El periodista Luis Gasulla presenta su primer libro "Relaciones Incestuosas. Los grandes medios y las privatizaciones, de Alfonsín a Menem", el jueves 18 de noviembre a las 17 horas en la Biblioteca Nacional, aula 2, sita en Agüero 2502 de la Ciudad de Buenos Aires. A continuación un extracto de la obra:
Los medios y los gobiernos se vinculan en un eje de “amor-odio” que no puede ser reconocido ni por unos ni por otros. Por los medios, porque perderían la credibilidad que reclaman y proclaman. Por los gobiernos, porque se los acusaría de estar al servicio de los formadores de opinión y no del conjunto de la población. Ambos disputan el poder simbólico de la sociedad, poder entendido como la relación circunstancial pero permanente de intentar influir sobre ella. Así, se necesitan mutuamente y, en las democracias liberales actuales, se complementan.
Un ejemplo de estas relaciones incestuosas fue el tratamiento editorial de los dos grandes matutinos —Clarín y La Nación— durante el proceso de privatizaciones de las empresas de servicios públicos durante el primer gobierno de Carlos Saúl Menem. En medio de descaradas privatizaciones, el discurso imperante equiparaba al Estado con el mismísimo demonio. Recordemos que, desde 1989, cuando el justicialista y ex gobernador de La Rioja, Carlos Menem, asumió la presidencia de la Nación argentina, se inició un proceso de liberalización y desregulación de la economía sin precedentes que fue acompañado por el predominio del sector financiero sobre el industrial. Durante la marcha de este proceso se privatizaron las empresas de servicios públicos del Estado mientras que, a su vez, una gran cantidad de medios de comunicación —entre ellos los principales canales de televisión y las radios capitalinas más importantes— también pasaron a manos privadas.
Al mismo tiempo que el capital financiero, mediático y de los grandes grupos económicos se concentraba, una visión negativa del Estado como administrador se apoderaba de la opinión pública, de los medios de comunicación, de políticos y de funcionarios.
El cuento de Doña Rosa
¿Quién influye a quién? ¿La sociedad argentina estaba harta de los servicios públicos manejados por el Estado porque los diarios, Bernardo Neustadt y la empleada pública del humorista Antonio Gasalla escribía y hasta ridiculizaba la impericia estatal? ¿O tal vez la opinión pública se había saturado de esperar años para conseguir una línea telefónica en su casa?
La relación que existe entre la sociedad y los medios de comunicación de masas es innegable: los medios están formados por personas que integran la denominada "opinión pública" y, a su vez, la opinión pública condiciona a los medios en menor o mayor medida, ejerciendo una presión sobre ellos. Como afirma Denis McQuail: “La institución de los medios forma parte de la estructura de la sociedad, y su infraestructura tecnológica de la base económica y de poder, mientras que las imágenes y la información que difunden son, obviamente, un aspecto importante de nuestra cultura”. Sería imperdonable obviar la presión que la opinión pública ejerce sobre los medios de comunicación pero también es cierto —y más en las sociedades actuales, altamente mediatizadas— que, la única opinión pública efectiva es la opinión pública publicada.
Es necesario reconocer el rol que juegan los medios de comunicación masivos en una sociedad que se caracteriza por la mediatización de la experiencia ya que las representaciones iconocinéticas, la televisión en primer lugar, y la radio y los medios de prensa escrita, luego, establecen la agenda mediática y la manera en que el ciudadano debe ubicarse frente a la noticia. Los medios informan pero también forman opinión donde la noticia es una construcción social arbitraria de un hecho y donde la realidad expresada por los medios no es una ventana abierta al mundo sino una construcción donde se persuade —entendido en términos aristotélicos—, donde algunos acontecimientos son noticias —llegan a la luz— y otros no —se ocultan— y, especialmente, le otorgan a la sociedad la agenda de discusión cotidiana que circulará en ella. Los medios transforman las identidades culturales, influyen en las formas de percibir hechos y personas, construyen lazos sociales y políticos, robustecen conflictos y consensos. En ese sentido ¿Cuál era el rol que debía cumplir el Estado según Clarín y La Nación entendiendo a la editorial como la conciencia abierta de un diario al igual que lo hicieron en Decíamos Ayer los periodistas Eduardo Blaustein y Martín Zubieta? Investigar quién habla y desde dónde habla es descubrir qué se busca decir, para qué y por qué.
En absoluto esto significa que los periodistas de ambos diarios no hayan investigado y hasta denunciado los negociados en el proceso de venta de las empresas pública, la corrupción y hasta la aparición de un “diputrucho” en una sesión histórica del Congreso, pero las causas y consecuencias de las privatizaciones jamás fueron abordadas desde un ángulo opuesto al del gobierno menemista. Había que privatizar y cuánto antes, mejor. Eso era incuestionable.
Como señaló Bernardo Neustadt a este periodista, “a Doña Rosa nadie le puso un revolver en la cabeza” para que legitimara la traición de Carlos Menem y convalidara sus mentiras votándolo masivamente en 1995. La sociedad acusó y criticó cuando lo quiso hacer, así como también apoyó y votó a corruptos, genocidas y represores sabiendo de sus pecados, en menor y mayor medida. Muchos medios, a su vez, como parte de la sociedad toda, se enamoraron de algunos gobernantes otorgándoles más espacio a los elogios y menos líneas a las denuncias, priorizando con mayor énfasis algunas medidas y cubriendo algunas críticas. Algunas noticias tuvieron más espacio que otras –no fue lo mismo la cobertura mediática de la Plaza del Sí en apoyo a Carlos Menem que las tantas Plazas del No a su política económica–. El ensayista Miguel Alsina afirma que “la noticia es una representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible”.
La llegada de Carlos Menem al gobierno en 1989 sólo explotó, y con éxito, ese odio hacia el Estado, no lo creó. Sin embargo, la “prensa gráfica comercial”, intervino en la creación de consensos y construyó un discurso que fue funcional al modelo neoliberal instaurado por el gobierno de Carlos Menem y profundizado con la llegada de Domingo Cavallo al ministerio de Economía. El hecho de repetir una y otra vez, hasta el hartazgo, la inutilidad estatal y los beneficios de privatizar las empresas de servicios públicos es lo que el recordado ensayista, periodista y profesor, Aníbal Ford llamaba “mediaciones”, “dispositivos de construcción de hegemonía (…) donde operan interpretaciones que después se institucionalizan en el sentido común”.
Cada vez en que la política y los grandes medios se aliaron produjeron un discurso unificado y un consenso social que minó expresiones alternativas. Sucedió a comienzos de los 90 y se repitió durante los primeros años del kirchnerismo. Los discursos incuestionables como los totalitarismos políticos y discursivos siempre atentaron contra la democracia. He aquí un momento de la historia argentina en la que las aguas sociales (dentro de las que nada el subsistema periodístico) se han dividido y no por obra y gracia de ningún Moisés.
¿Quién creó ese inmenso odio hacia el Estado entonces? Difícil es tener una respuesta exacta ya que no existe. Recordemos que “la acusación no es prueba y que la condena depende de la evidencia y de un proceso legal”, como dijo el célebre periodista Edward Murrow. En Relaciones Incestuosas trabajé sobre la idea de imaginario social, el cual fue invadido por el sentimiento de miles y miles de ciudadanos, en su rol de usuarios, que vieron cómo los servicios esenciales manejados por el Estado, funcionaban cada día un poco peor –el caso de la prestación de la telefonía es ejemplar–. Ahora bien, a la sociedad no le interesaban las razones de ese mal funcionamiento –si había un boicot interno o si existía una política desde el propio de Estado de deshacerse de sus empresas–, y cuando muchos políticos se animaron a hablar de la posibilidad de privatizar comenzaron a ser vistos como actores hollywoodenses, rubios y de ojos celestes. El trabajo de la “doña Rosa” de Neustadt –el periodista televisivo más visto de esa época – es innegable, como él mismo se encargó de señalar en vida y despertó mayor influencia que docenas de editoriales del diario La Nación o alguna tapa de Clarín. Pero Neustadt no obligaba a sus televidentes a que lo vieran todos los martes a la noche y menos que llenaran la Plaza de Mayo para decirle “Sí” a Carlos Menem.
En la obra de Shakespeare Julio César, dice Casio: “La culpa, querido Bruto, no está en nuestro destino, sino en nosotros”. Sin embargo, un nosotros no puede ni debe significar un todo absoluto, dado que hubo dirigentes, sindicalistas –los menos, cabe aclarar–, políticos, periodistas de medios marginales y algún sector minoritario de la opinión pública que supieron aventurar que el neoliberalismo y la política privatista no sería una solución sino un nuevo y, aún más grave, problema. Criticaron y resistieron, pero fueron vencidos ante la indiferencia de las mayorías. En esos años, tanto los periodistas como la opinión pública tuvieron alergia a la información desagradable o perturbadora, y se dedicaron a devorar las bellezas que el presidente Menem les “obsequiaba” en su cajita de cristal. Vivir la fantasía y la apariencia no sólo fue un pecado de muchos políticos sino también de una sociedad que se transformó en “público” y que estaba harta de la burocracia estatal, la hiperinflación y las malas noticias; prefirió a un vivo que a un serio, a un “roban pero hacen” que a un honesto pero lento. El fin volvió a justificar a los medios.
Hoy aquellos temas que en otros tiempos no se discutían, están arriba de la mesa, dispuestos a ser devorados. En el 2008, en una guerra de poder nunca antes vista, un gobierno comenzó a cuestionar el poder de Clarín, ese monstruo, temido como cualquier criatura de estas características y tamaño, aunque creado por sus propios y futuros detractores. Esas relaciones non sanctas de ayer son estas relaciones incestuosas de hoy en que los ciudadanos y los periodistas sin compromisos políticos ni económicos con un grupo empresario determinado, observan “la guerra”, día a día, envueltos en una pelea estéril en donde la mayor perjudicada es la verdad. El periodismo puede ser de izquierdas o de derechas; pero siempre debería mantener es la honestidad consigo mismo que es la única forma de serlo con el lector, con el oyente y con el televidente. El compromiso ideológico no debería ir a contramano con la veracidad.
miércoles, 17 de noviembre de 2010
Cristina es Kirchner
Si todavía alguien guardaba una mínima esperanza sobre la idea de que la muerte de Néstor Kirchner iba a cambiar el clima de la Argentina y el estilo de gobierno, esa módica expectativa se vino abajo con los anuncios de la última cadena nacional. En no más de doce minutos, la Presidenta, por momentos con la voz entrecortada por el recuerdo de su compañero, volvió a demostrar que no tiene la mínima intención de negociar o consensuar nada con la oposición. Y que a los argentinos nos espera más de lo mismo: nuevos anuncios sobre anuncios que ya se hicieron y no se cumplieron; golpes de efecto para sacar de la agenda los asuntos inconvenientes, como las ofertas de dinero a los diputados para aprobar el presupuesto oficial, y uso discrecional de los fondos públicos, como si la plata del Estado fuera de la primera mandataria o de los ministros. La única diferencia entre el ex presidente y Cristina Fernández es que el primero manejaba con mano de hierro las negociaciones sensibles, y las ofertas políticas y económicas se hacían con más cuidado y anticipación. Ahora, las "propuestas indecentes" las formulan varios interlocutores y la superposición de gestiones las hace menos "efectivas" y más escandalosas.
¿Tiene derecho el Gobierno a diagramar un presupuesto y pretender que se lo apruebe sin tocar una coma? Sí, si se entiende el presupuesto como la elección de prioridades del gasto público. Y si la oposición no le facilita el uso de ese instrumento estará incumpliendo su obligación. Así presenta la jefa del Estado el asunto, pero no dice toda la verdad. Porque se trata de un presupuesto mentiroso. Un presupuesto que subestima la verdadera recaudación. Un presupuesto que le permitirá al Ejecutivo contar con más de 100.000 millones de pesos de libre disponibilidad. Es decir, sin pasar por el filtro o el control del Parlamento. Una enorme cantidad de dinero que podría ser utilizado, como sucede desde 2003, para disciplinar intendentes, gobernadores, dirigentes sociales, sindicalistas, medios y periodistas y para financiar, de manera poco transparente la próxima campaña presidencial. Una parte de la oposición pretende usar parte de esos fondos para pagar el 82 por ciento móvil de los jubilados. Otra parte desea, por lo menos, que a semejante excedente se le asigne un destino cierto y determinado. Eso no tiene nada que ver con poner palos en la rueda, colocar en riesgo la gobernabilidad o impedir que la Presidenta gobierne como se lo impone la Constitución Nacional. Es una cuestión de sentido común: el Poder Ejecutivo gobierna y el Congreso controla.
¿Es un delito que los funcionarios del Gobierno traten de convencer a diputados de distintas fuerzas para que aprueben el presupuesto oficial? Primera respuesta rápida: el ámbito natural para hacerlo son las comisiones de trabajo y el recinto. Segunda respuesta urgente: desde la restauración democrática, el ejercicio de seducción de ministros y secretarios se viene haciendo sin que nadie, hasta ahora, haya puesto el grito en el cielo. Recuerdo aquella confesión del fallecido senador radical Adolfo González Gass cuando reconoció, ante el estupor generalizado, que su bloque canjeaba nombramiento de jueces por leyes que necesitaban aprobar. Con el tiempo, el canje se hizo más sofisticado y tangible. La Banelco en tiempos de la Alianza fue la más escandalosa, pero no la única. El "pedí lo que quieras" denunciado por Emilio Rached en el medio de la discusión por las retenciones al campo fue un botón de muestra de la desesperación de Kirchner por ganar la pulseada. Una cosa es el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tratando de convencer al diputado del PJ disidente Marcelo López Arias para que vote a favor del presupuesto, aunque la llamada haya sido de madrugada, y otra muy distinta es ofrecer dinero negro, desde 50.000 hasta 500.000 pesos, por vender la conciencia y las convicciones. ¿Pudo la Presidenta no tener conocimiento de semejantes propuestas? La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostiene que no hay negocios por debajo de la mesa si los jefes políticos no hacen un guiño. El ex presidente Fernando de la Rúa podría ser condenado por el mismo motivo. El ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto reconstruyó la ruta de las coimas a los senadores para aprobar la reforma laboral y explicó por qué De la Rúa no podía ignorarlo.
Todo el sistema político sabe que el dinero por debajo de la mesa existe. Como existen los aprietes públicos y privados a los gobernadores para que los legisladores de sus provincias voten a cambio de obras públicas o de liberación de fondos. ¿Se atreverá la presidenta de Asuntos Constitucionales, Graciela Caamaño, a investigar a fondo, o simulará que lo hace, como parte integrante del sistema?
La cadena nacional de la Presidenta tuvo un doble propósito: generar un golpe de efecto con el anuncio del pago de la deuda al Club de París sin pasar por el monitoreo del FMI y correr de la agenda la investigación por el intento de torcer la voluntad de diputados nacionales que no quieren aprobar el presupuesto a libro cerrado. Honrar las deudas está bien, pero pagar al mismo tiempo tasas del 16 por ciento a Venezuela no es progresista ni antiimperialista. Y pagar tan rápido una deuda que en buena parte es ilegítima y fue contraída por la dictadura militar es, desde el punto de vista ideológico, por lo menos discutible. En fin: si cualquier gerente financiero de la empresa más importante le aconsejara al dueño pagar semejante deuda en menos de un año, éste lo despediría o, por lo menos, rechazaría la sugerencia.
Sin embargo, Néstor Kirchner convenció a la militancia de que esta política de desendeudamiento es revolucionaria, porque "nos libera" de la vigilancia del Fondo. Y ésta también es una verdad a medias: porque el Fondo sigue monitoreando a la Argentina, aunque sus directores ya no nos visiten tan seguido. Y porque la "ruptura mediática" con los organismos financieros es una de las causas de la falta de inversión directa que padece nuestro país.
Néstor Kirchner ya no está, pero Cristina Fernández de Kirchner es más de lo mismo: prepotencia disfrazada de convicción, medias verdades presentadas como logros históricos y el uso de la caja para conservar y acrecentar el poder de cara a las presidenciales del año que viene.
Luis Majul
¿Tiene derecho el Gobierno a diagramar un presupuesto y pretender que se lo apruebe sin tocar una coma? Sí, si se entiende el presupuesto como la elección de prioridades del gasto público. Y si la oposición no le facilita el uso de ese instrumento estará incumpliendo su obligación. Así presenta la jefa del Estado el asunto, pero no dice toda la verdad. Porque se trata de un presupuesto mentiroso. Un presupuesto que subestima la verdadera recaudación. Un presupuesto que le permitirá al Ejecutivo contar con más de 100.000 millones de pesos de libre disponibilidad. Es decir, sin pasar por el filtro o el control del Parlamento. Una enorme cantidad de dinero que podría ser utilizado, como sucede desde 2003, para disciplinar intendentes, gobernadores, dirigentes sociales, sindicalistas, medios y periodistas y para financiar, de manera poco transparente la próxima campaña presidencial. Una parte de la oposición pretende usar parte de esos fondos para pagar el 82 por ciento móvil de los jubilados. Otra parte desea, por lo menos, que a semejante excedente se le asigne un destino cierto y determinado. Eso no tiene nada que ver con poner palos en la rueda, colocar en riesgo la gobernabilidad o impedir que la Presidenta gobierne como se lo impone la Constitución Nacional. Es una cuestión de sentido común: el Poder Ejecutivo gobierna y el Congreso controla.
¿Es un delito que los funcionarios del Gobierno traten de convencer a diputados de distintas fuerzas para que aprueben el presupuesto oficial? Primera respuesta rápida: el ámbito natural para hacerlo son las comisiones de trabajo y el recinto. Segunda respuesta urgente: desde la restauración democrática, el ejercicio de seducción de ministros y secretarios se viene haciendo sin que nadie, hasta ahora, haya puesto el grito en el cielo. Recuerdo aquella confesión del fallecido senador radical Adolfo González Gass cuando reconoció, ante el estupor generalizado, que su bloque canjeaba nombramiento de jueces por leyes que necesitaban aprobar. Con el tiempo, el canje se hizo más sofisticado y tangible. La Banelco en tiempos de la Alianza fue la más escandalosa, pero no la única. El "pedí lo que quieras" denunciado por Emilio Rached en el medio de la discusión por las retenciones al campo fue un botón de muestra de la desesperación de Kirchner por ganar la pulseada. Una cosa es el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, tratando de convencer al diputado del PJ disidente Marcelo López Arias para que vote a favor del presupuesto, aunque la llamada haya sido de madrugada, y otra muy distinta es ofrecer dinero negro, desde 50.000 hasta 500.000 pesos, por vender la conciencia y las convicciones. ¿Pudo la Presidenta no tener conocimiento de semejantes propuestas? La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostiene que no hay negocios por debajo de la mesa si los jefes políticos no hacen un guiño. El ex presidente Fernando de la Rúa podría ser condenado por el mismo motivo. El ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto reconstruyó la ruta de las coimas a los senadores para aprobar la reforma laboral y explicó por qué De la Rúa no podía ignorarlo.
Todo el sistema político sabe que el dinero por debajo de la mesa existe. Como existen los aprietes públicos y privados a los gobernadores para que los legisladores de sus provincias voten a cambio de obras públicas o de liberación de fondos. ¿Se atreverá la presidenta de Asuntos Constitucionales, Graciela Caamaño, a investigar a fondo, o simulará que lo hace, como parte integrante del sistema?
La cadena nacional de la Presidenta tuvo un doble propósito: generar un golpe de efecto con el anuncio del pago de la deuda al Club de París sin pasar por el monitoreo del FMI y correr de la agenda la investigación por el intento de torcer la voluntad de diputados nacionales que no quieren aprobar el presupuesto a libro cerrado. Honrar las deudas está bien, pero pagar al mismo tiempo tasas del 16 por ciento a Venezuela no es progresista ni antiimperialista. Y pagar tan rápido una deuda que en buena parte es ilegítima y fue contraída por la dictadura militar es, desde el punto de vista ideológico, por lo menos discutible. En fin: si cualquier gerente financiero de la empresa más importante le aconsejara al dueño pagar semejante deuda en menos de un año, éste lo despediría o, por lo menos, rechazaría la sugerencia.
Sin embargo, Néstor Kirchner convenció a la militancia de que esta política de desendeudamiento es revolucionaria, porque "nos libera" de la vigilancia del Fondo. Y ésta también es una verdad a medias: porque el Fondo sigue monitoreando a la Argentina, aunque sus directores ya no nos visiten tan seguido. Y porque la "ruptura mediática" con los organismos financieros es una de las causas de la falta de inversión directa que padece nuestro país.
Néstor Kirchner ya no está, pero Cristina Fernández de Kirchner es más de lo mismo: prepotencia disfrazada de convicción, medias verdades presentadas como logros históricos y el uso de la caja para conservar y acrecentar el poder de cara a las presidenciales del año que viene.
Luis Majul
lunes, 15 de noviembre de 2010
Militancia
Ahora, cuando se habla mucho de “militancia” y crece la nube gaseosa de la juventud maravillosa de 1973 resurrecta en 2010, la muerte del ex almirante Emilio Massera cobra significados enormes en el debate sobre la aún no cicatrizada era de la violencia política en este país. Se conoce la truculenta saga de crímenes y delirios perversos de ese alto oficial de la Armada, pero la siempre deficitaria democracia argentina no tomó nota del costado más aleccionador de esta historia.
Al caer la noche del 10 de diciembre de 1983, Massera era un hombre libre y protegido. El entonces almirante compartía la libertad individual con sus colegas de las Juntas del período y además gozaba como todos ellos de protección extra.
Nada podría pasarles, ahora que los civiles elegidos por la sociedad habían vuelto al gobierno. Los protegía una “ley” no promulgada por congreso alguno y en plena vigencia al iniciarse el nuevo gobierno civil. Numerada 22.924 y promulgada el 22 de septiembre de 1983, a solo cinco semanas de las elecciones del 30 de octubre, estaba firmada por el presidente de facto, Reynaldo Bignone, y sus ministros del Interior (general Llamil Reston) y de Justicia (Lucas Lennon). Su artículo Nº 1 declaraba “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982”. Resolvía que “los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas”.
A cinco semanas del triunfo del candidato radical Raúl Alfonsín, plebiscitado el 30 de octubre por el 52% de los votos (la mayoría más grande y nunca reiterada en las cinco elecciones presidenciales posteriores), las Fuerzas Armadas se retiraban regalándose una obscena norma de amnistía para ellos mismos. Con la campaña electoral en pleno desarrollo, el país se aprestaba a ponerle fin al gobierno que en junio de 1982 había capitulado ante el Reino Unido tras el clamoroso desastre de Malvinas.
¿Qué fuerzas políticas no apoyaron ni convalidaron esa auto-amnistía? Alfonsín anunciaba en sus recorridos por el país que en el nuevo Congreso democrático él impulsaría su derogación. Pero el candidato presidencial del peronismo, Italo Luder, se sentía angustiado por las “consecuencias jurídicas” de esa derogación. Para el jurista Roberto Gargarella, “la amnistía amparaba a todos los que hubieran ayudado o incitado a tales acciones, y protegía también a quienes pudieran ser imputados por delitos militares comunes realizados en aquellos años. (…) Venía a hacer simplemente imposible el juzgamiento de los gravísimos abusos cometidos por los militares”.
En 1983 el peronismo consideraba jurídicamente inviable la derogación de esa ley. ¿Quién lo hizo? El gobierno de Alfonsín, claro. A 48 horas de asumir firmó el Decreto 158 ordenando la apertura de los juicios a las Juntas militares procesistas. También envió al Congreso un proyecto de ley para derogar aquella ley, aprobada una semana después de ser enviada por la Casa Rosada. La ley 23.040 liquidó a la “ley” 22.924 por inconstitucional y la declaró nula.
Alfonsín tomó la decisión política de enjuiciar a las Juntas, lo que justamente no quería hacer y no hubiera hecho Luder si hubiese ganado. Alfonsín tenía sólo 56 años. Massera, 58. Los generales, almirantes y brigadieres de 1983 no eran gerontes patéticos y minusválidos. Cabelleras engominadas, trajes impecables, miradas sobradoras y altaneras, no podían creer que serían juzgados por un tribunal civil con todos los recaudos y garantías del estado de derecho.
El 9 de diciembre de 1985 se conoció el veredicto. A Massera le dieron pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, en fallo suscripto por unanimidad por los seis jueces de la Cámara Nacional en lo Criminal Correccional Federal de la Capital (Arslanian, D’Alessio, Gil Lavedra, Torlasco y Valerga Aráoz).
En 1985, cuando la sentencia fue anunciada, el poder militar estaba intacto. La larga sombra de la hegemonía militar se proyectó hasta mediados de los años noventa. Arrestarlos, procesarlos y condenarlos fue una hazaña sin parangones, ni antecedentes.
El peronismo aceptó la autoamnistía en 1983 y no quiso participar de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984. Un gobierno peronista indultó a Massera y sus camaradas. Los decretos 2.741, 2.742 y 2.743, firmados por el presidente Carlos Menem el 30 de diciembre de 1990, dejaron en libertad a todos los ex comandantes presos.
El indulto de Menem no fue cuestionado ni resistido en serio por el peronismo, con la salvedad de los disidentes que confluirían en la fórmula Bordón-Alvarez de 1995. En los años noventa los derechos humanos no estaban en la agenda ni en las prioridades del justicialismo. Al indulto sólo se opusieron las organizaciones de derechos humanos, el radicalismo y fuerzas menores de izquierda y centroizquierda. La sociedad argentina aceptó el indulto de Menem. Los decretos de Menem entre 1989 y 1989 beneficiaron a un total de 290 procesados, casi todos presos. Massera fue uno de ellos.
Veinte años más tarde la historia empezó a ser reescrita, con el avieso intento de pergeñar un nuevo guión, inventado para montar la arquitectura distorsiva apta para el mito kirchnerista.
El 24 de marzo de 2004, el presidente Néstor Kirchner dijo desde el predio de la ESMA: “Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia tantas atrocidades”. ¿La vergüenza de quién? Ambigüedad deliberada. ¿El sentía vergüenza por haberse callado durante veinte años o acaso la democracia, que juzgó y encarceló a los comandantes, había hecho silencio?
El supuesto renacimiento de la militancia juvenil viene lubricado por el asombroso desparpajo de una farsa ideológica oficial.
Pepe Eliaschev
Al caer la noche del 10 de diciembre de 1983, Massera era un hombre libre y protegido. El entonces almirante compartía la libertad individual con sus colegas de las Juntas del período y además gozaba como todos ellos de protección extra.
Nada podría pasarles, ahora que los civiles elegidos por la sociedad habían vuelto al gobierno. Los protegía una “ley” no promulgada por congreso alguno y en plena vigencia al iniciarse el nuevo gobierno civil. Numerada 22.924 y promulgada el 22 de septiembre de 1983, a solo cinco semanas de las elecciones del 30 de octubre, estaba firmada por el presidente de facto, Reynaldo Bignone, y sus ministros del Interior (general Llamil Reston) y de Justicia (Lucas Lennon). Su artículo Nº 1 declaraba “extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982”. Resolvía que “los beneficios otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas”.
A cinco semanas del triunfo del candidato radical Raúl Alfonsín, plebiscitado el 30 de octubre por el 52% de los votos (la mayoría más grande y nunca reiterada en las cinco elecciones presidenciales posteriores), las Fuerzas Armadas se retiraban regalándose una obscena norma de amnistía para ellos mismos. Con la campaña electoral en pleno desarrollo, el país se aprestaba a ponerle fin al gobierno que en junio de 1982 había capitulado ante el Reino Unido tras el clamoroso desastre de Malvinas.
¿Qué fuerzas políticas no apoyaron ni convalidaron esa auto-amnistía? Alfonsín anunciaba en sus recorridos por el país que en el nuevo Congreso democrático él impulsaría su derogación. Pero el candidato presidencial del peronismo, Italo Luder, se sentía angustiado por las “consecuencias jurídicas” de esa derogación. Para el jurista Roberto Gargarella, “la amnistía amparaba a todos los que hubieran ayudado o incitado a tales acciones, y protegía también a quienes pudieran ser imputados por delitos militares comunes realizados en aquellos años. (…) Venía a hacer simplemente imposible el juzgamiento de los gravísimos abusos cometidos por los militares”.
En 1983 el peronismo consideraba jurídicamente inviable la derogación de esa ley. ¿Quién lo hizo? El gobierno de Alfonsín, claro. A 48 horas de asumir firmó el Decreto 158 ordenando la apertura de los juicios a las Juntas militares procesistas. También envió al Congreso un proyecto de ley para derogar aquella ley, aprobada una semana después de ser enviada por la Casa Rosada. La ley 23.040 liquidó a la “ley” 22.924 por inconstitucional y la declaró nula.
Alfonsín tomó la decisión política de enjuiciar a las Juntas, lo que justamente no quería hacer y no hubiera hecho Luder si hubiese ganado. Alfonsín tenía sólo 56 años. Massera, 58. Los generales, almirantes y brigadieres de 1983 no eran gerontes patéticos y minusválidos. Cabelleras engominadas, trajes impecables, miradas sobradoras y altaneras, no podían creer que serían juzgados por un tribunal civil con todos los recaudos y garantías del estado de derecho.
El 9 de diciembre de 1985 se conoció el veredicto. A Massera le dieron pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, en fallo suscripto por unanimidad por los seis jueces de la Cámara Nacional en lo Criminal Correccional Federal de la Capital (Arslanian, D’Alessio, Gil Lavedra, Torlasco y Valerga Aráoz).
En 1985, cuando la sentencia fue anunciada, el poder militar estaba intacto. La larga sombra de la hegemonía militar se proyectó hasta mediados de los años noventa. Arrestarlos, procesarlos y condenarlos fue una hazaña sin parangones, ni antecedentes.
El peronismo aceptó la autoamnistía en 1983 y no quiso participar de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984. Un gobierno peronista indultó a Massera y sus camaradas. Los decretos 2.741, 2.742 y 2.743, firmados por el presidente Carlos Menem el 30 de diciembre de 1990, dejaron en libertad a todos los ex comandantes presos.
El indulto de Menem no fue cuestionado ni resistido en serio por el peronismo, con la salvedad de los disidentes que confluirían en la fórmula Bordón-Alvarez de 1995. En los años noventa los derechos humanos no estaban en la agenda ni en las prioridades del justicialismo. Al indulto sólo se opusieron las organizaciones de derechos humanos, el radicalismo y fuerzas menores de izquierda y centroizquierda. La sociedad argentina aceptó el indulto de Menem. Los decretos de Menem entre 1989 y 1989 beneficiaron a un total de 290 procesados, casi todos presos. Massera fue uno de ellos.
Veinte años más tarde la historia empezó a ser reescrita, con el avieso intento de pergeñar un nuevo guión, inventado para montar la arquitectura distorsiva apta para el mito kirchnerista.
El 24 de marzo de 2004, el presidente Néstor Kirchner dijo desde el predio de la ESMA: “Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante veinte años de democracia tantas atrocidades”. ¿La vergüenza de quién? Ambigüedad deliberada. ¿El sentía vergüenza por haberse callado durante veinte años o acaso la democracia, que juzgó y encarceló a los comandantes, había hecho silencio?
El supuesto renacimiento de la militancia juvenil viene lubricado por el asombroso desparpajo de una farsa ideológica oficial.
Pepe Eliaschev
Suscribirse a:
Entradas (Atom)