La Argentina tiene un Estado que recauda cada vez más, y al mismo tiempo un enorme déficit de inversión pública en infraestructura. Pero tampoco termina de resolver los problemas sociales. Cuestión de decisión
La economía argentina mantiene signos de fuerte recuperación, de la mano, como se viene insistiendo, de un escenario internacional por ahora muy favorable, de Brasil, y de un sector agrícola que ha superado las desgracias climáticas del año pasado.
Lo complejo, sin embargo, es que el largo ciclo de crecimiento iniciado a finales del 2002, sólo interrumpido por la crisis del 2008/09, muestra cuellos de botella importantes en sectores clave, como la energía, y no ha permitido reducir sustancialmente los núcleos duros de pobreza. Y, lo que es peor, el propio Gobierno reconoce que “no hay recursos públicos para atender, simultáneamente, todas las demandas de gasto de la sociedad”.
Dicho de otra manera, pese a un ciclo de crecimiento muy importante, la Argentina presenta serios déficits de oferta en áreas clave, como la infraestructura energética. Y la distribución del ingreso y la mejora de los sectores más pobres de la población no ha sido proporcional, ni mucho menos, al crecimiento observado.
Cabe, entonces, preguntarse por qué.
En el caso de los problemas energéticos, que se han hecho explícitos en estos días de frío, la razón es evidente. Se ha preferido importar energía cara en lugar de alentar la exploración y producción local. Las razones son diversas y confusas. Por un lado, al igual que lo que sucedió en el caso de la carne, se intentó proteger “el bolsillo de los argentinos”, no reconociendo precios rentables, en términos internacionales, a los productores de gas y petróleo, el primer eslabón de la cadena de precios de la energía, mientras que a lo largo del resto de la cadena se usaron subsidios financiados con impuestos, o se redujo drásticamente la rentabilidad empresaria.
Hubo, también, un objetivo no explicitado: obligar, como pasó ya en algunos casos, a “salir” del negocio a operadores internacionales y permitir el ingreso del “capitalismo nacional”. También este esquema facilitó, como se ha denunciado, el particular negocio con Venezuela, “monopolista” de la oferta de combustible importado, para reemplazar el gas faltante, pese a que la oferta local de combustible bien pudo haber reemplazado dichas importaciones a precios menores y calidades mayores, aunque, debe reconocerse, sin el particular financiamiento del amigo bolivariano. Esta interacción de controles de precios, subsidios y falta de renegociación integral de los contratos de servicios públicos obligó, entonces, a incrementar el gasto público, no sólo para subsidiar precios, sino también para realizar las inversiones indispensables para evitar el colapso de la oferta energética. (Aquí también hay un “subproducto” derivado de los típicos sobrecostos de estas inversiones, cuando se realizan de manera poco transparente.)
Y esto me lleva al segundo problema planteado: la pobreza. Como claramente indicó la Presidenta al oponerse al aumento de las jubilaciones mínimas propuesto por la oposición, “no hay plata para todo”. Pero nunca hubo plata para todo. Cada sociedad y cada gobierno fija prioridades y decide a qué destina sus ingresos y en quiénes los gasta.
Gracias al extraordinario crecimiento de estos años y a un sistema impositivo “brutal”, los ingresos públicos se incrementaron también extraordinariamente. Pero el gobierno “progresista” de los K, apoyado por una sociedad “progresista”, decidió gastar esos mayores ingresos en subsidiar precios de los servicios públicos no sólo a los sectores pobres sino también a los medios y altos y, en muchos casos, como el de las garrafas de gas, les negó esa ventaja a los sectores de menores recursos. Decidió reemplazar, insisto, inversión que pudo ser privada, bajo reglas adecuadas, por inversión pública que debió destinarse a aquéllas cuestiones en dónde el sector privado no quiere, no puede o no debe invertir. Decidió “regalarle” una jubilación no sólo a pobres, sino también a grupos de clase media y alta. Y, encima, como, efectivamente, no alcanza para todos, en los últimos años decidió que una parte de los gastos se financien con inflación, es decir, sacándole a los pobres de un bolsillo parte de lo que le pone en el otro.
Todo esto explica por qué, simultáneamente, la Argentina tiene un Estado que recauda cada vez más y, al mismo tiempo, déficit de inversión pública en infraestructura clave. Menor inversión privada de la que podría tener y graves problemas de pobreza y distribución del ingreso.
Mucha alegría y poca felicidad.
Por Enrique Szewach en Perfil.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario