Zaffaroni no zafa

La amenaza más violenta que se le escuchó a Juan Domingo Perón fue aquella del cinco por uno. Por cada uno de los nuestros que caiga, caerán cinco de ellos. Esa ambición totalitaria de borrar al resto de la faz de la tierra, en las consignas, se musicalizó como: “Cinco por uno/ No va a quedar ninguno”. Pero el concepto de Perón más dañino institucionalmente fue: “Al amigo, todo, y al enemigo, ni justicia”. El primero, convoca al asesinato del adversario y el segundo, a la muerte de la República.

Ayer, Jorge Fontevecchia registró un nuevo reflejo condicionado del Gobierno porque “ante cada denuncia de los medios, no sólo no toma distancia del involucrado, sino que, fiel a su estilo, redobla la apuesta, haciendo efusivas muestras de su mayor cercanía y apoyo a la persona cuestionada”. Es decir, al amigo, todo. Y puso el ejemplo de Zaffaroni, que está cansado de tanto subir al podio de los homenajes después de que medios de esta editorial revelaron que cinco departamentos del juez fueron alquilados para ejercer la prostitución popular y prolongada. Para separar la paja del trigo, juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y diferenciar claramente la información dura y pura de la opinión.

Información: en cinco departamentos del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni se ejercía la prostitución. Su apoderado, Ricardo Serafín Montivero, quien también comparte domicilio fiscal con el miembro de la Corte, los había alquilado a través de una inmobiliaria que no tenía sus papeles legales en regla y que había sido advertida por la cámara que las agrupa. Marcia González, una mujer que está siendo investigada por la Justicia acusada de proxeneta, alquiló esos departamentos diciendo que eran para vivienda personal. En tres casos, lo hizo como inquilina y en los dos restantes, como garante. Dos de esos lugares fueron allanados por la Gendarmería un mes antes de que esta situación fuera informada por el periodismo. Allí se comprobó que se ejercía la prostitución y que había una regenta que recaudaba lo producido diariamente. La Justicia clausuró esas dos propiedades de Zaffaroni y se llevó las llaves que hoy son parte del expediente judicial. Una estrella del cine porno local contó que pagaba 6 mil pesos mensuales de alquiler, pero los contratos fueron firmados por unos 1.500 pesos en promedio.
Marcia González se reunió con Ricardo Montivero y el dueño de la inmobiliaria, Juan Calvo, y planificaron el desalojo de esos departamentos.

Hasta ahí, los hechos que no son flexibles. Subjetividad cero. Ni el propio Zaffaroni desmintió estas informaciones que acabo de repasar.

Opinión: ahora vienen algunas reflexiones al respecto. No hay un solo país del mundo en donde esto no sea una noticia. Cualquier diario, desde los más sensacionalistas hasta los más formales, hubiera publicado esta información si los departamentos pertenecían a un juez, diputado, periodista o cualquier persona pública. Mucho más tratándose de uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que, según un consenso importante, es uno de los de mayor prestigio académico e intelectual dentro de un cuerpo colegiado valorado como un activo democrático, académico y ético de este tiempo y uno de los principales logros del gobierno de Néstor Kirchner.

No hubo un solo periodista que acusara de algún delito a Zaffaroni y la inmensa mayoría fue muy respetuosa en el tratamiento informativo.

El doctor Zaffaroni hubiera podido cerrar rápidamente esa pequeña herida que se abrió en su imagen impoluta emitiendo un simple comunicado donde dijera más o menos lo siguiente: “Me siento absolutamente engañado y defraudado en mi buena fe. Voy a tomar las medidas correspondientes y pedirle explicaciones a mi apoderado y suspenderlo en sus funciones, hasta que me aclare por qué apeló a una inmobiliaria que no tenía los papeles en regla, que además alquiló los departamentos para que se ejerciera la prostitución. Voy a accionar legalmente contra la inmobiliaria y me voy a poner al servicio de la Justicia para lo que necesite, con el fin de ubicar a Marcia González y pedirle todas las explicaciones del caso. Agradezco al periodismo que permitió que me enterara de esta situación escandalosa que yo ignoraba absolutamente. Creo que una persona que tiene las responsabilidades que yo tengo debería tener el máximo de los cuidados en la administración de sus bienes, cosa que voy a hacer de ahora en más”. Con estas 142 palabras, Zaffaroni cicatrizaba esa pequeña lastimadura y a otra cosa. Se terminaba la historia. El único problema es que no dijo nada de eso. Entre otras cosas, dijo que había sido víctima de una “lapidación mediática” por un “problema de consorcio” y agradeció la ovación de apoyo que le brindaron en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA por sus extraordinarias capacidades como jurista, algo que nadie cuestionó.

Otra vez, como en el tema de los derechos humanos, se utiliza el prestigio en un área como escudo que da privilegios en otra. Sólo se trataba de dar todas las explicaciones como corresponde a una sociedad donde todos somos iguales ante la ley. También cosechó el respaldo de funcionarios y periodistas que privilegiaron sus simpatías ideológicas por encima de los hechos y acusaron a Héctor Magnetto y los medios hegemónicos de atacar a Zaffaroni. Nada de eso fue cierto. Yo diría que todo lo contrario.

Tanto Clarín como La Nación fueron especialmente escuetos con la información y curiosamente la editaron de manera poco relevante y tardía. Sólo los medios de Editorial Perfil y otros periodistas independientes siguieron el tema con el interés que una noticia semejante despierta. Ni el propio Zaffaroni acusó a Clarín y dio entrevistas a tres periodistas que trabajan en ese grupo.

Zaffaroni es conocido por sus distracciones y por estar lejos del mundo material del dinero y los alquileres. Una especie de genio que sólo se concentra para producir libros y teorías valoradas en todo el mundo. No creo que merezca ninguna sanción por sus olvidos. Sí creo que la actitud que tomó, una vez conocida la información, es más preocupante que los hechos mismos. Colocarse en el lugar de víctima de los medios no lo ayudó a mostrarse preciso ni responsable.

Oscureció toda la situación con su falta de claridad. Por eso, la pequeña herida que se abrió todavía sangra.
No va a cicatrizar con el silencio acerca de cómo ocurrieron los hechos. Y mucho menos, si no concurre a la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Con distintas intensidades, sus compañeros de la Corte están molestos con él. Creen que sería un zafarrancho que alguien pensara que a los amigos, como Zaffaroni, todo.
Así, Zaffaroni no zafa.
Alfredo Leuco

Déjà vu

Sucedió esta semana. Antes de comenzar la transmisión de un partido de fútbol, el relator Marcelo Araujo quiso dejar constancia pública de su conocida obediencia debida al jefe de turno y sacó de la galera una reflexión sobre las elecciones del pasado domingo con el evidente propósito de halagar, sobar, mover la manita para decirles a sus jefes: “Hey, miren lo que digo”, y dejar constancia de su incondicional lealtad con Cristina. Una probidad que, como todos saben, quedó demostrada ya cuando hacía lo mismo antes de la reelección de Carlos Menem en 1995.
La anécdota sirve para confirmar la sensación de déjà vu, de volver a ver, que provoca cíclicamente la realidad argentina. En 1995, poco tiempo después de que su hijo muriera en un trágico accidente, habilitado por la reforma constitucional de 1994, Carlos Menem fue reelecto con el 50% de los votos. Hoy, después de la inesperada muerte de El, hace poco menos de un año, Ella ha revertido la imagen desfavorable de su gobierno y se encamina a lograr su reelección con un porcentaje similar.
En 1995 se explicó el resultado como una consecuencia del “voto cuota”. La continuidad de gobierno de Menem y del uno a uno del peso con el dólar garantizaba que los créditos blandos dedicados al consumo se podrían pagar sin ajustes. Ahora se dice que más de tres millones de personas temen que si no sigue Ella, se les quiten o recorten los subsidios o asignaciones que reciben cada mes.
Y así, más. La oposición de 1995, peronismo disidente y partidos menores, se encolumnó detrás de la fórmula Bordón-Chacho Alvarez, que logró una considerable cantidad de votos, como en 2009 tuvieron Macri, De Narváez, Solá. Pero esas alianzas se disolvieron poco después de la elección por las ambiciones personales de sus dirigentes.
Y más. El menemismo contaba con el apoyo de dirigentes de la extrema derecha liberal, como María Julia Alsogaray y Adelina de Viola, acusadas luego, y procesadas, por delitos de corrupción. El kirchnerismo recibe también a varios dirigentes y militantes formados en esa escuela, como el candidato a vice Amado Boudou, que eligió Ella.
Y más. Se puede ver en YouTube a Néstor Kirchner reconociendo a Menem como a uno de los mejores presidentes de la historia argentina. Y a Menem, ahora, hablar muy bien del gobierno de los Kirchner.
El espacio breve de una columna de opinión no permite extender las relaciones y reflexionar sobre lo que en principio parecen sólo casualidades. Pero la memoria, cuando quiere de verdad afectar a la conciencia, es particularmente persistente. Y pregunta: ¿fue casual “la plata dulce” antes y el “uno a uno” años más tarde? ¿Es casual que menemismo antes o kirchnerismo ahora sean parte de los tantos nombres de fantasía que adopta el peronismo cuando quiere ocultar su pasado? ¿Es casual que el porcentaje de trabajadores en negro, de pobres y excluidos que viven de planes de alimentos y de subsidios, con políticas supuestamente opuestas, sean casi iguales después de casi 25 años de gobiernos peronistas?
¿Qué hay ahí de nosotros? Del eterno retorno a lo mismo.
Carlos Ares

Se oficializa la estafa a los jubilados

Si la Anses carece de dinero para pagar lo que debe por ley, como dijo su titular, es porque el Gobierno se lo apropió.
Sin vueltas ni pelos en la lengua, el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, informó a la Corte Suprema de Justicia que su organismo no puede cumplir con la sentencia de ese tribunal, que obliga a actualizar los haberes de todos los jubilados y, por lo tanto, no pagará automáticamente la movilidad reconocida en varios fallos del máximo tribunal.

Bossio lo expresó durante una exposición que efectuó ante los ministros de la Corte en la que, además, sostuvo que para el corriente año la Anses sólo autorizó a cancelar en efectivo sentencias por un máximo de 2400 millones de pesos, suma equivalente a poco menos del dos por ciento de los 137.000 millones que gasta en el pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y subsidios.

A partir del fallo Badaro, que reconoció la movilidad de haberes por el período de 2002 a 2006, y debido a la negativa de la Anses a actualizar las jubilaciones, 297.500 jubilados se vieron forzados a recurrir a abogados para demandar ante la Justicia al organismo con el propósito de poder cobrar, luego de largos y tortuosos procesos, la suma que les corresponde tras una vida de aportes.

Sin embargo, la estafa a los jubilados instrumentada por el Gobierno continuó, pues la Anses sólo se allanó a cumplir con las sentencias en 22.000 casos, es decir, en menos del diez por ciento. Ante la Corte, Bossio intentó explicar esa actitud aduciendo que el resto de las presentaciones no constituían aplicaciones puras del fallo Badaro porque se referían a otras fechas de actualización.

Pero incluso cuando los jubilados logran en los tribunales una sentencia favorable, la Anses la apela ante la cámara correspondiente y hay casos en que los jubilados que también alcanzaron un fallo favorable en la segunda instancia no logran que el organismo acate esas sentencias firmes.

De esa forma, la Anses incurre una y otra vez en un doble incumplimiento: por un lado, con la Justicia -que abarca desde la Corte hasta los tribunales inferiores- y por el otro, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la que se ha comprometido, precisamente, a no recurrir los fallos en favor de los jubilados. Ese incumplimiento es coherente con la actitud de un gobierno que vetó la ley que establecía el 82 por ciento móvil tan esperado por sus destinatarios.

En la justicia previsional se acumulan ya más de 470.000 demandas, que aumentan a razón de varios miles por mes. Esta situación despertó la lógica preocupación de la Corte, la consecuente explicación del director del organismo Diego Bossio y la decisión de ambas partes de constituir una comisión de trabajo para analizar el problema en profundidad.

Pero ese problema no es tanto económico sino eminentemente político y entraña una verdadera estafa a los jubilados, pues la imposibilidad de la Anses para cumplir con su obligación con los ex aportantes al sistema radica en que el Gobierno lo ha transformado en una caja para financiar planes sociales, créditos baratos para empresas y compra de bonos para cubrir el déficit del Tesoro. En una palabra, ha desnaturalizado la función del organismo a costa de los ingresos de los jubilados, justamente un sector de nuestra sociedad enormemente vulnerable en su salud y también en su capacidad emocional.

A su vez, para poder llevar a cabo la estafa, el Gobierno desobedece los fallos judiciales e incumple su compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Si se limitara a dar cumplimiento a su cometido y sólo pagara las jubilaciones, la Anses tendría un superávit operativo. Es en el vergonzoso desvío de sus fondos con fines eminentemente proselitistas donde radica esta estafa de dimensiones miserables con la que el Estado intenta aprovecharse del poco margen de vida que les resta a quienes obliga a pleitear durante años para cobrar, si tienen suerte, lo que por ley les corresponde.
La Corte Suprema y el Congreso deberían poner fin a esta estafa que Bossio ha oficializado sin reparar en sus tristes consecuencias.
Fuente: La Nación