Demagogia K y ética pública

La ley de ética pública establece claramente en su artículo 42 que "la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos".
Pese a eso, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acaba de suministrar material para una nuevo y desopilante capítulo de la historia de la comunicación política en la Argentina, en el que la demagogia ocupa un destacado lugar.
La idea de la campaña permanente, con una presencia constante y continua de quien está al frente de la Presidencia de la Nación, no es algo nuevo. Claro que el hecho de que el rostro de la primera mandataria tenga que acompañar cualquier cartel donde se anuncie una obra pública del Estado nacional parece un poco exagerado. Sin embargo, eso es lo que habría determinado el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido.
El manual para la confección de carteles del Plan Obras para todos los Argentinos, de ese ministerio, establece que cada vez que se publiciten obras públicas financiadas por el Estado nacional deberá figurar con letras bien grandes la expresión "Presidencia Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER". Esta exigencia habría derivado en la confección de un isologotipo con la imagen de la jefa del Estado, aunque esta cuestión provocó diferencias en el seno del Gobierno, donde el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, cuestionó la idea y desmintió que se hubiera tomado semejante decisión.
El uso político de la publicidad oficial añadió durante el último fin de semana otro ingrediente, cuando en todos los partidos de fútbol del campeonato Apertura televisados por el canal oficial se difundió una convocatoria a una marcha a Tribunales a favor de la ley de medios audiovisuales, a la que convocó una organización supuestamente no gubernamental, denominada Coalición por una radiodifusión democrática.
Ambos temas amenazan con provocar un sinfín de pedidos de informes por parte de legisladores de la oposición, que advierten una violación de la ley de ética pública y, en ciertos casos, una posible malversación de fondos públicos.
Fernando Laborda