Compartiendo el capital

A pesar de que la tradicional marcha partidaria del PJ dice "combatiendo al capital", con las últimas medidas del gobierno de Cristina Kirchner pareciera haber cambiado por "compartiendo el capital". No sólo por la intención de participar directamente en los directorios de las compañías donde las estatizadas AFJP tenían acciones, sino también por una cantidad de medidas impuestas por Guillermo Moreno, que implican dirigir las políticas de muchas compañías.

Todo ello, a pesar de que no sólo las decisiones de Moreno han tenido consecuencias desastrosas, sino que también las empresas administradas por el Estado son una incesante fuente de pérdidas económicas que deben ser absorbidas por todos los que pagan impuestos en el país.

Las políticas en muchos casos no escritas también prohíben las importaciones y exigen producciones locales que las reemplacen, pero han atropellado los acuerdos internacionales firmados por la Argentina y han llevado a un serio choque con imprevisibles consecuencias con Brasil, el principal socio comercial.

Los incidentes de los últimos días dejaron en claro que los anuncios del oficialismo durante la visita de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, eran poco más que retórica. Los proyectos para aumentar el valor agregado en cooperación de ambos países eran manifestaciones de voluntad y parecen estar tan cerca de la realización como otros anuncios de la era Kirchner, como el tren bala a Rosario, el gasoducto que vendría desde Caracas y el aluvión de inversiones chinas.

En lugar de un esquema de cooperación para exportar más y mejor, los dos principales socios del Mercosur parecen ahora enfrascados en una amarga disputa que comenzó insólitamente cuando por decisión de Guillermo Moreno comenzaron a acumularse intempestivas y generalmente ilegales, según los tratados internacionales, restricciones a las importaciones.

Cristina Kirchner se ha encargado de dejar en claro en los hechos que tales políticas ya no son del iniciador secretario de Comercio ni de la conversa ministra de Industria, Débora Giorgi, sino las suyas, y que no desaparecerían en un eventual segundo mandato.

El presidente de la Cámara de Exportadores, Enrique Mantilla, recordó que el propio Mercosur prohíbe la aplicación de licencias no automáticas, con las que comenzó la Argentina y ahora siguió Brasil. Un tropiezo serio para un gobierno que publicita entre sus principales logros un incremento de la integración regional.

El Gobierno ya había decidido presionar fuertemente a toda clase de empresas, pero en particular a las automotrices, para que redujeran su nivel de importaciones y las reemplazaran por producción local.

Las medidas comenzaron este año con un bloqueo intempestivo a todas las operaciones de fuera del Mercosur y México, pero luego las presiones alcanzaron a todas las terminales y también a los importadores de motocicletas.

Al Gobierno lo urge anunciar planes de sustitución de importaciones, pero algunos parecen poco alentadores. Por ejemplo, una multinacional anunció que invertirá para activar una armaduría y crear 18 empleos. El 77% de los fondos provendrá de un préstamo a sólo el 9% de interés anual y en pesos. Un subsidio que será otorgado por la Anses. Es decir, por los jubilados actuales y futuros.

La escalada sobre el sector empresarial se intensificó cuando la Presidenta decidió derogar con un decreto de necesidad y urgencia la restricción para que primero las AFJP y luego la Anses no pudieran sumar más del cinco por ciento de los votos en los directorios de las compañías donde tuvieron acciones.

La restricción era más que razonable. Las AFJP pertenecían en muchos casos a poderosos grupos empresariales que podrían haber querido, por ejemplo, comprar a cualquier precio participaciones en compañías competidoras utilizando el dinero de los jubilados. La ley dispuso que cualquiera que fuere la proporción de acciones compradas nunca se podría tener más del cinco por ciento de los votos. Es decir, con el dinero de los actuales y futuros jubilados no se podría aspirar a dirigir compañías. Esa restricción desapareció ahora y el Gobierno logró sentar en los directorios de varias compañías directores por el total de la representación que estaba repartida entre varias AFJP.

La que se resistió fue Techint, y la Presidenta la acusó de no querer repartir los dividendos que le corresponden a la Anses. Es un argumento sorprendente, porque para controlar que las compañías cumplan con las normas el Estado no necesita integrar los directorios.

Pero además, en cuanto el candidato a sentarse en el directorio Axel Kicillof comenzó a argumentar los cambios que quería impulsar en Techint, quedó claro que la intención no era aumentar las ganancias y, en consecuencia, los dividendos, sino reducirlos.

Kicillof y otros voceros del Gobierno dicen querer impulsar un desarrollo industrial, para lo cual quieren hacer bajar los precios de las chapas que produce el grupo. Insólito, porque eso sería abaratar los costos para otras compañías y grupos empresariales, productores de bienes en los que la Anses no es socia. Tampoco habría ninguna garantía de que tales bajas de costos se trasladaran a reducciones de precios que beneficiaran a los consumidores. Simplemente, se traspasarían beneficios a otros sectores empresariales.

La supuesta política industrializadora, que también impulsa las restricciones a las importaciones, resulta también sorprendente. ¿Por qué tendría que ganarse la enemistad hasta de sus mejores socios un país que enfrenta la situación de precios internacionales más favorable de la historia para vender al exterior?

Eso es lo que detectó el último informe económico del Banco Ciudad, que encontró que en los primeros meses de 2011 los precios de lo que la Argentina vende son tan superiores a los de lo que compra que se "quebraron los picos verificados en otros momentos de oro para los precios agrícolas, tales como los alcanzados a comienzos del siglo XX y en 1948 y 1973, durante la primera y tercera presidencia de Juan Domingo Perón".

Pero, además, en las compañías privadas podrían tener algunos otros temores respecto de la capacidad del Estado para administrar compañías, como lo muestran los números oficiales de las empresas estatales.

Sólo en 2010, Aerolíneas Argentinas perdió 6,18 millones de pesos por día. Enarsa le costó al presupuesto nacional 15 millones por día. Si se suma a las deficitarias Río Turbio, la empresa de satélites Arsat, el sistema de medios de Estado incluida Télam, las administradoras ferroviarias y Yacyretá, los subsidios llegaron a 11.856,4 millones de pesos. Casi 32,5 millones por día o 1,35 millones por hora.

La restricción de importaciones incluye hasta el ingreso de medicamentos. Si un médico dice que un paciente debe utilizar un determinado medicamento importado, puede ser ahora objetado por Moreno, que dispone que en su lugar se utilice un producto argentino. Ya no se trata de que los consumidores no puedan elegir una marca de neumáticos importados o tengan vedado adquirir quesos franceses o pastas italianas.

En tanto, una medida curiosa sembró dudas sobre la voluntad de defender el trabajo argentino de la política de importaciones. El Gobierno encontró dumping chino en productos que compiten con los del grupo Techint y decidió no hacer nada.
Jorge Oviedo