Y fueron por todo

El gobierno de Cristina es el principal responsable de los saqueos que generaron tanta angustia. No es políticamente correcto, pero hay que decir que los dramáticos sucesos fueron producto de las tres “I”: inflación, inseguridad e inequidad. Son tres realidades sistemáticamente negadas por un discurso oficial blindado. Juan Manuel Abal Medina fue irrespetuoso con los más humildes con tanta fanfarronería de Estado. Dijo que Moyano, Micheli y sus muchachos querían “quebrar la paz social y el gran momento que vive la Argentina”, y que “nunca estuvimos mejor”. Tiene razón el ex funcionario de Fernando de la Rúa: él nunca estuvo mejor. Me hizo acordar de un viejo chiste-chicana sobre la corrupción de los gobiernos. Dice que Cristina y sus ministros son ateos porque no pueden creer que haya una vida mejor después de ésta. Insisto, en el caso de muchos integrantes del oficialismo es rigurosamente cierto. De hecho, Puerto Madero tiene la mayor cantidad de funcionarios por metro cuadrado. El caso más emblemático, además de la Presidenta, es el de Amado Boudou, que tuiteó: “Seguimos trabajando para quien más lo necesita. Ellos no saquean ni se llevan plasmas en 4x4. Saben que hay una presidenta que trabaja para ellos”.

¿Tanto compraron su propio discurso que son incapaces de reconocer que en la Argentina todavía hay pobres, desocupados, excluidos y marginales? ¿Tan ciegos están en la defensa cerrada de sus privilegios que ignoran que hay un promedio de un millón de jóvenes “ni”, que ni trabajan ni estudian? ¿No pueden comprender que es cierto que hubo una gran mejora en el empleo, en el crecimiento vigoroso de la economía y en la ampliación de los derechos, pero que todavía falta muchísimo? ¿Creen que ésas son mentiras de la corpo? ¿No salen a la calle? ¿Se tragan el verso de que en Chaco no hay más pobres? ¿No se dan cuenta de que los problemas estructurales siguen vivitos y coleando? ¿Viven para engañar o se autoengañan?

Más lastimoso fue eso de que no tienen hambre porque roban plasmas. Son humildes pero no boludos. No sean hipócritas. Un LCD de 32 pulgadas con HD Ready y sintonizador digital vale igual que 375 panes dulces Festiva de 400 gramos, que están en oferta. Nadie come plasmas, pero tampoco vidrio. No se puede incitar a cometer delitos, pero tampoco masturbarse con el librito de Laclau donde dice que el pueblo es bueno, revolucionario y ama a Cristina y los vándalos son los que roban en forma organizada para Magnetto y los golpistas.

La vida real es un poco más compleja y mezclada. Es cierto que en su inmensa mayoría los pobres son honrados. Pero no se podría decir lo mismo de los más altos funcionarios. El que saquea a un saqueador, ¿tiene cien años de perdón? ¿Amado Boudou hubiera arrebatado el pan dulce o el plasma? “Plasmas para todos” es un lema que irónicamente hicieron correr los pibes que robaron todo lo que encontraron. Esos también son argentinos. Los de La Cámpora suelen cantar “Cristina corazón/ acá están los pibes/ para la liberación”. Los que sacudieron los supermercados y todo tipo de negocios también son pibes. Los saqueadores pusieron en acto la orden de Cristina de ir por todo. Y tampoco se detuvieron ante la ley.

Es que son los nuevos desaparecidos. Fueron ignorados por el triunfalismo del discurso oficial que sólo ve Tecnópolis y Bicentenarios delante de sus narices. Son muchachos que fueron borrados del mapa. No existen en la palabra ni en los números. No tienen trabajo ni paritarias, no tienen cajita de fin de año con sidra ni tienen futuro y, encima, los ignoran y todo el tiempo les están refregando en la cara que “nunca estuvimos mejor en este gran momento de la Argentina”. Ojo con esa provocación. Ambas cosas son ciertas: el bienvenido aumento del consumo y la malvenida presencia de la exclusión. Es la cara oculta de la Argentina. Es el subsuelo sublevado de la patria. No son lúmpenes al servicio de la oposición.

Son hijos de esas tres “I” negadas obsesivamente.

La “inflación” de los alimentos supera el 35% y es una piraña que se deglute los ingresos de los que hacen changas o trabajos no registrados. El Gobierno reconoce que son cuatro de cada diez argentinos. Para las consultoras privadas, el número es todavía más grave.

La “inseguridad” crece en esa tierra fértil de los que no tienen nada para perder. La vida no vale nada para ellos y por eso el paco, los narcos y las barras bravas de los clubes reclutan su tropa en esos lugares. Eso lo sabe cualquier vecino honesto de las barriadas populares y de las villas. ¿El Gobierno? Bien, gracias. Habla de sensación y en la práctica deja zonas liberadas porque congela a las fuerzas de seguridad por temor al gatillo fácil. Ningún gobierno democrático debería fomentar la mano dura jamás. Pero tampoco mirar para otro lado, porque multiplica el crimen que también mata al pueblo trabajador.

La “inequidad” es la que no se ha modificado, pese a la década de hipercrecimiento. Mejoró el empleo, bajó la pobreza y abrieron fábricas, pero la diferencia entre los más ricos y los más pobres sigue siendo la misma. Y ver cómo muchos consumen y a muchos otros ni se les reconoce la existencia produce un gran resentimiento.

Es un plan sistemático para olvidarlos. Los matan todos los días con la indiferencia. Por eso, cuando pueden se toman revancha. Asoman la cabeza y se hacen ver. Unos se beneficiaron con las tasas chinas y otros eligieron saquear los supermercados chinos.

Hugo Moyano dijo que Abal Medina, según el manual oficial para crisis, buscó culpables en lugar de soluciones y acusó sin pruebas, flojo de papeles, “al más puro estilo de la dictadura militar”. Otros voceros del Gobierno ya lo habían hecho en su momento. Aníbal Fernández contra los militantes de Pino y el PO por la quema de trenes, y Horacio Verbitsky contra Néstor Pitrola por los desmanes de la estación Constitución.

Nunca hubo una prueba. Esta vez fue tanta la sobreactuación que militantes kirchneristas fueron a los supermercados a defender el modelo al lado de la Gendarmería. Infantilismo irracional y peligroso.

La Justicia determinará quiénes fueron los autores materiales, pero los autores intelectuales están en el Gobierno nacional, por acción u omisión.

Un Estado ausente que niega la existencia de la inflación, la inseguridad y la inequidad social. Un Estado ausente incluso a la hora de garantizar la paz social. Un doloroso fin del año de las oportunidades perdidas.

Alfredo Leuco

Disecación

Para disecar lo que sucede, hay que acudir a una anatomía del disparate. Tras el abortado 7D, hay rasgos tremendos de un modo de ser que explican el doloroso naufragio que viene de sufrir el grupo gobernante. Van por orden alfabético, como ayudamemoria de las características que pautan el accionar del Gobierno desde mayo de 2003.

Se ha querido imponer una decisión de manera tan imponentemente vertical que suscita asombro. Convencida de que su triunfo electoral de hace 14 meses fue una coronación imperial, la Presidenta se sumergió en una cruzada abroquelada en la idea feroz de la autoridad: ordeno y mando. Característica central de su gestión, el autoritarismo devino religión, base sacrosanta e intocable de una fe irracional. Se entiende el porrazo del 7D por ese mecanismo autoritario inflexible con el cual se maneja el Ejecutivo. Marca indeleble de personas emocionalmente vulnerables, el capricho ha sido durante siglos la forma preferida de ejercer el poder por parte de imperios, monarquías, satrapías y emiratos, flujo vital del modo vertical: desde el poder nada es imposible y todo se puede, hasta los antojos más evidentes.

Cuando Néstor Kirchner comparó las luchas de los productores agropecuarios contra la Resolución 125 con la expresión de “grupos de tareas” y “comandos civiles”, mostró un ángulo proverbial del modo de entender y proceder de él y sus seguidores, un desbocamiento descabellado y visceral. Es el mismo Kirchner que en 2004 pidió “disculpas” por los “silencios” de la democracia en materia de derechos humanos, por lo cual después tuvo que pedirle él disculpas privadas, nunca públicas, a Alfonsín. Desmesura colosal determinante, no son espasmos involuntarios. Cuando el castrense Kunkel habla de “golpe” judicial o el precario Alak define como “alzamiento” una decisión judicial, no son tropiezos emocionales pasajeros. Zambullirse irreflexivamente es una clave del kirchnerismo, a suerte y verdad.

Desprovisto de elemental prudencia institucional, el grupo gobernante toma decisiones trascendentes como producto de su desesperación. El legendario “¿qué te pasa, estás nervioso?” es perfecta proyección de su propio mecanismo cotidiano. Vivir en el filo del precipicio, voluntariamente, genera una excitación carente de esperanzas. Para el grupo que gobierna la Argentina, conducir es existir desesperadamente. Todo empapado de ribetes monumentales, cancelada la sana rutina de la construcción silenciosa, el kirchnerismo se instala en el dramatismo y no sale de él. Todo lo que piensa, organiza y ejecuta va a ritmo desmesurado. No gobierna, refunda; no gestiona, estrena; no coordina, impone. Nada de esto puede hacerse desde una –por ellos detestada– normalidad. Viven y descarrilan al ritmo de acordes marciales, en alteración emocional permanente.

En la cruzada emprendida desde 2003 no hay límites ni marcos a respetar. Asumida la impronta castrense de guerra prolongada, ensañarse vilmente contra los “enemigos” es recurso admitido y exacerbado. Todas y cada una son la madre de todas las batallas, por lo que no hay tregua ni consideraciones. Para que estos criterios se asuman y perpetúen, se precisa adoptar y exhibir fanatismo sin respiro. El kirchnerismo y el cristinismo devinieron actos de fe. A la fe no se la discute ni matiza: se la abraza hasta la inmolación suicida.

Vivir y proceder así supone adoptar la ensoñación crónica de una fantasía existencial. De ahí la inicial y luego malograda apuesta a un Eternauta delirante. Esa vocación por mimetizarse con personajes diseñados desde construcciones irracionales define el entero aparato de la construcción kirchnerista, incluyendo una brutal capacidad de mentir y negar hasta lo más evidente. Mecanismo psíquico conocido y por el cual una persona no consigue evadirse de obsesiones persecutorias, el grupo gobernante padece la fijación de su odio visceral al periodismo desde su prehistoria santacruceña. Eso no cambió en treinta años de ocupar administraciones comunales, provinciales y nacionales. Supera largamente los delirios setentistas, cuando las vanguardias sostenían que el pueblo estaba alienado por culpa del adoctrinamiento burgués e imperialista. La fijación kirchnerista es mucho más de lo mismo, un automatismo que asfixia y del que no puede prescindir.

De la mano de esa fantasía indomable, se gobierna en total desapego de la realidad. Si el ‘68 francés consagró un frívolo “la imaginación al poder”, la metálica propuesta kirchnerista gira sobre una equiparable alucinación. En tal sentido, el inolvidable viernes 6D (nube tóxica porteña y diluvios jamás experimentados antes) expone la miseria social de esa imaginación. Con la vida patas para arriba, el Gobierno aguardaba la muerte del Grupo Clarín. Choco, me levanto y embisto. Tropiezo, fracaso y retorno a lo mismo. Marca registrada de un gobierno conceptualmente confesional que se maneja desde la fe ciega a sus preceptos; la obcecación es su manera de ser. Cree que eso es tenacidad. La obsesión es vivencia dominante y cautivante. El Gobierno no ha podido ni tampoco querido manejarse desde una paleta de amplio registro. El obsesionado reitera conductas excluyentes. Alguien o algo dentro de sí ha elegido una opción esclavizante de la que no puede librarse. La obsesión obsesiona, y el obsesionado sólo vive en función de su obsesión.

Una conducta política clavada en la obsesión sólo respira en un clima de insufrible obstinación. Secuestrada la percepción de la realidad y la adecuación a sus preceptos, el grupo gobernante sólo funciona y halla su razón de ser desde la reiteración obstinada. Esto se complementa con prepotencia y torpeza. Una mala praxis común se transforma en desgracia institucional cuando va acompañada de hiriente altanería. Lubricada con un revanchismo asombroso, la gestión oficial revela gran parte de sus pulsiones por su voracidad patrimonial y política inocultable. Finalmente, todo se hace más grave por la pertinaz ideología de añejo voluntarismo que persiste en los métodos y las decisiones del poder. Si el delirio omnipotente del foquismo sesentista era que “el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”, los actuales tributan a ese desastre que hace medio siglo llevó a la muerte a decenas de millares de jóvenes, sazonada con la locura criminal de la “contraofensiva” montonera, que lanzó al martirologio en 1980 a centenares de militantes convencidos de que estaban alumbrando el futuro. Son 18 estas claves: autoritarismo, capricho, desbocamiento, desesperación, dramatismo, ensañamiento, fanatismo, fantasía, fijación, imaginación, obcecación, obsesión, obstinación, prepotencia, torpeza, revanchismo, voracidad, voluntarismo. Sumadas, dan 7D.

Pepe Eliaschev

Relato engañoso

La prudencia oficial evitó el default. Pero la guerra por el 7D nubla la mirada del Gobierno.

La situación fue dramática. Por suerte, ante tanto dramatismo, la Presidenta por una vez escuchó; finalmente  comprendió lo imprescindible de actuar con prudencia, de dejar de lado los gestos tribuneros y de evitar expresiones más propias de patoteros que de un estadista. Todo ello, agregado a un cambio de 180 grados en las proposiciones hacia los fondos buitre, constituyó los ingredientes fundamentales que permitieron obtener un fallo favorable en la Corte de Apelaciones de Nueva York que dispuso dejar en suspenso hasta el 27 de febrero de 2013 el fallo del juez Thomas Griesa. De no haber ocurrido eso, lo que hubiera sucedido habría puesto al país en una situación de default técnico de consecuencias catastróficas para nuestra economía. La decrepitud moral de los fondos buitre está fuera de toda discusión. Sin embargo, el problema no es la calificación moral de lo que representan sino los fundamentos legales sobre los que asientan sus reclamos. Pues es sobre ellos que fundan sus demandas en las cortes en las que se ventilan este y otros casos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha creído hasta aquí que la mejor manera de pulverizar esas demandas era ignorándolas. Ese fue un grueso error, como también lo fue creer que gritando aquí y allá que nunca les pagarían un solo dólar los obligarían a un destino de resignación, sin darse cuenta de que al decir eso lo que se estaba anunciando, en verdad, era que se desoiría un fallo de un juez.

La Presidenta está mal acostumbrada a que esto sea posible en este presente por el que atraviesa nuestro país. Lo que no advirtió es que Nueva York no pertenece a la Argentina y que allí las cosas son diferentes. El fallo de la Corte de Apelaciones de ese distrito le ha dado tiempo al Gobierno para reiniciar las negociaciones con esos fondos. Por lo tanto, la reapertura del canje habrá de ser un hecho. Eso es lo que debió haberse planteado hace mucho tiempo. Como señaló Roberto Lavagna, todo esto sucedió porque la Presidenta no cumplió con los pasos que se habían establecido en el canje de 2005. Hay ahora una nueva oportunidad para el país que el Gobierno no debe desaprovechar. ¿Habrá aprendido la lección?

Con todo, el episodio de mayor gravedad institucional en la semana fue la presentación formalizada por los camaristas del fuero Civil y Comercial –algunos de los cuales tienen una conocida afinidad con el Gobierno– en la que denunciaron, ante la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial de la Corte Suprema, las presiones a las que vienen siendo sometidos por el Gobierno a través de la larga serie de recusaciones que ha paralizado a esa rama del sistema judicial. Esta denuncia, inédita en los casi treinta años transcurridos desde la recuperación de la democracia, se ve agravada por el documento anexo que la acompaña, en el que se lee un memorándum del ministro de Justicia, Julio Alak, con un instructivo destinado a señalarles a los magistrados cómo deben fallar. Esta es la concreción de uno de los actos de avasallamiento de la independencia de los jueces más escandaloso de los que se tenga memoria. Ello ha dado origen a una situación de denegatoria de Justicia que la Corte ha reconocido, que es consecuencia de la guerra del Gobierno contra Clarín, y que tiene implicancias ominosas que van más allá de este caso. Sin una Justicia independiente no hay República. Este es el contexo en el cual se entra a la semana decisiva que lleva al 7D, a la que el Gobierno ha presentado como una fecha en la que se refundaría la Argentina. En la Corte hay quienes esperan que el juez Horacio Alfonso emita su veredicto esta semana. Otros lo ven dudoso y piensan que eso ocurrirá después de la feria judicial. De todas maneras, los que conocen lo que se dice en los pasillos ubican al juez como cercano al Gobierno y, por lo tanto, descuentan que su fallo será adverso a Clarín. Ese fallo, sea cual fuere su contenido, no será firme y, por ende, dará pie a una apelación que llegará inexorablemente a la Corte. Por lo tanto, el 7D nada debería suceder. Sin embargo, en la Corte hay quienes creen que el Gobierno no respetará esta premisa elemental de cualquier Estado de derecho y actuará de oficio, procediendo a dar comienzo al desguace del Grupo Clarín. De ser así, la Presidenta habrá visto concretado su anhelado sueño de destruir TN, uno de los objetivos clave de la Ley de Medios. Será ése, además, el momento en el que el Gobierno habrá dado un paso más en su cruzada por hacer de la Argentina un país lo más parecido posible a la Venezuela de Chávez.

El último Aló Presidente debería ser motivo de un análisis profundo por parte del numeroso equipo de burócratas que manejan la comunicación presidencial. Algo raro, difícil de definir, le está sucediendo a la Presidenta. Llama la atención la falta de conciencia del real significado de algunas cosas que allí dijo. Básicamente dos, relacionadas con su embate contra los jubilados que reclaman que se les pague ni más ni menos que lo que les corresponde. La primera, cuando Fernández de Kirchner señaló que “es muy fácil hacer justicia social con la plata del Estado”. Pregunta: ¿Y con qué plata, si no la del Estado, hace justicia social la jefa de Estado? En realidad habría que decir que el Gobierno lleva adelante una política de injusticia social cuando, en lugar de destinar la plata de la Anses a pagar las sentencias favorables a los jubilados, desvía esos fondos a propósitos de propaganda política como, por ejemplo, el Fútbol para Todos. La segunda, cuando equiparó esos reclamos justos de los jubilados a los de los fondos buitre. ¿Considerará, pues, que su madre, Ofelia Wilhelm, actuó como un fondo buitre cuando demandó a la Anses por las deudas que el organismo tenía con ella, demanda que tuvo un fallo favorable que, además, se pagó sin demoras?

Uno de los rasgos de la enfermedad de poder es que quien lo padece cree que puede hacer o decir cualquier cosa sin que ello tenga consecuencia alguna. Esa es la idea que subyace en el “relato” en el cual sustenta la Presidenta buena parte de su gestión. Hay que reconocer que hasta aquí la ha acompañado el éxito. Sin embargo, debería tener en cuenta la famosa frase de Abraham Lincoln que dice: “Se puede engañar a todos durante algún tiempo; se puede engañar a algunos todo el tiempo; pero lo que no se puede es engañar a todos todo el tiempo.”

Nelson Castro

Las trampas legales del populismo

A diferencia del constitucionalismo moderno, que fija las bases fundamentales de la organización social, en la variante populista los textos no están hechos para durar, sino para cambiar en función de las necesidades del proyecto de poder.

El constitucionalismo es un producto de la modernidad concebido para fijar límites al poder. Sus instituciones fueron ideadas para perdurar en el tiempo y consolidar un núcleo de derechos y garantías fundamentales. El constitucionalismo populista es un producto posmoderno que implica una regresión al poder sin límites. Propicia constituciones maleables con el objetivo de eternizar un proyecto de poder presente. Nuestra Constitución abreva en la tradición de la razón plural, democrática y republicana. Sus principios y valores nos definen como Nación. El desafío es cumplirla, no reformarla.

El Estado constitucional se nutre en los ideales de libertad , igualdad y fraternidad. El Estado de Derecho, su ahijado, que postula la sumisión del Estado a la ley, ha plasmado principios y garantías inalienables de cara al futuro. Sobre esos fundamentos sólidos de protección de la sociedad civil frente a las tentaciones del poder autoritario, el constitucionalismo moderno pudo avanzar e incorporar a su base dogmática derechos sociales, económicos y culturales ("derechos humanos de segunda generación") y derechos y garantías vinculadas al medio ambiente y a la solidaridad social ("tercera generación"). La interdependencia de todos estos derechos y garantías y sus posibilidades de realización han generado y motivan debates que traducen proyectos políticos que compiten por la alternancia en el poder. En esa alternancia, hay mayorías y minorías circunstanciales que asumen roles de oficialismo y oposición en el marco de un sistema de reglas con controles y equilibrios que hacen previsibles los cambios.

En el siglo XX, Bertrand de Jouvenel sostuvo que las sociedades se resisten a que el porvenir sea absolutamente desconocido, más bien prefieren que sea preconocido. Crean instituciones, conceden poderes al Estado y planifican el futuro para acotar la incertidumbre. Para Jouvenel, todo poder es, de alguna manera, poder sobre el porvenir. Porque el poder es capacidad de acción que afecta a lo que viene y no sólo al más inmediato presente. El Estado constitucional no sólo fija límites al ejercicio del poder presente, también da previsibilidad a los cambios en el ejercicio del poder futuro. Su vigencia acota riesgos, aporta confianza y tiende un puente de certidumbre institucional entre el pasado, el presente y el futuro.

Muchos autoritarios estigmatizan al constitucionalismo moderno por su tradición liberal y su evolución concomitante al desarrollo del sistema capitalista. La Revolución Inglesa de 1688, la independencia norteamericana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789 son hitos políticos innegables en la construcción del Estado constitucional; pero los derechos civiles y políticos que se derivaron de aquellas gestas fueron precisamente los que, en el futuro, permitieron modelar cambios e instituciones que tradujeron la acumulación y el crecimiento capitalista en desarrollo económico y social para los pueblos.

Sin derechos humanos de primera generación, es una quimera imaginar la vigencia de derechos humanos de segunda y tercera generación. Los experimentos de ingeniería social que por derecha o por izquierda se propusieron sintetizar la razón con la libertad y la igualdad, en realidad, empezaron aplastando la libertad bajo el pretexto de la razón y acabaron por mostrar que en esa misma razón se reproducía un delirio de poder. Los desvaríos de la razón instrumental y autoritaria siempre estuvieron al acecho de la tradición constitucional y del Estado de Derecho, pero nunca pudieron socavar sus fundamentos y abolir sus ideales. Las sociedades más prósperas y desarrolladas del planeta conviven bajo el Estado de Derecho.

En el siglo XXI, el Estado de Derecho enfrenta nuevos peligros. La simbiosis entre el populismo y los valores posmodernos ha entrampado a muchas sociedades en el corto plazo. La entronización del presente y el "imperio de lo efímero" son refractarios a postulados principistas. Todo deviene, todo cambia. También mutan las bases fundacionales de la organización social. El sello distintivo del "constitucionalismo populista" es que los textos no están hechos para durar, sino para cambiar en función de las necesidades del proyecto de poder. Expresan aspiraciones populares de un momento histórico en largos articulados que resumen la sumatoria de las demandas sociales insatisfechas de los individuos, los grupos y las regiones, pero no explicitan los instrumentos para satisfacerlas. En lo político, buscan alinear el todo con la regla de la mayoría y camuflan la participación democrática en el uso discrecional del mecanismo plebiscitario. Para ello, a los tres poderes clásicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) suman dos nuevos poderes: el poder ciudadano y el poder electoral. Los nuevos poderes y la herramienta de la reelección ilimitada buscan asegurar la continuidad del proyecto de poder presente. Es lo único que no cambia, donde todo deviene.

Los juristas Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, profesores de Derecho de la Universidad de Valencia e inspiradores intelectuales de este constitucionalismo posmoderno, sostienen que las constituciones deben ser documentos cambiantes que se adapten rápida y flexiblemente a las nuevas condiciones políticas. Deben ser fáciles de enmendar y reformar, y su expectativa de vida no se espera que supere los diez años. Estos autores, que desde su think tank europeo, la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, trabajaron activamente en los textos de las nuevas Cartas Magnas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, también enseñan que las nuevas constituciones deben ser documentos sin terminar, siempre sujetos a ser enmendados por la gente, "la verdadera depositaria de la soberanía y el poder". ¿Democracia directa como quería Rousseau? No, más bien "democracia delegativa" como lo planteó el documento pionero de Guillermo O'Donnell.

Hay autores que se refieren a las nuevas constituciones como "aspiracionales" para distinguirlas de las constituciones modernas que tendían a ser "protectoras". Con esa diferenciación tienden a sugerir un proceso evolutivo y superador, cuando en realidad, lo que está en juego son plataformas ideológicas y valorativas diferentes. El constitucionalismo moderno que limita el poder y da previsibilidad a los cambios en su ejercicio también sienta las bases institucionales de largo plazo para alcanzar el desarrollo económico y social y satisfacer las aspiraciones sociales. El constitucionalismo posmoderno, por el contrario, libera restricciones al poder presente con la excusa de satisfacer aspiraciones sociales en el corto plazo. Uno rescata valores e ideales históricos para apuntalar un proyecto futuro; el otro aspira a eternizar el proyecto presente. El moderno habilita liderazgos políticos acotados en el tiempo y, de vez en cuando, promueve estadistas; el posmoderno apuntala liderazgos personalistas y caudillescos.

John Rawls, en su Teoría de la justicia, siguiendo la tradición del Estado constitucional y argumentando en contra de la concepción utilitarista que tiende a identificar justicia con eficiencia, asume tres principios constitutivos básicos para realizar el ideal de justicia social: a partir de una dotación igualitaria de derechos y deberes básicos, la justicia social generacional debe ocuparse en especial de los menos aventajados y la justicia social intergeneracional del "principio de ahorro justo", de lo que esta generación deja para los que vienen. No hay ideal de justicia social realizable cuando las sociedades quedan institucionalmente entrampadas en el corto plazo.

La Constitución Nacional que nos rige es heredera del constitucionalismo moderno. La democracia recuperada repuso su vigencia. La acatamos como ley de leyes, pero la cumplimos a medias. Hay derechos y garantías que plantean aspiraciones siempre postergadas (el trabajo digno del famoso 14 bis, por ejemplo). Hay disposiciones de la reforma del 94 que todavía aguardan implementación, como el siempre postergado pacto fiscal (nueva ley de coparticipación). Pero nuestras frustraciones políticas, sociales y económicas no tienen que ver con las bases de nuestro pacto fundacional, sino con la sistemática transgresión a su letra y espíritu. Las páginas más negras de nuestra historia se escribieron cuando la Constitución Nacional perdió toda vigencia. El desafío no es reformarla para institucionalizar el populismo posmoderno, sino cumplirla para generar la alternativa económica y social que nos permita superar las trabas que inhiben la realización de nuestro potencial.

Daniel Gustavo Montamat

El populismo encuentra su espejo

Entre las tantas evocaciones que le suscitaron, Borges escribió que los espejos le infundían temor: infinitos, insomnes, fatales, los llamó en un célebre poema. Antes, Shakespeare había usado el espejo como signo profético de la catástrofe política. En una escena onírica lo puso en manos de un rival de Macbeth, cuya descendencia podía amenazar su poder, a fin de mostrarle que la obsesiva destrucción de adversarios no le alcanzaría para perpetuarse en el trono.

En otra lectura, el espejo marca la fase inicial de la identidad. Lacan hablaba de la "asunción triunfal de la imagen, con la mímica gozosa que la acompaña" cuando el niño es capaz de verse reflejado por primera vez. Finalmente, el espejo puede ser la prisión del yo. Lo ilustra la tragedia de Narciso, que desprecia el amor para sumirse en la contemplación de sí mismo.

Temor, afirmación de la identidad, narcisismo: quizás estas tres reacciones arquetípicas ante el espejo ofrezcan alguna pista para descifrar las consecuencias de la protesta del 13 de septiembre . Diez días después, pareciera que el miedo (disimulado) le cabe al Gobierno; la afirmación de la identidad, a los manifestantes, y el narcisismo, esa enfermedad de nuestra cultura política, a ambos.

La respuesta oficial a las cacerolas sigue el canon del psicoanálisis freudiano: negación y conversión en lo contrario. Un mecanismo de defensa clásico, propio del yo infantil. Para negar es preciso alucinar: la protesta es un complot de los grandes medios de comunicación para destituir al Gobierno; los que se lanzaron a la calle responden a oligarquías enemigas del interés general; nada los unifica, sus demandas están dispersas y responden a fines egoístas.

Sin embargo, bien mirado, existe un inquietante parecido de familia entre el modo de construcción política del Gobierno y el que exhibieron los caceroleros. Según los teóricos del nuevo populismo, el movimiento surge cuando las demandas sociales devienen en reclamos políticos. Si el sistema institucional no puede responder solicitudes aisladas -por ejemplo, vivienda, salud, educación-, se dan las condiciones para convertir lo diferente en equivalente bajo consignas generales, como justicia, libertad, igualdad. Un anhelo compartido de cambio y reivindicación enlaza las angustias particulares y las canaliza en una manifestación unificada. Los demandantes se constituyen entonces en "pueblo"; el pueblo encuentra a sus líderes y éstos dibujan una línea que divide a la sociedad entre "ellos" y "nosotros". Ellos, los culpables de la desgracia social; nosotros, sus víctimas. No hay transacción posible. Simbólicamente, si ellos prevalecen, nosotros moriremos; para sobrevivir hay que destruirlos.

Este libreto, con variaciones, es el que siguió Néstor Kirchner a partir de 2003, luego de la trágica crisis de principio de siglo. Ahora, del otro lado de la línea parece estar conformándose otro "pueblo". El de los humillados y ofendidos por el desprecio, la inflación, el delito, la corrupción, el descuido de los bienes públicos, las trabas a la libertad de comerciar y expresarse. No alcanza con desecharlos recordando su procedencia social. Disimulado con recursos infantiles, el pánico que lleva a descalificarlos proviene de la fuerza movilizadora que demostraron. Pueden sumar con el mismo método que usó el kirchnerismo hace una década: unificando bajo lemas sencillos múltiples demandas, hasta cercar con reclamos a un modelo que ya no les ofrece respuestas. El populismo encuentra su espejo. Y con él, la acechanza.

La lógica populista, sin embargo, encierra un empobrecimiento de la política. La descalificación mutua, el eslogan hiriente, la mentira, son indicios de la miseria que envuelve a los antagonistas. La igualación hacia abajo, la generalización: el "todos mienten", el "todos roban" implica desconocer el compromiso honesto de muchos ciudadanos con las cuestiones públicas. La raya trazada entre pueblo y anti-pueblo es una desgracia política. Una herida absurda de la Argentina.

Los caceroleros viven el júbilo de haberse hecho oír, de contemplar el reflejo de su imagen naciente. Precisarían examinar ahora sus limitaciones, la falta de liderazgo, el resentimiento de algunas de sus pancartas. Necesitan eludir la soberbia; escapar del propio embeleso y de ciertos defectos de historia y origen. No pueden componer un Narciso que enfrente a su gemelo. Requieren ir más allá, buscando saltar la trampa del embrutecimiento político.

Eduardo Fidanza 

Ella lo hizo

Cristina lo hizo. El cacerolazo no fue espontáneo. La Presidenta fue la impulsora de la gran convocatoria. Ella se encargó personalmente, y por cadena nacional, de humillar a cada uno de los sectores que se expresó.

Fue Cristina la que les mojó la oreja a los abuelos amarretes que querían comprar diez dólares para su nieto abanderado; a los docentes vagos; a los empleados de las inmobiliarias que hacen crucigramas esperando un cliente; a los trabajadores del Banco Ciudad que fueron atacados gratuitamente; a los jóvenes puntocom que ganan 5.500 pesos por mes y pagan impuesto a las ganancias; a los jubilados que –para proteger el ahorro de toda su vida– ponen un plazo fijo y son obligados a perder entre el 10 y el 15% por año; a los directores de cine que necesitan dólares; a los enemigos de las barras bravas del fútbol o permitiendo que alguien que le prendió fuego a su esposa y la mató participe de los actos del oficialismo.

Cristina fue una militante permanente y esforzada. Se tomó su tiempo y en cada aparición pública fue indignando a un grupo distinto. Logró así la mayor concentración social opositora desde 2003 en Plaza de Mayo. En infinidad de ciudades, pueblos y pueblitos también hubo candombe cacerolero. La diversidad de los reclamos apeló a cada uno de los rubros que la Presidenta ignora. Por eso concurrieron a su llamado a movilizarse los familiares de los muertos en el siniestro de la estación Once, los estafados por la malversación de las estadísticas del Indec que vomitan ante la provocación de que se puede comer con menos de seis pesos por día. Hubo mucho llanto y pancartas por las víctimas de la inseguridad, en su mayoría de los barrios más humildes. Cientos de carteles caseros expresaron con toda claridad que la gente no soporta a los corruptos que “Ella” tiene a su lado ni que haya el mínimo intento de autorizar la reelección de la única persona que actualmente lo tiene prohibido por la Constitución: Cristina Fernández de Kirchner.

Fue Cristina la gran organizadora de la rebelión de los maltratados. El principal cantito fue: “Y ya lo ve, es para Cristina que lo mira por tevé”. Demasiados enemigos reales tiene cualquier gobierno para que todos los días invente uno nuevo. Y es Cristina la que está planificando una marcha todavía mucho más numerosa con las órdenes que le dio a Juan Manuel Abal Medina. Decir que ese sector minoritario está más preocupado por Miami que por San Juan fue echar nafta al fuego. Es potenciar un plan de provocación que fractura socialmente al país como en los peores momentos. Las chicanas, como los chistes, según Freud, son expresión del inconsciente que vio sólo manifestantes rubios, opulentos, bien vestidos y tan caretas que no se atrevieron a pisar el pasto. Es difícil sostener eso con cierta credibilidad. No hubo presidenta vestida con ropa y accesorios más caros que Cristina. Ni con tantos millones en el banco o que haya vivido primero en Recoleta y luego haya comprado dos propiedades en Puerto Madero, como varios de sus colaboradores. Es Cristina la que representa la codicia. Cuesta descalificar a la clase media desde la clase alta. Y mucho más si la guardia de hierro que la protege, los muchachos de La Cámpora, son cualquier cosa menos morochos, sudorosos y proletarios.

¿Desde cuándo ser de clase media es estar apestado? ¿Ya no corre más eso de “piquete y cacerola, la lucha es una sola”? ¿Qué es la movilidad social ascendente, entonces? Lula se enorgullece de decir que ayudó a que 20 millones de pobres llegaran a la clase media. Es cierto que hubo algunos manifestantes que se expresaron con un odio que envenena la convivencia social. Pero eso también es responsabilidad de quienes gobernaron en la década del rencor.

Así como jerarquizaron la Corte Suprema, descubrieron los derechos humanos, implementaron la asignación universal, apostaron a un modelo productivo y al mercado interno con generación de empleo; de esa misma manera sembraron el odio desde la altanería y el autoritarismo.

Cuando los presidentes no escuchan, los ciudadanos gritan más fuerte y más cerca. Con su política, la Presidenta favoreció a muchos sectores y por eso tuvo tanto apoyo electoral. Pero también hirió a grandes conglomerados que no son “las corporaciones ni la oligarquía”. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que provocó que tanta gente abandonara su casa a la misma hora y con la misma destinataria de las quejas? No hubo una sola publicidad televisiva o radial que invitara al acto. Ni un aviso ni una nota previa en ningún diario. Algo nuevo apareció. Estalló en mil pedazos esa convicción jurásica del cristinismo de que los compatriotas son tontos llevados de las narices por los grandes medios. Es de un paternalismo y una subestimación tal que no se compadece con el peronismo, que sabe que la gente reacciona de acuerdo a su propia experiencia. ¿No habrá llegado la hora de declarar de interés público y sujeto a expropiación a las redes sociales? Esa comunicación horizontal y plural es la contracara de lo que propone el Gobierno con medios de comunicación que ocultaron vergonzosamente los cacerolazos.

Con la soja volando, Brasil en proceso de recuperación y menos vencimientos externos, Cristina tiene otra vez la gran oportunidad de recuperarse. En un ejercicio de imaginación, ella podría decir: “Argentinos y argentinas, voy a redoblar el esfuerzo para solucionar las demandas que me plantearon. Trabajaré para bajar la inflación y combatir la inseguridad. Convocaré a todas las centrales sindicales y todos los partidos para escuchar sus propuestas. Dejaré de atacar a los que piensan distinto y les doy mi palabra de que jamás se me ocurrirá modificar la Constitución en mi propio beneficio”. ¿Qué pasaría si la Presidenta dijera algo parecido en cadena nacional? Desinflaría la crispación y recuperaría parte de su imagen positiva. Pero dejaría de ser Cristina. Sería Bachellet, Dilma, Lula o el Pepe Mujica, duros luchadores de los 70, austeros en sus cuentas bancarias y vestimenta, humildes y pluralistas de tiempo completo, combatientes de la corrupción y grandes referentes de los tiempos que vienen porque no dividieron a la sociedad en la que viven. No son ni se creen dioses que deben ser temidos. Pero para muchos, son ángeles democráticos constructores de una sociedad igualitaria.

Alfredo Leuco

La Argentina del miedo

Primero le tocó a Daniel Scioli con su periplo mendicante a fin de que el Gobierno le diera los fondos para pagar el medio aguinaldo. Luego le llegó el turno a Mauricio Macri y el problema fueron los subtes. A continuación, el blanco fue José Manuel de la Sota a causa de la disputa con la Anses por los fondos que le debía girar a Córdoba para el pago de las jubilaciones. Ahora le llegó la hora a Daniel Peralta, el gobernador santacruceño. 

Santa Cruz representa el ejemplo del “modelo” creado y manejado por los Kirchner: una provincia endeudada, con gran injerencia del Estado en la economía, un manejo político feudal y abundancia del capitalismo de amigos. 

A eso llama el kirchnerismo un modelo “exitoso”. Desde que Néstor Kirchner dejó la comarca para acceder a la presidencia, ningún gobernador pudo hacer allí pie firme. El primero que sufrió eso en carne propia fue Sergio Acevedo, que supo ser titular de la SIDE en los días en que Kirchner hablaba de la transversalidad, quien el 16 de marzo de 2006 debió renunciar cuando se negó a ser un títere del entonces presidente. A Acevedo lo sucedió su vice, Carlos Sancho, que sí aceptó ser un títere  del Gobierno central. Tras Sancho llegó Peralta. Su actual gestión ya arrancó mal cuando los representantes de La Cámpora en la Legislatura provincial se le pusieron en contra. Los que conocen la política de Santa Cruz lo tomaron como lo que era: un alerta. Ahora todo está claro. La Presidenta ya no lo quiere más. Exige ahí a alguien de La Cámpora. La pregunta entonces es: ¿aguantará Peralta? A diferencia de alguno de sus predecesores, el gobernador parece dispuesto a resistir. Así que deberá prepararse para aguantarse algún aviso propagandístico denostando su gestión producido por orden del Gobierno y emitido en Fútbol para Todos. El episodio dejó al desnudo la aceitada maquinaria de una operación en la que se utilizó el multimedios oficial y paraoficial, que dio aire a la denuncia acerca de la existencia de una red de espionaje montada desde la Gobernación para efectuar tareas de seguimiento a la Presidenta con fines desconocidos, lo que suena a mucha fantasía. Para su proyecto de permanencia y descendencia política, Fernández de Kirchner necesita que La Cámpora comience a hacerse de alguna gestión provincial a fin de que, con los recursos del Estado, construya poder. Ese es el plan, y Santa Cruz sería ideal como punta de lanza. ¡Qué mejor que un feudo que se maneja desde la Rosada! 

En los “Aló Presidenta” de la semana se avanzó un poco más en el camino hacia el chavismo que el Gobierno viene desandando con prisa y sin pausa. Se repitieron conductas que forman parte de una planificación a la que contribuyen las más de cien personas que trabajan en la Secretaría de Medios. Así, las largas actuaciones de Fernández de Kirchner tienen cada vez más de perorata que de anuncios concretos, en la que se mezcla información cierta con información errónea, y en la que se emiten afirmaciones que no son verdaderas. No es verdad la afirmación de la Presidenta de que los medios no reflejan las buenas noticias que ella proporciona en sus apariciones. No es verdad que no utiliza la cadena nacional para ventilar aspectos de su vida personal o familiar. En realidad, para aspectos de su vida personal o familiar, no sólo utiliza la cadena nacional sino también los recursos del Estado. Esto, en realidad, no es de ahora sino que ya ocurría en tiempos en que Kirchner era presidente. Por otra parte, la Presidenta utiliza la cadena nacional para vilipendiar al que piensa distinto, para amedrentarlo y para avisarle que lo ha mandado a investigar por la Gestafip. 

Hay que reconocerle a Fernández de Kirchner que en esta tarea tanto de acumulación de poder, así como también de búsqueda del poder “eterno”, viene siendo ayudada eficazmente por sectores de la oposición que todos los días demuestran estar en cualquier cosa. El Gobierno hasta se divierte viendo cómo con cada una de sus iniciativas divide a sus opositores y los mete en un laberinto en el que dejan al desnudo su confusión. El proyecto de habilitar el voto a partir de los 16 años es el último capítulo que ha demostrado la vigencia de esa penosa realidad. En la semana hubo, además, dos afirmaciones que resumen el concepto de poder con el que la Presidenta lleva adelante su gestión. Por su contundencia y por su significado presente y futuro, es imprescindible no olvidarlas. 

La primera de esas definiciones la dio el viceministro de Economía en 6,7,8, el esquicio oficialista con aires “goebbelianos”. Dijo allí Kicillof: “Habría que bajar el precio de la chapa y fundir al señor Rocca, pero no lo vamos a hacer, aunque habló mal de nosotros”.  Es claro, pues, que para el Gobierno cualquier crítica es pecado mortal. Esta definición, además de ser imprudente –qué empresario extranjero o local estará atraído a invertir su dinero en un país en donde un funcionario amenaza con fundirlo–, denota un pensamiento propio de un régimen totalitario. Seguramente habrá cosas para objetarle a Techint, pero si Paolo Rocca no hubiera osado criticar aspectos de la política económica no padecería hoy la ira oficial. 

El otro concepto lo dio la Presidenta cuando dijo que “hay que temerle a Dios y un poquito a mí”. No está claro si se quiso equiparar a Dios, pero que haya habido funcionarios que aplaudieron jocosamente esta advertencia, es patético. No hay registro de que en un acto en la Casa Rosada funcionarios festejen el estar bajo la dominación del miedo hacia quien desempeña la primera magistratura del país. En la Argentina, miles de personas dieron sus vidas detrás del ideal de un país en donde la libre expresión del pensamiento fuera un derecho absoluto. Por ello es que resulta increíble escuchar a la Presidenta, que se dice un adalid del pensamiento progresista, ufanarse de que le teman “un poquito”. Se les teme a los dictadores; se les teme a los déspotas; se les teme a los tiranos. En cambio, a los verdaderos estadistas se los respeta. La Argentina del miedo a expresar un pensamiento distinto al del Gobierno no es ya un eventual riesgo del futuro, sino una penosa e inquietante constatación del presente.

Nelson Castro

¿Nacionales y populares?

En su último encuentro la gente de Carta Abierta, el centro de intelectuales defensores de las acciones del Gobierno propició una reforma constitucional. Con el claro objetivo de respaldar la re-reelección. Debería ser llevada adelante “por un sujeto constituyente popular, para establecer una barrera antineoliberal”. Proponen los de Carta Abierta “unir los espacios populares y combativos del peronismo con los de izquierda”. Y una vez más arremeten contra las empresas periodísticas y los que en ellas ejercen su oficio calificándolas como pertenecientes a un “bonapartismo mediático”.

La definición es sorprendente, por lo menos relacionado con la prensa. La categoría “bonapartismo” la usó Carlos Marx en su análisis titulado El 18 brumario de Luis Napoleón, del 2 de diciembre de 1851 y también se refirió Engels en su libro El origen de la familia, de la propiedad privada y del estado. Desde esa postura teórica y política el “bonapartismo” sería la forma de gobierno en la que se desautoriza al Poder Legislativo. Y subordina todo el poder al Ejecutivo, ejercido por una personalidad plena de carisma, que se coloca como representante directo de la Nación y de todos sus intereses y garantiza el orden público.

En esa dirección, que es la postura oficialista, sería bueno preguntar a qué medios se refieren, cuáles son los que tienen todo el poder, como correspondería a su mención de “bonapartismo”. Por supuesto están hablando de los medios críticos, que no hacen concesiones. En los hechos es el propio Gobierno el que se asimila con más propiedad a la categoría de “bonapartista” y no los medios de comunicación que le quitan el sueño a sus funcionarios con las denuncias crecientes de corrupción y de mala praxis en sus decisiones.

El espacio mayoritario en el gran mapa de medios en la Argentina está ocupado por grupos y empresarios que elogian (algunos sobreactuando) la administración gubernamental, en la que no encuentran errores. El periodismo crítico, minoritario, es vapuleado, arrinconado y despreciado informativa y publicitariamente. Y también amenazado con la aplicación de vengativos resortes en manos del Estado.

¿Cuánta dosis de “nacionalismo popular” se impone en la actual administración? Los procesos de concentración y de extranjerización de la economía vienen siendo crecientes y son remarcados por los conocedores a fondo de la estructura productiva. Señalan que la “matriz de producción” actual es la misma que la de la década del noventa. Nada se ha hecho para evitarlo. Setenta por ciento de las más importantes empresas en el país tienen la casa matriz en el extranjero. Todo el esfuerzo exportador generó amplias ganancias a esas compañías. Esa presencia no-nacional ha crecido en la generación del valor bruto de producción del 56 por ciento en los años noventa al 76 por ciento en la actualidad. Esta configuración muestra un carácter dependiente del proceso económico. Como contrapartida, en vez de crecer la inversión empresaria, ha caído, se achicó. Hubo capitales que ingresaron, por supuesto, pero para las industrias ensambladoras, como la automotriz o las electrónicas de Tierra del Fuego, esto no asegura un desarrollo como el país merece.

Si bien la fuga importantísima de divisas empujó al Gobierno al control de importaciones, éste se hizo sin medir las consecuencias y también sin tener en cuenta si beneficiaba o perjudicaba a las líneas de producción nacionales. En su casi totalidad dañó a distintos sectores. La industria sustitutiva no apareció.

La estrategia económica nacional, que debería beneficiar, a criterio de los “nacionales y populares” a las clases y grupos más desposeídos, no lo hace. La inflación alta es otro impuesto más que ataca los bolsillos de los que menos tienen. El aumento del empleo ocultó el proceso de incremento del empleo público mientras el trabajo en negro siguió absorbiendo casi el 40 por ciento del total de la mano de obra. La baja competitividad en nuestras exportaciones (tipo de cambio cada día más atrasado) pone de rodillas a numerosas firmas privadas que optan por frenar la producción y ofrecer menos oportunidades a quienes las buscan. Las estatizaciones, que se van repitiendo, a un gran costo en las cuentas públicas, son consecuencia de ausencia de políticas que no se implementaron, oportunamente, desde el Gobierno. El Gobierno alentó el consumo popular y paralizó los reiterados costos en los servicios públicos con subsidios millonarios que ya no puede mantener ¿A toda esta suma de situaciones se la llama “modelo nacional y popular”?

Daniel Muchnik

Militantes de la re-re

Más de dos períodos es monarquía. La definición de Fernando Henrique Cardoso, que Lula hizo propia, no es tenida en cuenta en el cristinismo. La recontrarreelección de Cristina ya se convirtió en el principal proyecto del Gobierno. Es el eje que articula cada movimiento. Todos los caminos conducen a Roma y a la eternización, tal como la soñó Diana Conti. 

Amado Boudou no anduvo con vueltas: “La gente se muere de ganas de que siga Cristina”. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, tuvo que voltear un acto que tenía programado con Facundo Moyano y utilizar un megáfono para decir que está a favor de la reelección. Julio Pereyra, el intendente de Florencio Varela, fue más feroz: “Cristina dejará de ser nuestra líder cuando el pueblo lo decida, y no cuando la Constitución lo determine”. Guillermo Moreno también endiosó a la Presidenta: “De la decisión que tome depende el destino de la patria”. 

José Luis Gioja, el gobernador de San Juan, eufórico hasta la incontinencia oral, fue el abanderado: “Algunos pavos repiten que la reforma de la Constitución es porque se quieren quedar para siempre. La van de inocentes, la van de puritanos y dicen que hay gente que se quiere perpetuar. La reforma no elige presidente. Lo elige el pueblo, votando en elecciones libres. Si la gente no nos vota, nos da una patada en el orto, ya está, se acabó”. La ortodoxia de Gioja va en línea con su coherencia histórica. El mismo desde el poder forzó las condiciones para ser reelecto en forma indefinida y es un reeleccionista de la primera hora. Apoyó a Carlos Menem en aquella aventura de la re re. Al igual que Miguel Angel Pichetto. Ambos mantienen sus obsesiones verticalistas. Con Menem y con Cristina. “Se igual”, diría Minguito.

Pero es improbable que la propaganda oficial argumente en ese sentido. Porque Cristina presume de ser la contracara ideológica del riojano. La postura del matrimonio Kirchner en este tema fue y vino según el interés personal y no el de la patria ni del movimiento. No respetaron los códigos republicanos, y fueron muy poco prolijos a la hora de cambiar la Constitución de Santa Cruz y permitir la instalación de la cultura feudal, con la posibilidad de ser reelectos por los siglos de los siglos. Néstor lo hizo, y Gioja también.

En el ámbito nacional, sin embargo, los Kirchner combatieron el intento menemista. Se aliaron con el matrimonio Duhalde y lograron derrotar esa posibilidad. Reuniones de Duhalde en el departamento de Barrio Norte con Néstor y sociedades de discurso de Chiche y Cristina que hoy parecen insólitas. Formaron un sub-bloque federal para boicotear un congreso nacional del Partido Justicialista en julio de 1998.

Las crónicas de la época son una maravillosa muestra del pragmatismo como etapa superior del peronismo. Describen que Menem solamente logró juntar a 415 de los 788 congresales, y que muchos de los presentes ni siquiera lo eran. Se refiere al “senador Mario ‘Pacho’ O’Donnell y al diputado Daniel Scioli”. Hoy estamos, mañana ¿quién sabe? El colmo fue que los telegramas para reclamar la reelección de Menem fueron enviados por Juan Carlos Mazzón, operador de todos los peronismos, y la protesta desde lo legal fue preparada por el apoderado del PJ de Buenos Aires, Jorge Landau. Hoy ambos trabajan en la escudería “Cristina 2015”.

Perlita de archivo: “Yo me siento proscripto. Hay una prohibición legal para ser reelecto, prohibición que está nada menos que en la Constitución Nacional” (Carlos Menem, 15 de enero de 1998, programa A dos voces, de TN). Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia.

Aquel discurso más vulgar que académico de Gioja fue de la mano del nuevo coloquialismo lunfardo y chacotón de la Presidenta. ¿O no dijo que “esto es para la gilada que escribe” en el acto con Joseph Stiglitz? Respecto de la alteración de estadísticas norteamericanas planteó que “había que truchar y trucharon, hermano. Yo hubiera tomado la misma decisión”. Nadie duda de eso. Lo demuestran la casi nula preocupación por acatar los fallos de la Corte Suprema y un hiperpresidencialismo muy parecido a un unicato que apuesta al capitalismo de amigos que todavía sostiene el estado de emergencia con superpoderes, pese a que es la Presidenta más poderosa desde 1983.

¿Desde qué lugar, entonces, el Gobierno puede justificar el intento de habilitar a Cristina para un nuevo período? El oficialismo se ve a sí mismo como la encarnación de la patria. Por eso embiste contra los adversarios y los ubica en el lugar del enemigo, de la antipatria destituyente. Lo dijo Guillermo Moreno con todas las letras en Banfield. Con semejante definición, no les cuesta nada autoconvencerse de que está bien empujar la reelección de Cristina y que estaba mal hacer lo mismo con Carlos Menem. Y por eso no tienen ningún empacho en fabricar un traje a medida de Cristina mientras ocupa el sillón de Rivadavia.

A esta altura, los obstáculos que Cristina debe superar tienen que ver con el resultado de la batalla final contra el Grupo Clarín, que tendrá fuertes novedades en estos días, y el resultado de las elecciones de medio tiempo, en 2013, en las que el oficialismo deberá superar el 40% de los votos para aspirar a los dos tercios que necesita en el Congreso para declarar la necesidad de la reforma. Hay que puntualizar que el viento de cola de la sojacracia continuará firme, que Brasil comienza a recuperarse y que se viene un año con menos vencimientos externos, que fomentará la irresponsable ametralladora de imprimir billetes. Continuará el operativo para destruir posibles competidores (Scioli, Macri, De la Sota y siguen las firmas), y la gran duda es cuál será el rol que jugará Sergio Massa, que con su altísima imagen positiva produjo el milagro de que Edgardo Depetri, Gabriel Mariotto, Julio de Vido y hasta la propia Cristina lo hayan elogiado, olvidando aquellas palabras terribles que dijo en la embajada de los Estados Unidos sobre el matrimonio K.

El último obstáculo es familiar: la presunta oposición de sus hijos, que reclaman más tiempo de su madre y menos de su Presidenta.

Aquel discurso de Gioja recargado no tuvo desperdicio. Al final dijo que “cuando hay que poner las bolas y los ovarios arriba de la mesa estamos los peronistas”, cosa que tal vez no tuvo en cuenta ni a López Rega ni a Firmenich. Y dejó para el cierre la frutilla tragicómica del postre: “Ser peronista tiene que ver con la lealtad”. En su caso, la practicó con todos y apoyó con el mismo furor las privatizaciones y el neoliberalismo como las relaciones carnales con Hugo Chávez y la estatización de YPF. Cristina ya ordenó que todos vayan haciéndose los rulos.

Alfredo Leuco

Los costos de la Argentina del relato

El Gobierno gastará en 2012, de acuerdo a cifras del Presupuesto, unos $ 3.800 millones entre el sostenimiento de medios propios deficitarios y la adjudicación caprichosa de la publicidad oficial, cuyos criterios, por inequitativos, fueron observados por la propia Corte Suprema. Podríamos decir que es el costo del relato: el Gobierno paga con esa suma cuantiosa, en base al dinero público de los argentinos, el silencio o la complacencia . Paga líneas editoriales adiestradas en repetir, como en el coro de una tragedia griega, que la indigencia casi no existe en el país. O para que no se diga, como sí dice Clarín en su edición de hoy, que de acuerdo a los datos del propio INDEC una familia tipo (un matrimonio con dos hijos menores) puede comer (desayuno, almuerzo, merienda y cena) con apenas $ 688,37 mensuales . Es decir, $ 23 por día, casi $ 6 por persona. Para el INDEC, sólo aquel núcleo familiar que tenga ingresos por debajo de esa suma podrá ser considerado indigente, desde ese piso será apenas una familia en situación de pobreza.

Ocurre que el kirchnerismo no ha podido lograr en más de 9 años de gestión atenuar las asimetrías sociales de la Argentina . Seguimos siendo un país quebrado por profundas desigualdades. Es así que, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, uno de los logros que el oficialismo autocelebra con más insistencia, está clavada en 270 pesos desde octubre pasado y pierde aceleradamente su poder de compra. Más todavía: el 33% de los menores de 18 años vive en hogares pobres: tres millones de niños y jóvenes.

Pero en la Argentina del relato , casi no hay indigentes, los pobres son pocos, de la inflación no se habla, la inseguridad es una instalación de los medios reaccionarios, de los subtes mejor ni hablar, como hace la Presidenta mientras desde el atril del poder reta, sermonea, señala con su dedo acusador contratos de terceros, lesiones a la ética profesional del periodismo y de cualquier otra actividad. Sin ventilar demasiado, porque la Justicia cerró la causa por enriquecimiento ilícito en tiempo récord con la lapicera de Oyarbide, que tenga un patrimonio declarado de $ 39,7 millones, y que sus hijos hayan heredado de Néstor Kirchner $ 31 millones. Desde 1991 la Presidenta no ha tenido otra ocupación que el empleo público , como legisladora provincial, nacional, o Presidenta de la Nación. Millonaria de élite en sólo dos décadas, como para Hollywood.

Es así, el escrache a periodistas, la investigación fiscal de ciudadanos, la amenaza política al opositor o al disidente son prácticas comunes, más afines a una Gestapo del siglo XXI que a un gobierno “nacional, popular y democrático”. Casi siempre en cadena nacional, con hombres y mujeres grandes alrededor, reidores y aplaudidores como bufones menores.

Alguna vez querrán borrar de los archivos esas imágenes, aunque hoy disfrutan ser las caras visibles de un relato apócrifo.

Osvaldo Pepe

El progresismo reaccionario

Un análisis sobre las falacias del discurso kirchnerista y la realidad nacional; una radiografía del "relato"

  

Hace ya más de ocho años que el gobierno de los asuntos públicos ha recaído en un grupo que, tímidamente al principio, y más estruendosamente a medida que percibía los réditos de la estrategia, ha venido reclamando para sí la titularidad del ideario progresista. Voluntariamente no programático, suficientemente impreciso como para poder acomodar allí aquello más oportuno en cada situación, ese ideario está alternativa o simultáneamente integrado por conceptos, valores o emociones que proceden del peronismo tradicional, de un izquierdismo rudimentario o de un nacionalismo ramplón.

Con escasa sofisticación intelectual, pero con alta eficacia política, el discurso oficial organizó dos campos simbólicos: el de los buenos y lo bueno, ocupado por el pueblo y sus abnegados gobernantes, acompañados por una creciente nomenklatura y secundados por grupos de académicos e intelectuales que ocupan los medios escritos, personajes famosos de una cultura glamorosa que se expanden por la radio y la televisión y un lumpemproletariado útil para disputar la calle, y el de quienes encarnan el mal: los medios "monopólicos", los empresarios ambiciosos, los nostálgicos del neoliberalismo, los lacayos del pensamiento hegemónico, los imprecisos imperios siempre amenazantes.

La entrada y salida de los actores en uno y otro escenario se sucede según un orden caprichoso, que obliga al coro a adecuar sus alabanzas y sus diatribas, según el estado de ánimo de quien dirige la escena. Camuflaje, máscara o disfraz, el discurso progresista ha resultado útil para satisfacer las exigencias morales de algunos sectores de la clase media sin afectar los intereses reales de casi ningún grupo de poder, manteniendo a la vez el control social de los sectores más desprotegidos de la sociedad por medio de los mecanismos clientelares clásicos.

Fundado sobre una serie de falacias, abonado por abundantes dosis de hipocresía y cinismo, enunciado por funcionarios que carecen de cualquier antecedente que haga verosímil la adopción tardía de un sistema de ideas y valores ajeno a sus tradiciones políticas y a sus prácticas corrientes, el "discurso progresista" del Gobierno ha resultado eficaz no sólo para integrar en sus filas a importantes sectores de opinión -que no distinguen, o simplemente disimulan, la distancia entre los valores declarados y los intereses defendidos-, sino también para silenciar a una oposición que, ingenua o cómplice, fue dejada sin habla, subyugada muchas veces por gestos engañosos a los que acompañó como si fueran verdaderos. Un discurso sesgado a la izquierda que, combinado con prácticas profundamente reaccionarias, satisfizo durante muchos años a un porcentaje muy amplio de la población.

Las falacias del progresismo reaccionario que gobierna el país son múltiples, variadas y mutantes. Bajo el manto neblinoso que han ido desplegando sobre la realidad, se ocultan ideas del mundo que, traducidas en políticas concretas, dan cuenta de una ideología conservadora en la concepción de la riqueza y en su idea de la cultura, y de una ideología reaccionaria en su concepción del poder y de la democracia.

La falacia del crecimiento, la distribución y el consumo, uno de los principales pilares de esa engañosa construcción, consiste en hacer creer que las mejoras de los ingresos de los sectores asalariados son el indicador más relevante para decidir el valor ideológico de una política económica. Sin embargo, en ausencia de una política fiscal y crediticia adecuada -y aún más en escenarios de alta inflación-, la mejora de ingresos de los asalariados es fundamentalmente -como señaló Eduardo Levy Yeyati- una transferencia de renta a los productores de bienes y servicios, y su efecto más destacable es la contribución que hace para incrementar la concentración de la riqueza. La ausencia de políticas públicas progresistas impidió que la población convirtiera los mejores ingresos en ahorros, es decir en riqueza, condenándola a consumir los excedentes generados con su trabajo, sin posibilidad de capitalizarlos. Así, los autos, las motos y los televisores fueron en estos años los símbolos emblemáticos de una sociedad cuyo consumo producía, por una parte, votos para el Gobierno y, por otra, ingresos extraordinarios para sectores empresariales muchas veces prebendarios, cuando no directamente predatorios.

Hacer que el crecimiento de la economía dependa del consumo está en las antípodas del pensamiento progresista, que hubiera estimulado el ahorro privado y público, y lo hubiera derivado a inversiones que incrementaran la riqueza de los sectores populares y medios de la sociedad (promoviendo, por ejemplo, el acceso a la vivienda propia), que mejoraran la capacidad de producción de la economía y que fortalecieran la cantidad y calidad de los bienes públicos: salud, educación, cultura, seguridad e infraestructuras.

La crítica de la "sociedad de consumo" ha sido central en la construcción del pensamiento progresista, pero ha estado ruidosamente ausente del discurso oficial. A la democracia de propietarios que proponía John Rawls, este gobierno opuso un capitalismo de Estado que no sólo concentra la riqueza, sino también, necesariamente, el poder. Si la concentración de riqueza tiene su correlato en una concentración inaudita de poder es porque una economía de consumidores -y no de propietarios- se corresponde con una democracia de clientes.

Cuando el poder político está muy mal distribuido, inevitablemente -y el adverbio no es un recurso de estilo- provoca que aquellos que lo controlan lo utilicen en favor de sus propios intereses y en contra de los intereses del conjunto de la sociedad. Por eso, desde el liberalismo político hasta la izquierda, la distribución del poder es una reivindicación principal del pensamiento progresista. Reivindicación que nunca, ni en sus años provincianos ni en su actual época en la Nación, fue compartida ni en el discurso ni mucho menos en sus prácticas por el grupo gobernante.

Aunque la falacia de la "distribución" y la falacia "del poder popular" son quizá las más reveladoras del carácter reaccionario del Gobierno, sus políticas se sostienen sobre otras muchas: la de los "épicos combates", por ejemplo, que en verdad el kirchnerismo nunca libró. El más emblemático de esos combates, el de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, no fue un conflicto político ni ideológico, sino tan sólo una mal encarada negociación para la apropiación de renta. Las grandes batallas del Gobierno no fueron, en general, otra cosa que eso: la expropiación de las acciones de YPF o la lucha contra la prensa independiente son intentos de incrementar el poder económico o político, no en beneficio de la sociedad -que finalmente termina dañada-, sino del grupo gobernante.

Junto con la falacia de los épicos combates, es recurrente la "falacia de las cosas buenas", que funciona como argumento de autoabsolución y como cierre de toda crítica acerca de la gestión del Gobierno. Todo discurso opositor es cancelado con una enumeración de virtudes. Eso implica ignorar que todo gobierno -aun los peores- tiene en su haber "cosas buenas". La falacia consiste en tomar el todo por la parte, y considerar que es un "buen gobierno" aquel que ha hecho "cosas buenas". La Asignación Universal por Hijo pretende así ser prueba suficiente de una buena política social; el matrimonio igualitario, de la ampliación de derechos civiles; descolgar el retrato de Videla, de una política de derechos humanos? Gestos carentes de riesgos y carentes de costos, con los cuales acumular prestigio simbólico progresista.

El gobierno kirchnerista es, a diferencia del conservadurismo popular menemista de raíz tatcheriana (en el que abrevaron, no está de más recordarlo, buena parte de quienes son funcionarios actualmente), un gobierno profundamente reaccionario: al agudizar la desigual distribución de la riqueza y empeorar la distribución del poder político, establece las condiciones para la permanencia de un régimen autocrático cada vez más corrupto, ineficiente y autoritario. Un régimen que intentó convencernos de que su política se inscribía en el ideario progresista, pero del cual es necesario recordar, parafraseando a Gore Vidal, que forma parte de una escena política en la que actúa un solo partido, un partido de derecha con dos alas: el peronismo conservador y el kirchnerismo reaccionario.

Alejandro Katz

Voces que desentonan en el mundo cristinista

     

En más de una oportunidad, burlándose de sí misma y de su exagerada coquetería , Cristina Fernández ha admitido que se pinta “como una puerta”. Puede que, sin embargo, haya algo más que banalidad detrás del gusto por los potingues y los ojos de negruras egipcias: una sobredosis de kohl y de rimmel es lo que pide la distancia que separa la platea de la escena, al espectador del actor, a la admiración de la mirada. El maquillaje de la Presidente pertenece a la teatralidad. La proximidad, el primer plano, en cambio, se enamoran de las caras lavadas. Se lo hizo entender Carl Dreyer a la Falconetti al elegirla para protagonizar a su alucinada Juana de Arco.
Y el lunes 9 de julio hubo un derroche de teatralidad: 35 minutos en los que la jefa de Estado y su discurso fueron y vinieron de la virulencia al arrobamiento, de la exhortación a la orden, del mohín a los ademanes ampulosos, del “nosotros, el Estado” al furibundo “ ¡Corré la cámara, che, que no me pueden ver de ahí! ¡Corré la cámara!”, una salida de madre más propia de la dueña de un cortijo que de la presidente de una república. Aunque a lo mejor a ese trato estén acostumbrados los ministros, los gobernadores, los intendentes del oficialismo, simples servidores del matrimonio santacruceño. ¿Por qué usar otros modos con aquellos a los que se alude como “la piara”? ¿Por qué no suponer que si ellos lo han soportado, bien pueden soportarlo todos los demás? Acaso ése sea el carácter que el frío y el viento incesante de la Patagonia han cincelado en una mujer de clase media baja con desmesuradas aspiraciones de ascenso social. La apoteosis histriónica sobrevino al final, al hablar de los agoreros y asegurar que, en diciembre de 2001, ninguna de esas voces había alertado al pueblo de lo que estaba por suceder. Llegado ese punto, la Presidente interrogó: “¿Algún argentino lo escuchó por radio o por televisión? ¿escucharon o leyeron en algún diario nacional o internacional que el gobierno iba a tomar esa medida? Contéstenme: ¿escuchó alguien? ¿escuchó alguien?” Desde el fondo del hipódromo la multitud, convocada, pronunció el “noooo” que la Presidente quería oír. Para muchos resultó estremecedor.
Ya sin el peso de la historia de por medio, el miércoles la señora de Kirchner iba a llamar “el pelado éste”al ministro de Economía español Luis de Guindos, un hombre con el que tal vez tenga que cruzarse un día cualquiera en alguna cita internacional. El embajador en Madrid Carlos Bettini las debe estar pasando canutas. No fue lo peor: un poco más tarde, la primera mandataria se iba a referir a las declaraciones que, sobre el frenazo de la actividad, había formulado el propietario de una importante inmobiliaria, “un señor con cara de pobre que no tiene nada que hacer”. Tras identificarlo por su apellido, contó que le había solicitado al titular de la AFIP que investigara su situación. Según la Presidente, Ricardo Echegaray le informó de inmediato que el empresario “no presenta declaración jurada de ganancias ni de ningún tipo desde el año 2007”. A las pocas horas, la AFIP suspendía la habilitación de la inmobiliaria. Casi al mismo tiempo trascendía que el fiscal anticorrupción Julio Vitobello, “por propia iniciativa” , había ampliado el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de la Presidente. El escrache por cadena nacional ha dejado de ser un privilegio reservado a los periodistas y empieza a convertirse en un instrumento de coerción aplicable a cualquier ciudadano . Hace un mes, en junio, le tocó vivir esa experiencia al abogado Julio César Durán, el “abuelito amarrete” que no podía comprar dólares para regalar a sus nietos.
El escarnio público es apenas un método complementario al de las multas astronómicas aplicadas por Guillermo Moreno a las consultoras que divulgaron cifras de inflación alternativas a las del INDEC. O a la persecución a que es sometida la empresa Boldt, acusada por el gobierno de haber revelado la sucesión de coincidencias que vinculan al vicepresidente Amado Boudou con Ciccone Calcográfica. O a la intimidante presencia de los inspectores de Echegaray en el humildísimo barrio desde donde se emitió un programa de televisión no apto para los tucumanos. Ya no alcanza con la grotesca proliferación de medios –estatales y privados– cuya existencia tiene como única misión alimentar el relato que Cristina Fernández hilvana con perseverancia ante la sociedad, también hay que disuadir a las voces que desentonan con ese mundo feliz. No es descabellado preguntarse quién será, de aquí en más, el valiente que se atreva a abrir sus datos a un cronista , a contar sus dificultades a la prensa.
Lewis Carroll creó un personaje irascible y despótico, la Reina de Corazones, concebido –dicen– como una venganza contra su soberana, Victoria, la del luto interminable, “la viuda de Windsor”.     La Reina de Corazones es lunática e implacable, su orden favorita es “ que le corten la cabeza ” y por eso tiemblan los jardineros que, desesperados, pintan los rosales blancos con el rojo que a ella le gusta. En la comitiva de la Reina de Corazones está el Conejo Blanco, “siempre riendo sin ton ni son”. El juego de crocket que practica la reina con sus súbditos es estrafalario: no tiene reglas y si las tiene no deben ser cumplidas . Alicia , la protagonista de Carroll, se pregunta entonces: “¿Qué será de mí? Aquí todo lo arreglan cortando cabezas. Lo extraño es que todavía quede alguien con vida”. La niña está asustada. Pero el miedo se disipa cuando Alicia logra recordar que, al fin de cuentas, la temible Reina de Corazones no es más que un naipe de la baraja.
Susana Viau

El gobierno se comió al Estado

 

Nestor Kirchner proclamó que la política recuperaba la primacía. Aludía a su decisión de enfrentar los poderes fácticos ("las corporaciones") y reconstruir las capacidades del Estado, luego de una década de "neoliberalismo". No se puede dudar de que el Gobierno ha desarrollado al máximo su capacidad decisionista. Vivimos a los saltos, en un país imprevisible. En cambio, es difícil reconocer en ese decisionismo la reconstrucción del Estado. Más bien parece lo contrario.

Distinguir entre Estado y gobierno es una imprescindible operación analítica. Hoy no es tan difícil, porque el Gobierno, muy concentrado, se confunde con el presidente. El Estado, en cambio, está relacionado y condicionado por múltiples procesos, como la cultura ciudadana o la homogeneidad social, que hacen a la diferencia entre el Leviatán de Hobbes y el Estado que piensa con la sociedad, de Durkheim.
Pero hay aspectos estatales específicos: el marco jurídico e institucional, las agencias públicas y el funcionariado, con su capacidad y su ética profesional. En un Estado virtuoso, esa maquinaria sirve para planificar las políticas gubernamentales, prever sus consecuencias, evaluar sus resultados. Todo ello implica una limitación al decisionismo o a la primacía de la política. A la vez, un Estado deteriorado estimula el uso de golpes de voluntad política, para sustituir las falencias de los instrumentos normales.

¿Que ha ocurrido con el Estado argentino? Es posible distinguir dos grandes etapas, separadas por la cesura de 1976. En la primera, la Argentina tuvo un Estado potente, con capacidad para formular proyectos de largo plazo. Desde fines del siglo XIX, organizó la sociedad mediante grandes políticas, como la educativa o la de nacionalización. Progresivamente los intereses sociales se fueron organizando y comenzaron a hacer oír su voz: trabajadores, chacareros, estudiantes, médicos e industriales reclamaron tanto reivindicaciones como reglas de juego. El Estado creció legislando, creando agencias y funcionariados especializados.

Desde 1930 comenzó a intervenir en la economía, regulando las grandes variables y facilitando la negociación entre los intereses. El impulso continuó, y en la segunda posguerra el Estado dirigista promovió distintas actividades y se hizo cargo del bienestar social.
Por el camino de la promoción, el Estado adjudicó franquicias, probablemente necesarias para consolidar el interés general, pero que gradualmente derivaron hacia los privilegios, y finalmente, las prebendas. Tal el caso de las leyes de asociaciones profesionales o de promoción industrial. El Estado potente fortaleció los grupos de interés y éstos, para asegurar sus franquicias, aprendieron a presionar al Estado y competir por la distribución de sus beneficios; finalmente se instalaron en sus oficinas y ministerios. El Estado potente fue también un Estado colonizado, campo de batalla y botín de los distintos intereses. La puja se acentuó luego de 1955 y a comienzos de los años 70 desbordó dramáticamente la capacidad estatal de control.

Hacia 1976 comenzó el giro en el que aún vivimos. Desde entonces las políticas apuntaron no sólo a reducir las competencias del Estado, sino a quebrar su espina dorsal. Más allá de matices y motivaciones, esto sucedió desde Martínez de Hoz hasta Kirchner. En un momento, fue llamativa la privatización de las empresas del Estado. Pero lo decisivo fue el sistemático desmonte y desnaturalización de las agencias estatales de control, tanto para la actividad privada como para los gobernantes y administradores. Esto deterioró las normas y los procedimientos y facilitó la arbitrariedad en la toma de decisiones.
A lo largo de estos años, la reducción de los controles estatales permitió el despliegue del prebendarismo. La "patria contratista", la "patria financiera", los "capitanes de industria" y las empresas privatizadas de los años 90 fueron sucesivamente los protagonistas del desguace del Estado. Luego de 2001, cuando el Estado comenzó a recuperar su base financiera, surgió una nueva camada de prebendados depredadores, esta vez más estrechamente asociados con los administradores del Estado.

En los años 90 hubo un amplio debate sobre la transformación del Estado. Unos subrayaron su deserción y otros su incipiente modernización. Durante el kirchnerismo el debate se oscureció, porque la fuerte intervención del Gobierno fue presentada en términos de políticas estatistas. Pero difícilmente podían serlo; basta mencionar al Indec para constatar que el Estado seguía su marcha barranca abajo.
La Argentina tiene hoy un Estado débil pero, en cambio, un gobierno fuerte, concentrado en la Presidenta. La tradición presidencialista es antigua. Está en la Constitución de 1853 y fue profundizada por Roca y sus sucesores. Con la democracia, Yrigoyen y Perón la fortalecieron con su aducido mandato plebiscitario. Desde 1930, los gobiernos sumaron otro factor: un Estado con fuerte capacidad de intervención. Las dos largas dictaduras recientes aumentaron el presidencialismo, pero con una diferencia: la de 1966 confió en el Estado para la realización de sus ambiciosos proyectos, mientras que la de 1976 inició la demolición del Estado. Desde entonces, los gobiernos fuertes empezaron a coexistir con el Estado débil.

En 1983, el gobierno comenzó a transitar por un camino diferente de toda la tradición política argentina, distinto. Se instituyó una democracia republicana, fundada en el pluralismo. Se trataba de construir un país dentro de la ley, lo que implicaba poner reglas al gobierno. En aquellos años de ilusión, se supuso que la democracia era suficiente para solucionar los problemas de la sociedad. No se advirtieron las fallas de la herramienta estatal, ya deteriorada, y pronto la desilusión ganó los ánimos ciudadanos. Sumadas a la acción de los resistentes poderes fácticos y al fuerte endeudamiento externo, llevaron a la experiencia democrática a un mal final.
La crisis de 1989 instaló una certeza: el país estaba en estado de emergencia y eran necesarias reformas drásticas y urgentes. Por entonces el peronismo volvió al poder, y en rigor no lo abandonó hasta hoy. La forma que eligieron los sucesivos gobiernos peronistas para salir de la crisis profundizó el desarme del Estado y la consolidación de los grupos prebendarios. Pero, además, se instaló el decisionismo presidencial. Se basó en leyes "de emergencia" y en una práctica de gobierno que desde entonces bordea los límites de la legalidad. Por otro lado, fue reapareciendo el antiguo estilo político, descartado en 1983. Volvió la fundamentación plebiscitaria -que colocaba a los presidentes más allá de la ley-, el estilo faccioso y la identificación entre partido, gobierno y Estado. De las transformaciones de 1983 sólo quedó el sufragio, y poco más.

El balance es poco alentador. Con un Estado en estas condiciones no parece posible otro tipo de gobierno. Por otra parte, en sus diversas expresiones, estos gobiernos han cosechado un apoyo amplio por parte de los votantes, que parecen estar muy lejos de aquella ciudadanía de 1983, celosamente vigilante de la institucionalidad democrática. Libres de controles institucionales, los gobiernos usan sin limitaciones los recursos estatales, y con ellos producen los sufragios necesarios para su reproducción.
¿Qué podemos hacer quienes no nos satisfacemos con esta primacía de la política? ¿Qué alternativa ofrecer a la mayoría? Sin duda es importante recuperar y fortalecer todas las instituciones que limitan el poder decisionista del Ejecutivo y reencauzarlo así dentro de la institucionalidad republicana. Pero no alcanza. Para volver a poner al gobierno en caja es necesario reconstruir el Estado. Restablecer una burocracia calificada, reconstruir la ética administrativa -tan degradada por la corrupción-, rehacer los mecanismos de toma de decisiones y volver a poner en funcionamiento las instituciones de control.
Sólo así se podrá restablecer la diferencia y la distancia entre el gobierno y el Estado. Y sólo así, retomando el dictum de Durkheim, el Estado podrá reasumir su función de alojar y estimular el pensamiento de la sociedad. Hasta que eso ocurra, viviremos en emergencia y a los saltos.
Luis Alberto Romero

Unicato dogmático

El peronismo ofrece largas historias de choques entre gobiernos nacionales y bonaerenses.

La traumática relación entre el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires es un clásico del peronismo. El coronel Domingo Mercante –a quien Evita bautizó con el apodo de “el corazón de Perón”– fue un hombre de extrema confianza del fundador del PJ. Mercante fue gobernador desde 1946 hasta 1952. Su relación con Perón y Evita fue excelente hasta la reforma constitucional de 1949. El punto de mayor interés de esa reforma era, para Perón, la reelección. Y receló de Mercante, al que acusó de querer sucederlo. A partir de ese momento, Mercante cayó en desgracia y en 1953 fue expulsado del justicialismo.

En 1974, durante la tercera presidencia de Perón, se produjo otra situación conflictiva. La gota que rebasó el vaso fue el trágico intento de copamiento del Regimiento 10 de Caballería Blindada de Azul. Perón reaccionó con furia, una de cuyas consecuencias fue la renuncia forzada del gobernador Oscar Bidegain, a quien se lo acusó de ser tolerante con la subversión. Bidegain fue reemplazado por su vice, Victorio Calabró, un dirigente de la UOM.

En 1990, el gobernador era Antonio Cafiero, que encabezaba la renovación peronista que había sido derrotada en la interna por el binomio Menem-Duhalde. A pesar de esa caída, las aspiraciones presidenciales de Cafiero no habían cedido. Nació entonces la iniciativa de reformar la Constitución provincial, con el objetivo de permitirle acceder a otro mandato. Menem operó fuerte para que eso no prosperara. Y lo logró: en una consulta popular triunfó el “no”.

Fue luego el turno de Duhalde, quien renunció a la vicepresidencia para postularse a la gobernación y terminar de desplazar de ese territorio al cafierismo. Puso como condición para dar ese paso la creación de un fondo extra aportado por la Nación a los fines de hacer frente a las infinitas necesidades de la provincia. Duhalde llegó con la idea de que en 1995 él sería el candidato presidencial del peronismo. Esa idea murió el día que Menem le anunció la reforma de la Constitución, con la cláusula de la reelección incluida. Ello obligó a Duhalde a buscar la reforma de la carta magna provincial para que se le abriera la posibilidad de ser reelecto y así sustentar sus aspiraciones presidenciales. La ruptura definitiva entre el presidente y el gobernador se produjo en 1998, cuando Duhalde se plantó y dijo que no apoyaba el deseo de Menem de buscar su re-reelección, hecho no contemplado por la Constitución.

Ya en tiempos del kirchnerismo, las cosas no fueron muy diferentes entre Néstor Kirchner y Felipe Solá. Kirchner siempre consideró a Solá como alguien ajeno a su proyecto. No obstante, ante la falta de una alternativa mejor, pensó en él como candidato a la gobernación en 2007. Para ello debía forzar a través de la Corte Suprema bonaerense una rebuscada interpretación de la Constitución provincial que le permitiera a Solá presentarse a un tercer mandato. Esta maniobra murió tras el triunfo de monseñor Joaquín Piña en el plebiscito de Misiones por el que se rechazó la iniciativa del gobernador Carlos Rovira de buscar la reelección indefinida. Ante esa circunstancia, Kirchner sacó de la galera la candidatura de Daniel Scioli, quien, a esa altura, se aprestaba a comenzar su campaña por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que “Scioli gobernador” fue un invento de necesidad y urgencia de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner nunca quiso mucho a Scioli, a quien no ha perdido ocasión de humillar cada vez que ha podido. La gestión del actual gobernador nunca fue brillante; la de sus predecesores, tampoco. La provincia de Buenos Aires, que viene siendo gobernada desde hace 25 años por el peronismo, no conoce otra realidad que la de la crisis permanente. Por lo tanto, detrás de este conflicto hay algo más: es la lucha por el 2015. En esa lucha, Scioli ha pasado a ser el enemigo del kirchnerismo, lo que anteayer quedó evidenciado una vez más a través de una multiplicidad de voces que se escucharon ejecutando una misma partitura, en la que no sólo se criticó su gestión sino que, además, se lo descalificó. Públicamente lo hicieron el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el senador Aníbal Fernández, el diputado Carlos Kunkel y el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez; privadamente, muchos más. En ese marco, el acérrimo enemigo que Scioli tiene metido en su gobierno, Gabriel Mariotto, tuvo su “Resolución 125”, cuando le hizo saber al gobernador que el proyecto de ley de declaración de la emergencia económica no contaba con el apoyo del kirchnerismo.

Lo que se observa en la provincia de Buenos Aires tiene mucho de intervención federal. Hay una clara decisión del Gobierno nacional de imponerle a Scioli la agenda en un verdadero operativo de pinzas del que también participa el políticamente resucitado ministro de Planificación, Julio De Vido, quien se reúne en su despacho con intendentes bonaerenses a los que les exige lealtad a la Presidenta como condición sine qua non para recibir los fondos destinados a la continuidad de la obra pública. Como se ve, todo “muy democrático”.

La conferencia de Scioli de hace unos días fue una mezcla de su sempiterno y ya inconducente “sicristinismo” y de gestos que, en los códigos del kirchnerismo, son de una insoportable rebeldía. El más claro, la conferencia de prensa abierta a las preguntas de los periodistas. Para la Presidenta y su círculo áulico ese es un pecado mortal. Otro: para la Presidenta, los problemas son inventos de los medios; en cambio para Scioli representan la realidad. Por otra parte, la ausencia de Mariotto lo dijo todo: entre el sciolismo y el cristinismo ya no hay otra cosa que el desamor.

“Vamos por todo”, es el lema guía del kirchnerismo. A las pocas horas del resonante triunfo electoral de Fernández de Kirchner hubo un mensaje de texto atribuido al actual jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina –cuya pobrísima presentación ante la Cámara de Diputados obliga a preguntarse qué le pasó y dónde quedó todo lo aprendido en su paso por las aulas universitarias en las que descolló como alumno brillante–, que decía “ahora vamos por todos”. Abal Medina se enojó con la difusión de ese mensaje diciendo que había sido mal interpretado. Los casos de Scioli y Moyano demuestran, sin embargo, que el “vamos por todos” representa el pensamiento real de un gobierno que hace del unicato un dogma.

Nelson Castro