves: autoritarismo, capricho, desbocamiento, desesperación, dramatismo, ensañamiento, fanatismo, fantasía, fijación, imaginación, obcecación, obsesión, obstinación, prepotencia, torpeza, revanchismo, voracidad, voluntarismo. Sumadas, dan 7D.

Pepe Eliaschev

Relato engañoso

La prudencia oficial evitó el default. Pero la guerra por el 7D nubla la mirada del Gobierno.

La situación fue dramática. Por suerte, ante tanto dramatismo, la Presidenta por una vez escuchó; finalmente  comprendió lo imprescindible de actuar con prudencia, de dejar de lado los gestos tribuneros y de evitar expresiones más propias de patoteros que de un estadista. Todo ello, agregado a un cambio de 180 grados en las proposiciones hacia los fondos buitre, constituyó los ingredientes fundamentales que permitieron obtener un fallo favorable en la Corte de Apelaciones de Nueva York que dispuso dejar en suspenso hasta el 27 de febrero de 2013 el fallo del juez Thomas Griesa. De no haber ocurrido eso, lo que hubiera sucedido habría puesto al país en una situación de default técnico de consecuencias catastróficas para nuestra economía. La decrepitud moral de los fondos buitre está fuera de toda discusión. Sin embargo, el problema no es la calificación moral de lo que representan sino los fundamentos legales sobre los que asientan sus reclamos. Pues es sobre ellos que fundan sus demandas en las cortes en las que se ventilan este y otros casos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha creído hasta aquí que la mejor manera de pulverizar esas demandas era ignorándolas. Ese fue un grueso error, como también lo fue creer que gritando aquí y allá que nunca les pagarían un solo dólar los obligarían a un destino de resignación, sin darse cuenta de que al decir eso lo que se estaba anunciando, en verdad, era que se desoiría un fallo de un juez.

La Presidenta está mal acostumbrada a que esto sea posible en este presente por el que atraviesa nuestro país. Lo que no advirtió es que Nueva York no pertenece a la Argentina y que allí las cosas son diferentes. El fallo de la Corte de Apelaciones de ese distrito le ha dado tiempo al Gobierno para reiniciar las negociaciones con esos fondos. Por lo tanto, la reapertura del canje habrá de ser un hecho. Eso es lo que debió haberse planteado hace mucho tiempo. Como señaló Roberto Lavagna, todo esto sucedió porque la Presidenta no cumplió con los pasos que se habían establecido en el canje de 2005. Hay ahora una nueva oportunidad para el país que el Gobierno no debe desaprovechar. ¿Habrá aprendido la lección?

Con todo, el episodio de mayor gravedad institucional en la semana fue la presentación formalizada por los camaristas del fuero Civil y Comercial –algunos de los cuales tienen una conocida afinidad con el Gobierno– en la que denunciaron, ante la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial de la Corte Suprema, las presiones a las que vienen siendo sometidos por el Gobierno a través de la larga serie de recusaciones que ha paralizado a esa rama del sistema judicial. Esta denuncia, inédita en los casi treinta años transcurridos desde la recuperación de la democracia, se ve agravada por el documento anexo que la acompaña, en el que se lee un memorándum del ministro de Justicia, Julio Alak, con un instructivo destinado a señalarles a los magistrados cómo deben fallar. Esta es la concreción de uno de los actos de avasallamiento de la independencia de los jueces más escandaloso de los que se tenga memoria. Ello ha dado origen a una situación de denegatoria de Justicia que la Corte ha reconocido, que es consecuencia de la guerra del Gobierno contra Clarín, y que tiene implicancias ominosas que van más allá de este caso. Sin una Justicia independiente no hay República. Este es el contexo en el cual se entra a la semana decisiva que lleva al 7D, a la que el Gobierno ha presentado como una fecha en la que se refundaría la Argentina. En la Corte hay quienes esperan que el juez Horacio Alfonso emita su veredicto esta semana. Otros lo ven dudoso y piensan que eso ocurrirá después de la feria judicial. De todas maneras, los que conocen lo que se dice en los pasillos ubican al juez como cercano al Gobierno y, por lo tanto, descuentan que su fallo será adverso a Clarín. Ese fallo, sea cual fuere su contenido, no será firme y, por ende, dará pie a una apelación que llegará inexorablemente a la Corte. Por lo tanto, el 7D nada debería suceder. Sin embargo, en la Corte hay quienes creen que el Gobierno no respetará esta premisa elemental de cualquier Estado de derecho y actuará de oficio, procediendo a dar comienzo al desguace del Grupo Clarín. De ser así, la Presidenta habrá visto concretado su anhelado sueño de destruir TN, uno de los objetivos clave de la Ley de Medios. Será ése, además, el momento en el que el Gobierno habrá dado un paso más en su cruzada por hacer de la Argentina un país lo más parecido posible a la Venezuela de Chávez.

El último Aló Presidente debería ser motivo de un análisis profundo por parte del numeroso equipo de burócratas que manejan la comunicación presidencial. Algo raro, difícil de definir, le está sucediendo a la Presidenta. Llama la atención la falta de conciencia del real significado de algunas cosas que allí dijo. Básicamente dos, relacionadas con su embate contra los jubilados que reclaman que se les pague ni más ni menos que lo que les corresponde. La primera, cuando Fernández de Kirchner señaló que “es muy fácil hacer justicia social con la plata del Estado”. Pregunta: ¿Y con qué plata, si no la del Estado, hace justicia social la jefa de Estado? En realidad habría que decir que el Gobierno lleva adelante una política de injusticia social cuando, en lugar de destinar la plata de la Anses a pagar las sentencias favorables a los jubilados, desvía esos fondos a propósitos de propaganda política como, por ejemplo, el Fútbol para Todos. La segunda, cuando equiparó esos reclamos justos de los jubilados a los de los fondos buitre. ¿Considerará, pues, que su madre, Ofelia Wilhelm, actuó como un fondo buitre cuando demandó a la Anses por las deudas que el organismo tenía con ella, demanda que tuvo un fallo favorable que, además, se pagó sin demoras?

Uno de los rasgos de la enfermedad de poder es que quien lo padece cree que puede hacer o decir cualquier cosa sin que ello tenga consecuencia alguna. Esa es la idea que subyace en el “relato” en el cual sustenta la Presidenta buena parte de su gestión. Hay que reconocer que hasta aquí la ha acompañado el éxito. Sin embargo, debería tener en cuenta la famosa frase de Abraham Lincoln que dice: “Se puede engañar a todos durante algún tiempo; se puede engañar a algunos todo el tiempo; pero lo que no se puede es engañar a todos todo el tiempo.”

Nelson Castro

Las trampas legales del populismo

A diferencia del constitucionalismo moderno, que fija las bases fundamentales de la organización social, en la variante populista los textos no están hechos para durar, sino para cambiar en función de las necesidades del proyecto de poder.

El constitucionalismo es un producto de la modernidad concebido para fijar límites al poder. Sus instituciones fueron ideadas para perdurar en el tiempo y consolidar un núcleo de derechos y garantías fundamentales. El constitucionalismo populista es un producto posmoderno que implica una regresión al poder sin límites. Propicia constituciones maleables con el objetivo de eternizar un proyecto de poder presente. Nuestra Constitución abreva en la tradición de la razón plural, democrática y republicana. Sus principios y valores nos definen como Nación. El desafío es cumplirla, no reformarla.

El Estado constitucional se nutre en los ideales de libertad , igualdad y fraternidad. El Estado de Derecho, su ahijado, que postula la sumisión del Estado a la ley, ha plasmado principios y garantías inalienables de cara al futuro. Sobre esos fundamentos sólidos de protección de la sociedad civil frente a las tentaciones del poder autoritario, el constitucionalismo moderno pudo avanzar e incorporar a su base dogmática derechos sociales, económicos y culturales ("derechos humanos de segunda generación") y derechos y garantías vinculadas al medio ambiente y a la solidaridad social ("tercera generación"). La interdependencia de todos estos derechos y garantías y sus posibilidades de realización han generado y motivan debates que traducen proyectos políticos que compiten por la alternancia en el poder. En esa alternancia, hay mayorías y minorías circunstanciales que asumen roles de oficialismo y oposición en el marco de un sistema de reglas con controles y equilibrios que hacen previsibles los cambios.

En el siglo XX, Bertrand de Jouvenel sostuvo que las sociedades se resisten a que el porvenir sea absolutamente desconocido, más bien prefieren que sea preconocido. Crean instituciones, conceden poderes al Estado y planifican el futuro para acotar la incertidumbre. Para Jouvenel, todo poder es, de alguna manera, poder sobre el porvenir. Porque el poder es capacidad de acción que afecta a lo que viene y no sólo al más inmediato presente. El Estado constitucional no sólo fija límites al ejercicio del poder presente, también da previsibilidad a los cambios en el ejercicio del poder futuro. Su vigencia acota riesgos, aporta confianza y tiende un puente de certidumbre institucional entre el pasado, el presente y el futuro.

Muchos autoritarios estigmatizan al constitucionalismo moderno por su tradición liberal y su evolución concomitante al desarrollo del sistema capitalista. La Revolución Inglesa de 1688, la independencia norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789 son hitos políticos innegables en la construcción del Estado constitucional; pero los derechos civiles y políticos que se derivaron de aquellas gestas fueron precisamente los que, en el futuro, permitieron modelar cambios e instituciones que tradujeron la acumulación y el crecimiento capitalista en desarrollo económico y social para los pueblos.

Sin derechos humanos de primera generación, es una quimera imaginar la vigencia de derechos humanos de segunda y tercera generación. Los experimentos de ingeniería social que por derecha o por izquierda se propusieron sintetizar la razón con la libertad y la igualdad, en realidad, empezaron aplastando la libertad bajo el pretexto de la razón y acabaron por mostrar que en esa misma razón se reproducía un delirio de poder. Los desvaríos de la razón instrumental y autoritaria siempre estuvieron al acecho de la tradición constitucional y del Estado de Derecho, pero nunca pudieron socavar sus fundamentos y abolir sus ideales. Las sociedades más prósperas y desarrolladas del planeta conviven bajo el Estado de Derecho.

En el siglo XXI, el Estado de Derecho enfrenta nuevos peligros. La simbiosis entre el populismo y los valores posmodernos ha entrampado a muchas sociedades en el corto plazo. La entronización del presente y el "imperio de lo efímero" son refractarios a postulados principistas. Todo deviene, todo cambia. También mutan las bases fundacionales de la organización social. El sello distintivo del "constitucionalismo populista" es que los textos no están hechos para durar, sino para cambiar en función de las necesidades del proyecto de poder. Expresan aspiraciones populares de un momento histórico en largos articulados que resumen la sumatoria de las demandas sociales insatisfechas de los individuos, los grupos y las regiones, pero no explicitan los instrumentos para satisfacerlas. En lo político, buscan alinear el todo con la regla de la mayoría y camuflan la participación democrática en el uso discrecional del mecanismo plebiscitario. Para ello, a los tres poderes clásicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) suman dos nuevos poderes: el poder ciudadano y el poder electoral. Los nuevos poderes y la herramienta de la reelección ilimitada buscan asegurar la continuidad del proyecto de poder presente. Es lo único que no cambia, donde todo deviene.

Los juristas Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, profesores de Derecho de la Universidad de Valencia e inspiradores intelectuales de este constitucionalismo posmoderno, sostienen que las constituciones deben ser documentos cambiantes que se adapten rápida y flexiblemente a las nuevas condiciones políticas. Deben ser fáciles de enmendar y reformar, y su expectativa de vida no se espera que supere los diez años. Estos autores, que desde su think tank europeo, la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, trabajaron activamente en los textos de las nuevas Cartas Magnas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, también enseñan que las nuevas constituciones deben ser documentos sin terminar, siempre sujetos a ser enmendados por la gente, "la verdadera depositaria de la soberanía y el poder". ¿Democracia directa como quería Rousseau? No, más bien "democracia delegativa" como lo planteó el documento pionero de Guillermo O'Donnell.

Hay autores que se refieren a las nuevas constituciones como "aspiracionales" para distinguirlas de las constituciones modernas que tendían a ser "protectoras". Con esa diferenciación tienden a sugerir un proceso evolutivo y superador, cuando en realidad, lo que está en juego son plataformas ideológicas y valorativas diferentes. El constitucionalismo moderno que limita el poder y da previsibilidad a los cambios en su ejercicio también sienta las bases institucionales de largo plazo para alcanzar el desarrollo económico y social y satisfacer las aspiraciones sociales. El constitucionalismo posmoderno, por el contrario, libera restricciones al poder presente con la excusa de satisfacer aspiraciones sociales en el corto plazo. Uno rescata valores e ideales históricos para apuntalar un proyecto futuro; el otro aspira a eternizar el proyecto presente. El moderno habilita liderazgos políticos acotados en el tiempo y, de vez en cuando, promueve estadistas; el posmoderno apuntala liderazgos personalistas y caudillescos.

John Rawls, en su Teoría de la justicia, siguiendo la tradición del Estado constitucional y argumentando en contra de la concepción utilitarista que tiende a identificar justicia con eficiencia, asume tres principios constitutivos básicos para realizar el ideal de justicia social: a partir de una dotación igualitaria de derechos y deberes básicos, la justicia social generacional debe ocuparse en especial de los menos aventajados y la justicia social intergeneracional del "principio de ahorro justo", de lo que esta generación deja para los que vienen. No hay ideal de justicia social realizable cuando las sociedades quedan institucionalmente entrampadas en el corto plazo.

La Constitución Nacional que nos rige es heredera del constitucionalismo moderno. La democracia recuperada repuso su vigencia. La acatamos como ley de leyes, pero la cumplimos a medias. Hay derechos y garantías que plantean aspiraciones siempre postergadas (el trabajo digno del famoso 14 bis, por ejemplo). Hay disposiciones de la reforma del 94 que todavía aguardan implementación, como el siempre postergado pacto fiscal (nueva ley de coparticipación). Pero nuestras frustraciones políticas, sociales y económicas no tienen que ver con las bases de nuestro pacto fundacional, sino con la sistemática transgresión a su letra y espíritu. Las páginas más negras de nuestra historia se escribieron cuando la Constitución Nacional perdió toda vigencia. El desafío no es reformarla para institucionalizar el populismo posmoderno, sino cumplirla para generar la alternativa económica y social que nos permita superar las trabas que inhiben la realización de nuestro potencial.

Daniel Gustavo Montamat