En el ámbito de las religiones, las sectas se constituyen como un grupo cuya principal característica es trazar una división del mundo entre quienes pertenecen a ellas y quienes no, postulando un ellos y un nosotros, que desde la inflexibilidad y cerrazón residentes en el concepto, generan una ortodoxia cerril y susceptible, la cual, si bien es siempre severa, ante circunstancias en las que se siente amenazada, acrecienta su rigidez en proporción directa al debilitamiento que detecte en el núcleo trascendente de la creencia, procediendo en consecuencia, a incrementar las acciones tendientes al disciplinamiento de sus fieles.
Al plano de la política no le resulta ajeno el comportamiento sectario, basta con echar un vistazo a la historia para encontrarlo en no pocos regímenes democráticos y en el origen de un sinnúmero de experiencias totalitarias.
Esto es reconocible en tanto logra apreciarse en algunos núcleos de poder, generalmente conformados en torno a una figura de fuerte liderazgo, cómo el uso reiterado de ciertos recursos retóricos, -en principio dirigidos a la propia clientela electoral, luego extendido a la sociedad toda- anclados en la construcción de un relato maniqueo que divide la sociedad entre justos y réprobos e instala de un lado a los abanderados de la lucha por las causas populares y del otro a los enemigos del pueblo y a los traidores a la causa, termina en muchos casos por convencer de su certeza a sus propios autores y pregoneros.
Sucede asimismo, que al creerse estos grupos predestinados a la concreción de elevadas misiones a las que suelen generalmente revestir con un carácter de gesta épica, como la de liberar al pueblo de la opresión o recrear los fastos de un pasado glorioso, crecen y se multiplican en su interior los niveles de delirio providencial, y el contacto de los lideres con la realidad comienza a diluirse haciéndose progresivamente menos consistente, ensimismándose en un mundo ficcional cada vez más lejano a las condiciones reales del contexto.
Se aprecia en tales escenarios, que la adhesión fanática a los principios que conforman el sustento ideológico de un sistema, se torna más vigorosa en la medida en que surja en el colectivo social una pluralidad de pensamientos que cuestionen las ideas establecidas en el grupo; se produce entonces una transformación de las creencias en identidades cerradas impermeables a toda crítica, estas identidades ideológicas son indefectiblemente intransigentes y agresivas en tanto que, como las cuestiones de fe, no requieren argumentos ni admiten discusión.
Tales identificaciones se derraman, trascienden más allá de las cúpulas para extenderse y ser adoptadas por el común de sus seguidores en la inmediatez cotidiana, procediendo en consecuencia al sistemático rechazo de todo cuestionamiento y condenando cualquier disidencia.
No revestiría esto mayor gravedad si tal circunstancia se viese reducida a una mera dificultad personal de poder internalizar el concepto básico en que se basa el pluralismo, esto es: la aceptación por parte del creyente de la existencia legítima de otras creencias en relación con la suya propia, ya que la intransigencia sectaria resultaría expuesta en el debate intelectual ante lo cual quedaría cerrada la cuestión.
Pero si se niega siquiera la posibilidad de dar ese debate, cuando no se está ante un problema de aprehensión de un concepto sino de adhesión ciega a un relato investido con el peso de una verdad revelada, no hay entonces lugar para el disenso, no existe por ende, perdón posible para el disidente, y presa de su dinámica punitiva la cerrazón dogmática termina sacrificando el concepto de pluralismo en el altar de la intolerancia.
Claudio Brunori
miércoles, 29 de diciembre de 2010
lunes, 20 de diciembre de 2010
Muertes simbólicas
Los tres meses finales del 2010 han sido un tiempo en el cual el grave drama social de la Argentina se evidencia a través de una sucesión de muertes simbólicas, vinculadas con diferentes facetas de este drama. El 20 de octubre, una patota sindical de la Unión Ferroviaria asesina al militante Mariano Ferreyra de 23 años y deja en estado de coma profundo a Elsa Rodríguez, de 56 años y madre de siete hijos. Los dos participaban de una protesta en reclamo de la reincorporación de trabajadores despedidos y por la contratación en blanco de quienes se encuentran bajo la modalidad de terciarizados: un gran negocio compartido entre funcionarios del gobierno, dirigentes gremiales y empresarios. Según datos del ANSES, el 75% de la población activa entre 18 y 29 años (unos ocho millones de varones y mujeres) está desocupada, en negro o terciarizada, sin ninguna cobertura social. La muerte de Mariano es un símbolo doloroso de la situación en que se encuentra una mayoría abrumadora de nuestros jóvenes, condenados y sin futuro ante la imposibilidad de calificarse en los niveles que requiere la organización de los procesos de trabajo en las nuevas coordenadas impuestas por la Revolución Científico-Técnica. También da cuenta de la degradación de las dirigencias sindicales, impregnadas de corrupción e impunidad y dispuestos a conservar su poder utilizando grupos de choque al mejor estilo mafioso.
Ese mismo mes, un anuncio vino de Misiones: con pocas semanas de diferencia murieron Héctor Díaz de 2 años en la ciudad de Apóstoles y Milagros Benítez de 15 meses, en la localidad de Montecarlo; ambos por desnutrición grave. El gobernador kirchnerista Maurice Closs, reconoce que la muerte de chicos por hambre y desnutrición es un problema extendido en esa provincia -unos 300 casos por año- pero la culpa sería de los padres, que no saben utilizar bien su brillante plan Hambre Cero. Las condiciones de trabajo de los cosechadores de yerba mate -los tareferos- no evocan precisamente la vigencia de derechos sociales: explotados en sus salarios y sin ninguna protección, las tareas estacionales los dejan desocupados una parte del año y sus niños sufren situaciones de indigencia, compartidas con otros menores de la provincia. Dos muertes más que son símbolos de una situación laboral inaceptable, con sus secuelas de miseria e indigencia aunque, según datos del INDEC, prácticamente estas lacras habrían desaparecido de nuestro país.
El 16 de noviembre moría Ezequiel Ferreira de 7 años, a causa de un tumor cancerígeno en el cerebro producido por contaminación de agrotóxicos. Desde que cumpliera 4 años trabajaba juntando guano y sangre de pollos con manipulación de venenos, en la granja La Fernández de la empresa criadora Nuestra Huella, que provee a supermercados como Wall Mart y Carrefour. La familia había sido reclutada en Misiones a fines del 2007, con la promesa de un trabajo estable y una vivienda segura, donde los chicos podrían ir a la escuela y crecer junto a la naturaleza, además de ser gratis los gastos de traslado. Al llegar a destino las esperanzas se desintegraron ante una realidad que distaba demasiado de lo prometido. El contratado por la empresa era el padre, quien debía realizar tareas a destajo imposibles de cumplir; por eso necesita de la colaboración de su mujer y sus hijos pequeños. Una modalidad estimulada por los capataces -en tanto si el cupo no se cubre está siempre presente la amenaza del despido- y naturalizada por la existencia de cientos de familias que, en las mismas condiciones, trabajan en las setenta granjas de la empresa distribuidas en Pilar, Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y distintas localidades de Córdoba. La muerte simbólica de Ezequiel revela la expoliación del trabajo infantil y adulto, realizado en condiciones subhumanas. También revela una de las vertientes de la trata de personas: se ofrece a familias de pueblos misérrimos del interior o de países vecinos, la posibilidad de un empleo que les permita aspirar a una vida mejor. Cuando aceptan, el trabajo es agobiante; se sienten impotentes para defenderse; carecen de dinero y no pueden liberarse; los invade el desaliento; es imposible salir de esa trampa: lo más parecido a la situación de los esclavos. Un millón y medio de chicos menores de 12 años trabajan en Argentina en tales condiciones: criaderos de pollos, talleres terciarizados de grandes marcas de ropa y otros rubros industriales, el sector agropecuario, son los principales beneficiarios del trabajo infantil. En todos los casos redunda en negocios altamente rentables para empresarios convencidos de pertenecer a una raza superior. En otras épocas, se afirmaba que "los únicos privilegiados son los niños"
El 23 de noviembre guardias privados de la familia Celía y policías provinciales de Formosa reprimen un corte de ruta de la comunidad toba de los Qom, que se resistían al desalojo de sus tierras. El gobernador kirchnerista Gildo Insfrán tomó la decisión: necesitaba las tierras para construir una universidad y un barrio de viviendas destinado a policías; a fin de alcanzar sus objetivos, solamente era necesario erradicar a esos seres indígenas inferiores. En el enfrentamiento muere un policía de Colonia Laguna Blanca y dos miembros de la comunidad: a Roberto López "lo fusilaron por la espalda de tres tiros"; también asesinan a Sixto Gómez, como castigo ejemplar. Tres muertes simbólicas más, que en este caso reflejan el drama de la devastación de bosques nativos y el desalojo de comunidades indígenas o campesinas en favor de razas superiores, dispuestas a desplegar en esos territorios la civilización: sea construir una universidad o extender cultivos de soja transgénica. Al día siguiente, en una reunión de funcionarios en la Casa Rosada, se recibía con fuertes aplausos la intervención de Insfrán en una teleconferencia y poco después el gobierno nacional anuncia que no está dispuesto a intervenir la provincia, respetando el federalismo. Algunos de sus voceros, como el Secretario de Cultura de la Nación Jorge Coscia y un participante del programa televisivo kirchnerista Café Las palabras, llamaron la atención al director de la revista Barcelona, que tímidamente pretendió criticar el silencio presidencial ante esas muertes:"Cuidado que allí hay cosas oscuras, murió un policía y por detrás puede estar la soja; es todo muy oscuro". Lo único oscuro es la mente del Secretario de Cultura de la Nación.
El 7 de diciembre murieron en Villa Soldati Bernardo Salgueiro, paraguayo de 22 años y Rosemary Churapuña, boliviana de 28 años, a consecuencia de balas policiales. La represión de ese día fue truculenta -con más de treinta heridos ensangrentados- y buscaba aniquilar los intentos de ocupar tierras para construir viviendas precarias que les permitieran refugiarse, ante la imposibilidad de pagar alquileres en la villa vecina. Tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el nacional, han dado respuestas escasamente eficientes al derecho a una vivienda digna: mientras crece la especulación y el lavado de dinero en las construcciones de lujo, se calcula que el déficit habitacional para sectores populares, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, supera largamente el medio millón y crece exponencialmente en el Gran Buenos Aires. La decisión de retirar a la Policía Federal y a la Metropolitana en el marco de un conflicto entre Mauricio Macri y el oficialismo -donde cada uno pretende cargar al otro con la responsabilidad de las muertes y la carencia de respuestas ante esa demanda- dejó al parque Indoamericano como tierra de nadie. Los vecinos de los edificios lindantes al parque deciden tomar el problema en sus manos, contando con el apoyo de barrabravas que viajaran al Mundial de Sudáfrica y, una vez más, matones sindicales. Blandiendo consignas racistas contra inmigrantes de países vecinos, atacan a los ocupantes con armas de fuego: Juan Castañeda Quispe, boliviano de 38 años, muere asesinado; mientras un joven de 19 años -cuya suerte aún no está clara- es sacado de la ambulancia que lo transportaba y lo golpean brutalmente. Estas muertes simbólicas remiten al problema no resuelto de pobreza y la vivienda, que se conjugan con el maltrato a los inmigrantes de América Latina: el nombre del parque de la tragedia es una cruel ironía. Otra cruel ironía es la fecha de esas acciones aberrantes: 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Muertes por demanda de derechos laborales; muertes por hambre y desnutrición; muertes por trabajo esclavizado e infantil y por trata de personas; muertes por despojo de tierras a comunidades indígenas y campesinas; muertes por reclamar viviendas dignas y por maltrato a inmigrantes de naciones hermanas. Pareciera que la magnitud de la crisis social argentina sólo alcanza visibilidad, en un intento demasiadas veces estéril de conmover a los responsables políticos, al costo de una suma dramática de muertes simbólicas: todas en poco más de dos meses.
Alcira Argumedo
Ese mismo mes, un anuncio vino de Misiones: con pocas semanas de diferencia murieron Héctor Díaz de 2 años en la ciudad de Apóstoles y Milagros Benítez de 15 meses, en la localidad de Montecarlo; ambos por desnutrición grave. El gobernador kirchnerista Maurice Closs, reconoce que la muerte de chicos por hambre y desnutrición es un problema extendido en esa provincia -unos 300 casos por año- pero la culpa sería de los padres, que no saben utilizar bien su brillante plan Hambre Cero. Las condiciones de trabajo de los cosechadores de yerba mate -los tareferos- no evocan precisamente la vigencia de derechos sociales: explotados en sus salarios y sin ninguna protección, las tareas estacionales los dejan desocupados una parte del año y sus niños sufren situaciones de indigencia, compartidas con otros menores de la provincia. Dos muertes más que son símbolos de una situación laboral inaceptable, con sus secuelas de miseria e indigencia aunque, según datos del INDEC, prácticamente estas lacras habrían desaparecido de nuestro país.
El 16 de noviembre moría Ezequiel Ferreira de 7 años, a causa de un tumor cancerígeno en el cerebro producido por contaminación de agrotóxicos. Desde que cumpliera 4 años trabajaba juntando guano y sangre de pollos con manipulación de venenos, en la granja La Fernández de la empresa criadora Nuestra Huella, que provee a supermercados como Wall Mart y Carrefour. La familia había sido reclutada en Misiones a fines del 2007, con la promesa de un trabajo estable y una vivienda segura, donde los chicos podrían ir a la escuela y crecer junto a la naturaleza, además de ser gratis los gastos de traslado. Al llegar a destino las esperanzas se desintegraron ante una realidad que distaba demasiado de lo prometido. El contratado por la empresa era el padre, quien debía realizar tareas a destajo imposibles de cumplir; por eso necesita de la colaboración de su mujer y sus hijos pequeños. Una modalidad estimulada por los capataces -en tanto si el cupo no se cubre está siempre presente la amenaza del despido- y naturalizada por la existencia de cientos de familias que, en las mismas condiciones, trabajan en las setenta granjas de la empresa distribuidas en Pilar, Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y distintas localidades de Córdoba. La muerte simbólica de Ezequiel revela la expoliación del trabajo infantil y adulto, realizado en condiciones subhumanas. También revela una de las vertientes de la trata de personas: se ofrece a familias de pueblos misérrimos del interior o de países vecinos, la posibilidad de un empleo que les permita aspirar a una vida mejor. Cuando aceptan, el trabajo es agobiante; se sienten impotentes para defenderse; carecen de dinero y no pueden liberarse; los invade el desaliento; es imposible salir de esa trampa: lo más parecido a la situación de los esclavos. Un millón y medio de chicos menores de 12 años trabajan en Argentina en tales condiciones: criaderos de pollos, talleres terciarizados de grandes marcas de ropa y otros rubros industriales, el sector agropecuario, son los principales beneficiarios del trabajo infantil. En todos los casos redunda en negocios altamente rentables para empresarios convencidos de pertenecer a una raza superior. En otras épocas, se afirmaba que "los únicos privilegiados son los niños"
El 23 de noviembre guardias privados de la familia Celía y policías provinciales de Formosa reprimen un corte de ruta de la comunidad toba de los Qom, que se resistían al desalojo de sus tierras. El gobernador kirchnerista Gildo Insfrán tomó la decisión: necesitaba las tierras para construir una universidad y un barrio de viviendas destinado a policías; a fin de alcanzar sus objetivos, solamente era necesario erradicar a esos seres indígenas inferiores. En el enfrentamiento muere un policía de Colonia Laguna Blanca y dos miembros de la comunidad: a Roberto López "lo fusilaron por la espalda de tres tiros"; también asesinan a Sixto Gómez, como castigo ejemplar. Tres muertes simbólicas más, que en este caso reflejan el drama de la devastación de bosques nativos y el desalojo de comunidades indígenas o campesinas en favor de razas superiores, dispuestas a desplegar en esos territorios la civilización: sea construir una universidad o extender cultivos de soja transgénica. Al día siguiente, en una reunión de funcionarios en la Casa Rosada, se recibía con fuertes aplausos la intervención de Insfrán en una teleconferencia y poco después el gobierno nacional anuncia que no está dispuesto a intervenir la provincia, respetando el federalismo. Algunos de sus voceros, como el Secretario de Cultura de la Nación Jorge Coscia y un participante del programa televisivo kirchnerista Café Las palabras, llamaron la atención al director de la revista Barcelona, que tímidamente pretendió criticar el silencio presidencial ante esas muertes:"Cuidado que allí hay cosas oscuras, murió un policía y por detrás puede estar la soja; es todo muy oscuro". Lo único oscuro es la mente del Secretario de Cultura de la Nación.
El 7 de diciembre murieron en Villa Soldati Bernardo Salgueiro, paraguayo de 22 años y Rosemary Churapuña, boliviana de 28 años, a consecuencia de balas policiales. La represión de ese día fue truculenta -con más de treinta heridos ensangrentados- y buscaba aniquilar los intentos de ocupar tierras para construir viviendas precarias que les permitieran refugiarse, ante la imposibilidad de pagar alquileres en la villa vecina. Tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el nacional, han dado respuestas escasamente eficientes al derecho a una vivienda digna: mientras crece la especulación y el lavado de dinero en las construcciones de lujo, se calcula que el déficit habitacional para sectores populares, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, supera largamente el medio millón y crece exponencialmente en el Gran Buenos Aires. La decisión de retirar a la Policía Federal y a la Metropolitana en el marco de un conflicto entre Mauricio Macri y el oficialismo -donde cada uno pretende cargar al otro con la responsabilidad de las muertes y la carencia de respuestas ante esa demanda- dejó al parque Indoamericano como tierra de nadie. Los vecinos de los edificios lindantes al parque deciden tomar el problema en sus manos, contando con el apoyo de barrabravas que viajaran al Mundial de Sudáfrica y, una vez más, matones sindicales. Blandiendo consignas racistas contra inmigrantes de países vecinos, atacan a los ocupantes con armas de fuego: Juan Castañeda Quispe, boliviano de 38 años, muere asesinado; mientras un joven de 19 años -cuya suerte aún no está clara- es sacado de la ambulancia que lo transportaba y lo golpean brutalmente. Estas muertes simbólicas remiten al problema no resuelto de pobreza y la vivienda, que se conjugan con el maltrato a los inmigrantes de América Latina: el nombre del parque de la tragedia es una cruel ironía. Otra cruel ironía es la fecha de esas acciones aberrantes: 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Muertes por demanda de derechos laborales; muertes por hambre y desnutrición; muertes por trabajo esclavizado e infantil y por trata de personas; muertes por despojo de tierras a comunidades indígenas y campesinas; muertes por reclamar viviendas dignas y por maltrato a inmigrantes de naciones hermanas. Pareciera que la magnitud de la crisis social argentina sólo alcanza visibilidad, en un intento demasiadas veces estéril de conmover a los responsables políticos, al costo de una suma dramática de muertes simbólicas: todas en poco más de dos meses.
Alcira Argumedo
sábado, 18 de diciembre de 2010
Orden y progreso
Villa Soldati. La gente habla. Los sociólogos, los diplomáticos, los ministros, periodistas, quien aquí escribe, todos hablamos. La policía también. Los punteros, los acampados, el jefe de Gobierno de la Ciudad, el abogado de las Madres, hablan. Todos tienen apellido, no hace falta nombrarlos porque son eslabones de una lista interminable.
Todos, además, sabemos cuál es la solución. Hay que construir un par de millones de viviendas. Se necesitan redes cloacales en cientos de miles de hogares. Es necesario restablecer la autoridad en tierra de nadie y acorralar a las bandas de narcotraficantes. No puede haber más demora en la preparación de una policía que tenga los recursos para enfrentar a una delincuencia sofisticada. Trabajo, educación y vivienda digna para todos los argentinos y ya está, el mal queda eliminado. Todos estamos de acuerdo en el tratamiento; no sólo eso, también estamos de acuerdo en el diagnóstico. ¿Qué dice el parte político? Que Argentina tiene falencias en la calidad institucional, en la política educativa, en las obras de infraestructura, su coeficiente Gini muestra una enorme polaridad entre la franja de los más ricos y de los más pobres, su sistema sanitario público está colapsado, vastos sectores urbanos viven en zonas contaminadas.
Sin embargo, el país crece. Todos estamos de acuerdo en las palabras que hay que pronunciar. Crecimiento, desarrollo, distribución. Parece la torre de Babel por la confusión de lenguas pero existe un único rumiar compuesto de frases contrastadas que hilan entre varios. La derecha dice seguridad, el progresismo dice distribución. Entre ambos completan la frase, que es siempre la misma.
Hay una gran preocupación por la transgresión de las leyes. Se dice hasta el hartazgo que no puede haber libertad sin la vigencia de la autoridad basada en normas constitucionales. Sabemos que la libertad de cada uno llega hasta el límite impuesto por la libertad del semejante. El que tiene propiedades y trabajo quiere que se le respete la propiedad y el trabajo. Quien no tiene nada de eso, que lo consiga. Si no lo consigue, que alguien lo ayude. Si nadie lo ayuda, que recurra a…
La palabra represión está en subasta. Todos la empeñaron a bajo precio. Algunos quieren recuperar la prenda. Nadie quiere sentirse culpable por llevarse a casa su deseo de represión. Claro que con la ley. Debemos seguir, nos dicen, el ejemplo de los japoneses, que reprimen sin lastimar. Hay tanto que aprender.
Se habla de usurpadores. Se defiende a los vecinos que necesitan áreas de esparcimiento. Espacios verdes de oxigenación y recreación sin lugar a dudas son fundamentales para una vida sana. El Parque Indoamericano es catalogado por las autoridades porteñas como un pulmón de aire puro para las villas circundantes. Soldati y Pilar parecen tener las mismas necesidades y cuentan con los mismos recursos naturales. Es para no creer lo que se escucha. Pero créalo, señor vecino; si lo dicen los que saben y mandan, debe ser cierto. Además, nadie ignora que peruanos y bolivianos se han instalado en nuestro país. Algunos trabajan, otros no se sabe. En realidad, se parecen a los argentinos con la salvedad de que no nacieron acá. Escuché a uno de ellos decir que el papá del jefe de Gobierno tampoco nació acá. Quien escribe esta columna tampoco. Entró con una partida de nacimiento falsa por problemas religiosos. O raciales. Hoy se dice indocumentado, o con papeles truchos.
El caretaje progresista se ha hecho una fiesta con una nueva tontería de Jaime Duran Barba, o de Macri. Lo llaman Adolfito. Les gusta patear penales sin arquero. Acusan de discriminación al Gobierno de la Ciudad por bajar el presupuesto del Garrahan porque atiende sólo el 15% de residentes porteños. A las bellas almas no se les ocurre que entonces el Gobierno nacional debería aportar el 85% o que directamente el hospital debería ser nacionalizado.
La realidad es que hace rato hay guerra de escaramuzas entre pobres usados y abusados por la corporación política y sus operadores mediáticos.
¿Qué hacer? ¿Escribir otro libro de historia para un nuevo feriado? ¿Salir a la calle con una cámara y armar un nuevo documental premiado en un festival eslovaco, malayo o venezolano?
Orden y progreso. Este lema es extraordinario. Los positivistas del siglo XIX sabían sintetizar el programa de la burguesía en ascenso. Hoy escuchamos que muchos están alarmados por la anarquía. A este desbarajuste por comer al día siguiente y no morir de humedad y a la intemperie lo llaman anarquía. A los cartoneros nocturnos, a los pibes que piden limosna, a los trapitos, quienes duermen en la calle, los que son explotados en los cientos de talleres de la Ciudad, todos son miembros de este neoanarquismo que inquieta a los positivistas porteños.
Orden y progreso. Hay muchos convencidos de que si nuestro país se diera cuenta de la oportunidad extraordinaria que nos ha brindado la China –para ponerle un nombre conocido– estarían dadas las condiciones para un despegue impresionante. Lamentablemente, la demagogia, el populismo, esta cultura política con ausencia de Estado son culpables de que no sigamos el ejemplo de… ¡Perú! Antes era Corea, después Irlanda, luego Chile, ahora es Perú, mañana, quien sabe, será la isla de Samoa.
Otra vez orden y progreso. En un momento dado, hace unos cien años, el lema tuvo su fisura. El orden se lo llevó el fascismo y el progreso quedó en desuso con el hecho poco previsto de que a mayor progreso se fabricaba también el arsenal para llevar a cabo un mayor poder de aniquilamiento de ciudades enteras con sus poblaciones adentro. La lucha de clases fue un antídoto de décadas al optimismo evolucionista burgués pero terminó en la burocracia criminal del sovietismo. Hoy nos queda la sociedad de conocimiento que sostiene que la educación iguala. Distribuimos chatarra con teclado y nos sacamos fotos de colores. Lo hicieron la Presidenta y el jefe de Gobierno. Era una nueva revolución educativa. Ya debe haber ocurrido esta mutación cultural pero no nos dimos cuenta, en Villa Soldati tampoco.
Dicen que el presupuesto de las viviendas de la Ciudad está subejecutado. Que el de la construcción de escuelas, también. El del Teatro Colón, por suerte, fue bien ejecutado aunque las funciones estén suspendidas. La plata sobrante podría estar a disposición de la nueva Juan B. Justo, que surcarán nuevos micros al menos hasta que volvamos a desentubar el arroyo Maldonado y la naveguemos como en Venecia. Otros dicen que hay que dejar de quejarse en vano porque el drama comenzó con la reforma constitucional que le dio autonomía a la Ciudad. Ahora se piensa que es impensable que exista un Gobierno porteño de oposición al lado de la Casa Rosada, y de la SIDE. Si tomamos en cuenta el delirio de la policía propia enfrentada a la otra gran policía con el resultado conocido, me refiero al jefe de la misma preso, ministros de Educación removidos por contratar espías extraños con nombre persa y falta total de preparación de la fuerza para estar presente cuando los “vecinos” se matan entre sí, el cambio fue no positivo. Hay que volver, entonces, insisten, al sistema de intendencia con interventor designado por el Poder Ejecutivo y una Ciudad bajo tutela nacional. De Mitre contra Urquiza, a Rodríguez Larreta contra Aníbal Fernández.
En síntesis, lo que ocurrió en Villa Soldati ha servido para que los argentinos pensemos nuevamente en que el orden es necesario para que nos llegue el progreso.
Tomás Abraham
Todos, además, sabemos cuál es la solución. Hay que construir un par de millones de viviendas. Se necesitan redes cloacales en cientos de miles de hogares. Es necesario restablecer la autoridad en tierra de nadie y acorralar a las bandas de narcotraficantes. No puede haber más demora en la preparación de una policía que tenga los recursos para enfrentar a una delincuencia sofisticada. Trabajo, educación y vivienda digna para todos los argentinos y ya está, el mal queda eliminado. Todos estamos de acuerdo en el tratamiento; no sólo eso, también estamos de acuerdo en el diagnóstico. ¿Qué dice el parte político? Que Argentina tiene falencias en la calidad institucional, en la política educativa, en las obras de infraestructura, su coeficiente Gini muestra una enorme polaridad entre la franja de los más ricos y de los más pobres, su sistema sanitario público está colapsado, vastos sectores urbanos viven en zonas contaminadas.
Sin embargo, el país crece. Todos estamos de acuerdo en las palabras que hay que pronunciar. Crecimiento, desarrollo, distribución. Parece la torre de Babel por la confusión de lenguas pero existe un único rumiar compuesto de frases contrastadas que hilan entre varios. La derecha dice seguridad, el progresismo dice distribución. Entre ambos completan la frase, que es siempre la misma.
Hay una gran preocupación por la transgresión de las leyes. Se dice hasta el hartazgo que no puede haber libertad sin la vigencia de la autoridad basada en normas constitucionales. Sabemos que la libertad de cada uno llega hasta el límite impuesto por la libertad del semejante. El que tiene propiedades y trabajo quiere que se le respete la propiedad y el trabajo. Quien no tiene nada de eso, que lo consiga. Si no lo consigue, que alguien lo ayude. Si nadie lo ayuda, que recurra a…
La palabra represión está en subasta. Todos la empeñaron a bajo precio. Algunos quieren recuperar la prenda. Nadie quiere sentirse culpable por llevarse a casa su deseo de represión. Claro que con la ley. Debemos seguir, nos dicen, el ejemplo de los japoneses, que reprimen sin lastimar. Hay tanto que aprender.
Se habla de usurpadores. Se defiende a los vecinos que necesitan áreas de esparcimiento. Espacios verdes de oxigenación y recreación sin lugar a dudas son fundamentales para una vida sana. El Parque Indoamericano es catalogado por las autoridades porteñas como un pulmón de aire puro para las villas circundantes. Soldati y Pilar parecen tener las mismas necesidades y cuentan con los mismos recursos naturales. Es para no creer lo que se escucha. Pero créalo, señor vecino; si lo dicen los que saben y mandan, debe ser cierto. Además, nadie ignora que peruanos y bolivianos se han instalado en nuestro país. Algunos trabajan, otros no se sabe. En realidad, se parecen a los argentinos con la salvedad de que no nacieron acá. Escuché a uno de ellos decir que el papá del jefe de Gobierno tampoco nació acá. Quien escribe esta columna tampoco. Entró con una partida de nacimiento falsa por problemas religiosos. O raciales. Hoy se dice indocumentado, o con papeles truchos.
El caretaje progresista se ha hecho una fiesta con una nueva tontería de Jaime Duran Barba, o de Macri. Lo llaman Adolfito. Les gusta patear penales sin arquero. Acusan de discriminación al Gobierno de la Ciudad por bajar el presupuesto del Garrahan porque atiende sólo el 15% de residentes porteños. A las bellas almas no se les ocurre que entonces el Gobierno nacional debería aportar el 85% o que directamente el hospital debería ser nacionalizado.
La realidad es que hace rato hay guerra de escaramuzas entre pobres usados y abusados por la corporación política y sus operadores mediáticos.
¿Qué hacer? ¿Escribir otro libro de historia para un nuevo feriado? ¿Salir a la calle con una cámara y armar un nuevo documental premiado en un festival eslovaco, malayo o venezolano?
Orden y progreso. Este lema es extraordinario. Los positivistas del siglo XIX sabían sintetizar el programa de la burguesía en ascenso. Hoy escuchamos que muchos están alarmados por la anarquía. A este desbarajuste por comer al día siguiente y no morir de humedad y a la intemperie lo llaman anarquía. A los cartoneros nocturnos, a los pibes que piden limosna, a los trapitos, quienes duermen en la calle, los que son explotados en los cientos de talleres de la Ciudad, todos son miembros de este neoanarquismo que inquieta a los positivistas porteños.
Orden y progreso. Hay muchos convencidos de que si nuestro país se diera cuenta de la oportunidad extraordinaria que nos ha brindado la China –para ponerle un nombre conocido– estarían dadas las condiciones para un despegue impresionante. Lamentablemente, la demagogia, el populismo, esta cultura política con ausencia de Estado son culpables de que no sigamos el ejemplo de… ¡Perú! Antes era Corea, después Irlanda, luego Chile, ahora es Perú, mañana, quien sabe, será la isla de Samoa.
Otra vez orden y progreso. En un momento dado, hace unos cien años, el lema tuvo su fisura. El orden se lo llevó el fascismo y el progreso quedó en desuso con el hecho poco previsto de que a mayor progreso se fabricaba también el arsenal para llevar a cabo un mayor poder de aniquilamiento de ciudades enteras con sus poblaciones adentro. La lucha de clases fue un antídoto de décadas al optimismo evolucionista burgués pero terminó en la burocracia criminal del sovietismo. Hoy nos queda la sociedad de conocimiento que sostiene que la educación iguala. Distribuimos chatarra con teclado y nos sacamos fotos de colores. Lo hicieron la Presidenta y el jefe de Gobierno. Era una nueva revolución educativa. Ya debe haber ocurrido esta mutación cultural pero no nos dimos cuenta, en Villa Soldati tampoco.
Dicen que el presupuesto de las viviendas de la Ciudad está subejecutado. Que el de la construcción de escuelas, también. El del Teatro Colón, por suerte, fue bien ejecutado aunque las funciones estén suspendidas. La plata sobrante podría estar a disposición de la nueva Juan B. Justo, que surcarán nuevos micros al menos hasta que volvamos a desentubar el arroyo Maldonado y la naveguemos como en Venecia. Otros dicen que hay que dejar de quejarse en vano porque el drama comenzó con la reforma constitucional que le dio autonomía a la Ciudad. Ahora se piensa que es impensable que exista un Gobierno porteño de oposición al lado de la Casa Rosada, y de la SIDE. Si tomamos en cuenta el delirio de la policía propia enfrentada a la otra gran policía con el resultado conocido, me refiero al jefe de la misma preso, ministros de Educación removidos por contratar espías extraños con nombre persa y falta total de preparación de la fuerza para estar presente cuando los “vecinos” se matan entre sí, el cambio fue no positivo. Hay que volver, entonces, insisten, al sistema de intendencia con interventor designado por el Poder Ejecutivo y una Ciudad bajo tutela nacional. De Mitre contra Urquiza, a Rodríguez Larreta contra Aníbal Fernández.
En síntesis, lo que ocurrió en Villa Soldati ha servido para que los argentinos pensemos nuevamente en que el orden es necesario para que nos llegue el progreso.
Tomás Abraham
Suscribirse a:
Entradas (Atom)