Un país que camina hacia el autoritarismo

La Argentina camina derecho hacia el autoritarismo, perversión política de la que creyó haber salido para siempre hace casi 28 años. El bloqueo total al diario Clarín, que ayer no pudo acceder a sus lectores, y el bloqueo parcial a LA NACION, que vio seriamente demorada la distribución de sus diarios, quedarán registrados dentro de la madrugada más regresiva de la nueva democracia argentina.

Constituyen, al mismo tiempo, un gravísimo precedente, porque quedó demostrado que un pequeño grupo de personas violentas y vandálicas, protegidas por un Estado autoritario, puede quebrar la natural y cotidiana relación entre los diarios y sus lectores. ¿Cuándo será el próximo bloqueo? ¿Cuánto tiempo durará en un país donde la policía es sólo un testigo privilegiado, inmóvil e impotente, de las peores violaciones de las leyes?

La culpa más grande no es de los que ejecutaron la depredación en la larga noche del sábado. Si sólo hubieran sido ellos, la solución no habría tardado en llegar más que unos pocos minutos. Desde enero último, existe una resolución del juez Gastón Polo Olivera, que dispuso que la circulación de medios gráficos no debe ser interrumpida jamás por una manifestación. Esa orden debió ser cumplida de inmediato por la policía, que es el brazo ejecutor de la Justicia, pero la policía se encuentra bajo la virtual intervención de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Garré tiene una historia de absoluta disciplina a sus jefes políticos; esa permanente sumisión implica que debió consultar la actitud de la policía con Cristina Kirchner. Lo que sucedió anteanoche fue la más grave agresión contra el periodismo libre desde 1983, dispuesta por la cima de un poder político sin medidas ni límites.

Ya se ha hecho habitual, de todos modos, que el gobierno kirchnerista no cumpla con las órdenes de la Justicia, cuando esas órdenes incomodan sus planes políticos o sus intereses personales. Desde la negativa a cumplir la orden de la Corte Suprema de Justicia, que lleva más de una década, para reincorporar al fiscal Eduardo Sosa en Santa Cruz, hasta la reciente desobediencia de la Policía Federal a una orden del juez federal Luis Armella, que mandó desalojar la ocupación ilegal de viviendas en Villa Soldati, el gobierno kirchnerista convierte los recursos institucionales y las fuerzas policiales en instrumentos para combatir de hecho a la Justicia. ¿Qué queda de la Justica cuando sus decisiones resultan escritas en el agua?

La policía fue advertida en la noche del sábado por LA NACION y Clarín de que sus talleres, vecinos en el barrio de Barracas, podrían ser víctimas de bloqueos. Un cable de la agencia oficial Télam, propagadora del "periodismo militante" del poder, se anticipó a la policía y a los propios manifestantes. Dio por hecho un bloqueo que todavía no había comenzado. El caso laboral del diario Clarín se encontraba resuelto y cerrado; la empresa había decidido en febrero la reincorporación del personal despedido. ¿Se necesitan más pruebas de la complicidad de las máximas instancias del Gobierno con el salvaje asalto a los diarios?

La policía, mientras tanto, se entretuvo en las inmediaciones sin hacer nada y se limitó a responder que se trataba de "una manifestación, no de un bloqueo". El silogismo es memorable por su impostura, porque la manifestación concluía irremediablemente en bloqueo, como sucedió. Las fuerzas de choque tienen al final más poder que la policía, que es lo mismo que decir que la ilegalidad se ha puesto por encima del orden constitucional. Las fuerzas policiales sólo actúan cuando la ilegalidad es opositora al Gobierno. Se trata de la cancelación tan lamentable como creciente del Estado de derecho.

No se trató, tampoco, de un relámpago en cielo limpio. El contexto indicaba que en algún momento el oficialismo acometería el asalto definitivo sobre los dos principales diarios argentinos. En el reciente aniversario del último golpe militar, el jueves 24 de marzo, las organizaciones sociales paraoficiales dedicaron poco tiempo a recordar ese hecho luctuoso de la historia y a repudiar sus criminales consecuencias. Su ocuparon, más que nada, del señalamiento del periodismo "enemigo" del Gobierno; precisaron los nombres de periodistas y de medios periodísticos, entre los que figuraban de manera sobresaliente LA NACION y Clarín. La noche del sábado fue la quinta vez que se intentó bloquear la salida de los diarios, aunque nunca antes se había llegado tan lejos.

Una semana antes, el dirigente del sindicato camionero Raúl Altamirano había amenazado directamente al periodismo libre por revelar información que afectaba a su líder Hugo Moyano. En el bloque de anteanoche estuvieron piqueteros con la clara identificación del sindicato de Moyano, que no es víctima de persecución política ni personal, sino de pesquisas judiciales, algunas de las cuales se llevan a cabo en Suiza por la existencia de cuentas bancarias con dinero supuestamente suyo.

Mañana, estará en Buenos Aires Hugo Chávez para, entre otras cosas, recibir el Premio a la Comunicación Rodolfo Walsh de la Facultad de Periodismo de La Plata. No es una parodia, sino una noticia. El oficialismo, que estuvo tentado de censurar a Vargas Llosa como principal orador en la Feria del Libro, decidió premiar a Chávez por su contribución al "periodismo militante". Chávez es el maestro que divulga en América latina la escuela de la agresión violenta y perpetua al periodismo independiente, que no se deja vencer por los favores del poder político y que resiste la intimidación y la calumnia. Cristina Kirchner se convirtió, por derecho propio, en su mejor alumna.

La noción de la libertad parece vacilar, pero su defensa ya no puede ser, a estas alturas, sólo responsabilidad de los periodistas. ¿Qué hará la sociedad, que fue privada de acceder a la información del medio periodístico que ella eligió? ¿Se conmoverá sólo por un día, para pasar mañana a preocuparse por cuestiones menos trascendentes? ¿Qué hará cuando no sólo un diario, Clarín, perdió millones de pesos en un día, sino que los canillitas también se quedaron sin una parte importante de sus ingresos?

Un párrafo aparte merece la oposición. La lucha por la libertad es más importante que la competencia electoral para comicios que se celebrarán sólo dentro de siete meses. La responsabilidad suya no es sólo defender del acoso a los medios periodísticos y a los periodistas, sino también a los ciudadanos que fueron privados de acceder a la información que necesitan para tomar decisiones colectivas. No será suficiente la mera declamación de discursos conocidos y repetidos cada vez que una nueva escalada encoge los espacios de las libertades esenciales. Debería hacer algo más en conjunto, trazar un límite donde los límites ya no existen. Hasta ahora, el ombliguismo opositor y el autoritarismo oficialista están dejando al país sin el indispensable oxígeno de la libertad.
Joaquín Morales Solá

La democracia descarnada

El año 1976 se vivió de manera antagónica a un lado y otro del Atlántico: la Argentina entraba en el período más oscuro y doloroso de su historia, España, con la muerte del dictador Franco, ingresó en el proceso ejemplar de una sociedad que debió despojarse del autoritarismo y estrenó su libertad denunciando las muertes, las desapariciones que pasaban del otro lado del Atlántico. España no sólo nos acogió con solidaridad, sino que la hoy prestigiosa prensa española nació y se nutrió con las plumas de muchísimos argentinos, expulsados o perseguidos por la dictadura militar. Fui beneficiaria de lo que hoy vivo como un privilegio, haber sido testigo de la transición democrática. Y haber ejercido el periodismo en libertad.

España antepuso los valores democráticos, exigidos por la Comunidad Europea como condición de integración a las razones del dinero y el mercado, que llegaron después. La Comunidad Europea le dio a España ese gran impulso democratizador que desde la segunda mitad del siglo XX fue consolidando la perspectiva jurídica que prioriza o antepone la libertad de expresión como un valor supremo de la democracia. Pruebas al canto: Este mes, la Corte europea de Derechos Humanos condenó al Estado español por violar la libertad de expresión del dirigente vasco Arnaldo Otegui, quien fue condenado a prisión por haber llamado al Rey, “el jefe de los torturadores”. El tribunal consideró que el Estado español vulneró la libertd de expresión, ya que la opinión no demanda demostración de exactitud y el dirigente se expresó en su condición de portavoz de un grupo parlamentario en el medio de una cuestion de interés público, la visita del rey Juan Carlos al país Vasco en febrero de 2003. Otegui había sido condenado en base al Código Penal español que otorga al jefe del Estado un nivel de protección superior al de otras personas o instituciones que prevee sanciones mas severas para el régimen común del delito de injuria. El tribunal consideró que la sanción fue “desproporcionada”, ya que una pena de prisión por los dichos en un discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que sólo admite excepciones cuando los discursos incitan al odio y la violencia. Los jueces que condenaron a Otegui interpretaron el fallo como un llamado de atención a los legisladores para modificar una ley que acepta que el Rey tenga coronita, que esté por encima de los otros ciudadanos. En contraste con el debate que generó en España la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, salta escandalosamente nuestra tradición autoritaria, perpetuada en la naturalización de fenómenos que son incompatibles con una sociedad de legalidad democrática. Tal es que los gobernantes busquen influir sobre la información, distribuyan la pauta oficial con criterio propagandístico, se siga confundiendo Estado con gobierno y que los periodistas no se hayan dado a sí mismos pautas deontológicas, acordes a la nueva concepción del derecho a la información. Parece natural que los piquetes impidan la circulación de los diarios, que algunos dirigentes políticos sigan culpando a la prensa por el crimen de María Soledad o se busque la Justicia para amordazar las denuncias por corrupción de los millonarios dirigentes sindicales.

A 35 años del 24 de marzo de 1976, deberíamos saber que el Estado está obligado a garantizar la libertad del decir, opinar, expresar, de la que están excluidos los discursos que incitan al odio y la violencia. No esperemos que los tribunales internacionales nos sienten en el banco de la penitencia, ya que no se puede invocar a los Derechos Humanos y luego exaltar las teorías de confrontación que han contaminado el lenguaje y los discursos. Aún cuando muchos se valen de la legalidad democrática para imponerse, la democracia no está amenazada. Sí aparece descarnada en sus residuos autoritarios.
Norma Morandini

Albert Camus y la construcción de la verdad

La justicia no consiste en abrir unas prisiones para cerrar otras. Consiste, en primer lugar, en no llamar “mínimo vital” a lo que apenas si basta para hacer que viva una familia de perros, ni emancipación del proletariado a la supresión radical de todas las ventajas conquistadas por la clase obrera desde hace cien años. La libertad no consiste en decir cualquier cosa y en multiplicar los periódicos escandalosos, ni en instaurar la dictadura en nombre de una libertad futura. La libertad consiste, en primer lugar, en no mentir. Allí donde prolifere la mentira, la tiranía se anuncia o se perpetúa. Está por construirse la verdad, como el amor, como la inteligencia. Nada es dado ni prometido, pero todo es posible para quien acepta empresa y riesgo. Es esta apuesta la que hay que mantener en esta hora en que nos ahogamos bajo la mentira, en que estamos arrinconados contra la pared. Hay que mantenerla con tranquilidad, pero irreductiblemente, y las puertas se abrirán. ¿Y por qué esperar a Navidad? La muerte y la resurrección son de todos los días. De todos los días son también la injusticia y la verdadera rebelión.