Desde su llegada al gobierno en 2003, el kirchnerismo, con prisa y sin pausa, se ha dedicado a desmantelar uno a uno todos los organismos del Estado dedicados al control de la gestión oficial. Tal es el caso de la Defensoría del Pueblo, que lleva dos años con su autoridad vacante.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que juega un papel clave en el impulso de las investigaciones judiciales por casos de corrupción en la administración pública, lleva también más de dos años sin un titular designado de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley.
Otro ejemplo de desmantelamiento es la Oficina Anticorrupción. Organismo que tuvo un papel activo en la denuncia de irregularidades desde su creación hasta 2004, pero con la llegada del kirchnerismo su papel se ha visto opacado, al extremo de prácticamente desaparecer como querellante en los estrados judiciales.
A esto debe sumarse la permanente negativa de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) a suministrarle información a la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano que depende del Congreso de la Nación y que tiene a su cargo la tarea de analizar el funcionamiento de diferentes áreas del gobierno, detectar las posibles irregularidades, aconsejar las medidas necesarias para mejorar su rendimiento e impulsar ante la Justicia la investigación de esas eventuales anomalías. Hace unos días y solo despues de una orden judicial la Sigen entregó todos los informes de 2009 que faltaban remitir a la AGN.
A la negativa de la Sigen a proporcionar el material necesario para que la AGN pueda investigar el kirchnerismo le sumó una serie de trabas destinadas a impedir que el titular del organismo, Leandro Despouy, pueda publicar sus informes si no cuenta con el consentimiento de los auditores oficialistas.
Como corolario vale recalcar que el Poder Ejecutivo mantiene vacantes 152 juzgados, a pesar de que el Consejo de la Magistratura ha enviado las ternas para que elija sus candidatos.
Claudio Brunori
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