Sobre ética y política

Max Weber postuló a la “ética de la convicción” y la “ética de la responsabilidad” como las dos vertientes que definen la conducta bajo las cuales deberían regirse los hombres en una sociedad, y explicaba “hay una diferencia abismal entre obrar según la máxima de una ética de la convicción, tal como la que ordena «el cristiano obra bien y deja el resultado en manos de Dios», o según la ética de la responsabilidad, como la que ordena tener en cuenta las consecuencias previsibles de la propia acción” (El político y el científico).

Vale aclarar que no significa que ambas vertientes sean excluyentes, que actuar siguiendo las propias convicciones conlleve una falta de responsabilidad, o viceversa, que el actuar responsablemente signifique ignorar las ideas en las que uno cree, sino que en función del ámbito de acción del individuo (privado o público, según se trate), debe prevalecer la una sobre la otra, en razón de las consecuencias que en tales circunstancias nuestros actos puedan acarrear.

La política (como espacio y como acción) es, por definición, el ejemplo paradigmático de las acciones que involucran a un conjunto en una sociedad o a la sociedad toda. Por tanto, el accionar de los políticos (y más específicamente de los funcionarios públicos), debe conducirse primero por la ética de la responsabilidad, evaluando siempre las consecuencias de sus decisiones, debiendo pensar ante todo en el interés colectivo y en el impacto posible de sus determinaciones en el colectivo social, antes que en sus convicciones, ideología o intereses personales.

La lógica cortoplacista y sectaria que tiñe hoy a las decisiones políticas está a contramano de la ética que debe imperar en el desempeño de la función pública y ese es el gran problema irresoluto en nuestro país, pues genera imprevisión e irresponsabilidad. Sucede entonces que ante una tragedia anunciada, por ejemplo cuando mueren 51 personas en un accidente ferroviario o 60 en una inundación, nadie es responsable.

Y cuando no hay responsables crece la impunidad, no se investiga nada o se ocupa de ello un juez amigo, esto se observa sobre todo cuando se trata de malversación de los fondos públicos con intención de hacer “caja” para la política y/o enriquecerse en forma personal. Sería muy largo enumerar todos los ejemplos existentes, pero vale destacar que la mayor parte de ellos ocurren bajo la vista complaciente cuando no el apoyo abierto, de gran parte de la sociedad.

Es imperioso construir una verdadera ética pública, entendida como el ejercicio de la función pública a partir de la responsabilidad, no como el ejercicio mezquino de las convicciones y de los intereses personales o del partido. No es menor la disyuntiva, se trata sencillamente de definir en qué sociedad queremos vivir y fundamentalmente que futuro estamos dispuestos a construir para nuestros hijos.

Claudio Brunori