La Argentina es hoy un país atravesado por dos brechas tan profundas como diferentes. Una es política e ideológica; la otra es social. No coinciden ni se superponen. Cada una, a su modo, representa un problema para quienes se hagan cargo del gobierno en 2015, quizá no el más urgente, pero sí uno de los más importantes.
La brecha político-ideológica no es nueva. Desde principios del siglo XX, con otro país y otra sociedad, se formó un patrón de convivencia política dominado por el faccionalismo y la denegación recíproca de legitimidad. Su origen se halla en la idea de la unidad del pueblo y la nación, amenazados por la conspiración de elementos ajenos, como la antipatria o la oligarquía. Tal idea, asumida sucesivamente por el yrigoyenismo y el peronismo, arraigó en experiencias sociales profundas, propias de una sociedad inmigratoria y con fuerte movilidad, de identidad inestable y conflictiva. Los excluidos generaron sus propios argumentos de recusación y la política se desarrolló hasta 1983 en ese contexto faccioso y conflictivo.
En 1983 pareció que se daba vuelta la página. La civilidad se unió alrededor de los derechos humanos y la democracia. La pluralidad fue valorada, aunque ya una cierta intolerancia se insinuó en el campo de los derechos humanos. Luego, mientras la decepción fue restando a la democracia su capacidad aglutinante, los protagonistas o herederos de los setenta abandonaron el lugar de "víctimas inocentes" y reivindicaron sus antiguas luchas y métodos. Se produjo entonces una asombrosa confluencia entre la reivindicación extrema de los derechos humanos y la de la lucha armada. Un compuesto político-ideológico -cabalmente expresado por Hebe de Bonafini- que, más allá de su íntima contradicción, tuvo enorme potencia para erosionar los valores del pluralismo y restablecer la brecha.
Este motivo ideológico se expandió en los noventa, en un debate fluido y abierto, mezclado con los reclamos por la democracia republicana y social que generó el menemismo. El kirchnerismo integró estos variados elementos -el progresismo, el setentismo y los derechos humanos- dentro de la antigua matriz peronista de la unidad del pueblo y la exclusión. El enemigo, definido de manera genérica, fueron los militares, el campo, Clarín o los jueces, de acuerdo con la coyuntura política y con las diferentes sensibilidades de los seguidores. A diferencia del peronismo original y de los setenta, hubo poca sinceridad y un uso instrumental, casi hipócrita, del discurso. El gobierno machacó empeñosamente y logró reconstruir la brecha política. Muchos se sintieron más cómodos con ella que con el pluralismo de 1983.
Los opositores tuvieron un papel más pasivo: recibieron los cachetazos sin estar convencidos de que debían devolverlos, porque les preocupaba la institucionalidad y porque se enredaron en las meritorias formas externas del discurso oficial. Pero no pudieron evitar el lugar en que los colocó el Gobierno. De ese lado hubo poca argumentación eficaz, y el vacío se llenó con descalificación personal, más bien mezquina. Una buena parte de la gente común contempla hoy, sin entender demasiado, el feroz enfrentamiento de dos grupos más apasionados que razonantes, encastillados en sus argumentos, que no encuentran terreno común para dialogar y que ni siquiera coinciden en los hechos y los datos sobre los que discutir.
La segunda brecha divide en dos a la sociedad: la parte normalizada o establecida y el mundo de la pobreza. Se trata de un fenómeno relativamente nuevo: antes de los años setenta la Argentina tuvo pobres y "villas miseria", pero no un mundo de la pobreza. Éste se formó desde fines de los setenta, por el desempleo -fruto de la apertura económica y las privatizaciones- y por la deserción del Estado. Viene creciendo de manera sostenida, hasta incluir una cuarta parte de la población, o quizás un tercio. Entre diez y doce millones de argentinos están privados de lo que nuestra sociedad y nuestra época han llegado a considerar lo mínimo de una existencia digna.
En estas cuatro décadas, la sociedad argentina se polarizó y se segmentó. A una parte no menor le va muy bien. Otra parte -las "clases medias" y los trabajadores formalizados- logra con dificultad mantener lo que antes se llamaba la "decencia": la vivienda, el trabajo, la confianza en la educación, la expectativa de que los hijos estén mejor. También una cierta confianza en que el mejoramiento individual guarda alguna relación con el interés general. El mundo de la pobreza también tiene solidez e identidad, y una fuerte capacidad para reproducirse. Se ha consolidado un tipo de sociabilidad comunitaria, una forma de entender la vida y un conjunto de valores y expectativas singulares, que ya no dependen de la falta de empleo. Ni el trabajo estable ni la educación ocupan un lugar central, y la ley tiene una significación relativa. Pero, en cambio, son sólidas las jefaturas personales, de referentes o de "porongas".
Son dos partes diferentes, pero con muchas relaciones. Hay nexos positivos, como el Estado, que llega cuando hay que apagar un incendio, o las organizaciones voluntarias, que articulan redes solidarias. Pero los nexos negativos son más fuertes: las organizaciones delictivas, el narcotráfico y hasta la policía, ubicada a ambos lados de la ley. La Salada, importante para la subsistencia de los pobres, constituye en el fondo un formidable mecanismo de explotación. Finalmente la política, enganchada con el poder público, ha montado un sistema para traducir la ayuda estatal en apoyo político y votos.
Los que hablan por los pobres son pocos. Los sindicatos tienen su base en los trabajadores formales. Muchas organizaciones sociales se han integrado a la maquinaria del gobierno, y sus dirigentes medraron. Perdieron fuerza las organizaciones piqueteras más radicales, que en su momento impulsaron su autoorganización. Sólo sigue siendo efectivo el recurso de irrumpir en el mundo de la sociedad establecida para recordar su existencia, con piquetes o con la cotidiana ocupación de las calles. Suficiente para la dádiva, pero insuficiente para generar políticas más consistentes.
La brecha política y la brecha social son intolerables, pero diferentes. La primera envenena la convivencia y obstaculiza la reflexión colectiva. La segunda constituye un problema estatal y sobre todo un desafío ético. Hay pocas relaciones entre ambas. La protesta de los pobres carece de la fibra ideológica y política que movilizaba a villeros y trabajadores en los setenta, y también del sentimiento que en su tiempo suscitaron Perón y Evita. Con los Kirchner hay más cálculo que pasión, y muy poco amor. En cambio, hay pasión entre quienes se alinean ideológicamente con el Gobierno, pero sus ideales no pasan particularmente por los pobres. No se parecen a los jacobinos de la Revolución Francesa, que honraban la igualdad del pueblo, sino a los de Napoleón, que encontraron en el discurso jacobino un instrumento eficaz para el mejoramiento personal.
Son problemas que requieren políticas distintas. En el caso de la brecha ideológica, poco puede hacerse con este gobierno. Cuando cambie, habrá que tener bien presente la nefasta experiencia de 1955 y evitarla. El pluralismo y la convivencia -que parecen cuadrar poco con nuestro ADN cultural- deben volver a ser, como en 1983, un principio básico, y habrá que hacer todo lo necesario para que quienes hoy están en costados distintos de la brecha vuelvan a convivir en armonía. Aunque no sea apasionante, es un objetivo razonable.
Cerrar la brecha social, en cambio, es una tarea de largo plazo, más bien un horizonte, de esos que ayudan a caminar. A las dificultades específicas hay que sumar la previsible resistencia de todos los que se benefician con la pobreza, incluyendo políticos tentados con heredar el sistema. Es una tarea de todos: de los gobiernos, de sus opositores y de la sociedad civil y sus organizaciones. Sobre todo, es la tarea del Estado. Un Estado que hoy está hecho jirones y que, simultáneamente, debemos empezar a recomponer.
Luis Alberto Romero
